Autor: E. CANDIA, L. CRUZAT Y C. CARVAJAL

PDI comienza diligencias para detectar posible uso fraudulento de licencias por parte de jueces y fiscales
PDI comienza diligencias para detectar posible uso fraudulento de licencias por parte de jueces y fiscales Han transcurrido dos semanas desde que la Contraloría General de la República reveló que 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencias médicas. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para que indague la existencia de posibles delitos, y desde la Fiscalía Nacional se derivó la investigación a la jurisdicción Regional Metropolitana Oriente.
La indagatoria quedó en manos del fiscal Álvaro Pérez, quien está ad portas de dos juicios orales por emisión fraudulenta de licencias: el caso Fonasa y el clan de “Los Quilodrán”, donde se ha condenado en procedimientos abreviados a una treintena de imputados, entre captadores, médicos y compradores. A otros 70 beneficiarios de licencias se les suspendió condicionalmente el procedimiento tras la restitución total o parcial de los montos defraudados. En ese marco, el martes pasado la fiscalía recibió un pendrive con los datos obtenidos por la Contraloría sobre funcionarios de más de 700 instituciones. A diferencia de otras indagatorias por licencias, el gran volumen de implicados hace más complejo abordar el caso. Sin embargo, la Fiscalía Oriente ya instruyó las primeras diligencias, entre ellas pedir a varias instituciones como la PDI, Extranjería y Migración, Contraloría y la Superintendencia de Seguridad Social que levanten información. Con esos antecedentes, los investigadores evaluarán qué equipo policial es el más indicado para seguir con el caso. En paralelo, Extranjería de la PDI recopilará los movimientos de nuevos funcionarios públicos que pudieran estar involucrados. Esta revisión incluye a organismos autónomos como el Ministerio Público, que no podía ser fiscalizado por la Contraloría. La policía civil lo hace a solicitud de la propia Fiscalía Nacional, donde se confirmó que no existen sumarios. Es un primer chequeo de la Contraloría Interna de la institución para investigar a los fiscales del propio organismo.
En tanto, en el Poder Judicial advierten que el NUL universo de 125 mil licencias de los últimos cinco años que deberían ser investigadas podría reducirse con el avance de las diligencias, pues se eliminaría a los jueces y empleados que ya no estén en funciones debido a jubilación, renuncia o remoción. La PDI coteja al personal con varias licencias y eventuales viajes. La recopilación está a cargo del fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro. El fiscal Álvaro Pérez ha asumido en causas vinculadas a licencias médicas fraudulentas.. POR SU PARTE, EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITÓ INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS YA DETECTADOS POR CONTRALORÍA: