La crisis financiera en Puerto Natales
La crisis financiera en Puerto Natales L a reciente querella presentada por la alcaldesa Ana Mayorga contra funcionarios de la administración anterior de Puerto Natales ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que han dejado al municipio al borde de la quiebra. Según una auditoría de la Contraloría Regional de Magallanes, entre 2022 y 2023 se habrían cometido presuntos delitos como fraude al fisco y administración desleal, generando un perjuicio patrimonial superior a los $13.000 millones. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos sin contrato, contratación de personal sin control horario, uso indebido de fondos destinados a infraestructura educacional y firma de convenios colectivos sin respaldo financiero. Estas acciones no sólo afectan la estabilidad financiera del municipio, sino que también comprometen la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. En este y otros casos en que el patrimonio de una municipalidad se ve tan comprometido, surge el concepto -e imperativo, a la vezde responsabilidad funcionaria.
Esta es un eje central e implica el cumplimiento del deber legal, ético y administrativo de quienes ejercen cargos públicos, para que se administre con probidad los recursos públicos, se cumplan las normas que rigen la función pública y se responda por los actos u omisiones en el ejercicio del cargo. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad y rigor ante estos hechos. La transparencia y la correcta administración de los recursos públicos son pilares esenciales para el desarrollo de cualquier comunidad. Los responsables de estas irregularidades deben rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Además, este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en las municipalidades. Es imperativo que se implementen auditorias periódicas y se establezcan protocolos claros para la contratación de personal y el uso de recursos públicos. Solo así se podrá evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. La ciudadanía de Puerto Natales merece saber la verdad y que se haga justicia. Es responsabilidad de todos velar por el buen uso de los recursos públicos y garantizar que quienes ocupan cargos de confianza actuen con integridad y compromiso con el bienestar común. En este contexto, la acción de la alcaldesa Mayorga debe ser respaldada y seguida de cerca por la comunidad y las autoridades pertinentes. Es momento de dar un paso firme hacia la transparencia y la justicia, para que Puerto Natales pueda superar esta crisis y avanzar hacia un futuro más justo y próspero para todos sus habitantes..