Baja valoración de la seguridad social en Chile: Causas, impacto y propuestas
Baja valoración de la seguridad social en Chile: Causas, impacto y propuestas Según la encuesta Descifra de mayo 2025, una mayoría de chilenos desaprueba el sistema de seguridad social: 57% le puso una nota entre 1 y 4 (en una escala de 1 a 7) al sistema, frente a solo un 39% que lo evaluó con nota 5 a 7. Sin embargo, al desagregar por instituciones, algunas entidades específicas reciben mejor evaluación.
Los ciudadanos perciben que las instituciones que más contribuyen a su bienestar son Fonasa (61%), los seguros de salud (52%), las cajas de compensación (48%) y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) (48%). En cambio, solo un 35% menciona a las AFP (fondos de pensiones) o a las isapres como aportes a su bienestar, lo que sugiere que el área previsional (pensiones) es el principal factor tras la baja valoración general del sistema. Causas de la baja confianza: Pensiones insuficientes y legitimidad en entredicho. Expertos y estudios coinciden en que las bajas pensiones que entrega el modelo chileno son el motivo central del descontento ciudadano.
Un estudio de 2024 sobre percepción previsional encontró “un consenso transversal en que el problema crucial son las bajas pensiones que actualmente genera el sistema”. De hecho, prácticamente todos los sectores reconocen la insuficiencia de las jubilaciones como una falla estructural.
Este mismo diagnóstico apareció en la discusión pública de la última década: “La mayoría quiere un sistema de pensiones muy distinto al actual, pero no hay confianza en las instituciones que lo podrían construir”, advierten académicos en referencia a la crisis de legitimidad del esquema de AFP. Las expectativas inicialmente promovidas por el sistema de capitalización individual no se han cumplido, generando una brecha entre lo prometido y la realidad de pensiones bajas. Otro factor que explica la mala evaluación es el déficit de legitimidad y conocimiento del propio sistema. Muchos ciudadanos declaran no entender bien cómo funciona la seguridad social. El 70% se considera solo “medianamente informado” y un 15% “nada informado” sobre estos temas.
En el ámbito previsional, se detecta “desconocimiento [] sobre el Sistema de Pensiones, sus componentes y funcionamiento”, por ejemplo respecto a qué sucede con las utilidades de las inversiones de los multifondos administrados por las AFP. Esta falta de transparencia y comprensión alimenta sospechas. Analistas señalan que cuando no se confía en el sistema, las personas tienden a no participar plenamente de él. “Si hay desconfianza no habrá incentivos para aportar y, por el contrario, habrá interés por retirar los ahorros apenas surja la oportunidad”, observan investigadores al recordar la masiva retirada de fondos previsionales ocurrida desde 2020. En otras palabras, la desconfianza refuerza el círculo vicioso: las personas cotizan menos o sacan sus ahorros anticipadamente, lo que termina reduciendo las pensiones futuras y perpetuando la insatisfacción. Además de las pensiones, la crisis del sistema de salud privado (isapres) y las brechas en atención pública han mermado la percepción de seguridad social. Si bien Fonasa (el seguro público de salud) es bien evaluado, expertos del Centro de Estudios Públicos apuntan que urge modernizar su gestión.
Un equipo transversal convocado por el Senado “destaca la urgente necesidad de reformar Fonasa”, pues su estructura actual “se ve afectada por los ciclos políticos y [] carece de las atribuciones necesarias para operar como una auténtica aseguradora”. Esto evidencia que incluso instituciones valoradas enfrentan limitaciones que podrían erosionar la confianza a largo plazo si no se abordan. En suma, detrás de la baja valoración general subyacen problemas de resultados insuficientes (pensiones bajas), falta de información y falencias institucionales que minan la credibilidad del sistema de seguridad social chileno. Implicancias sociales y políticas de la percepción negativa. La desconfianza ciudadana hacia la seguridad social tiene consecuencias relevantes. En lo social, se ha traducido en malestar y demandas de cambio que marcaron hitos como las protestas de 2019, donde el clamor por “no más AFP” fue emblemático. Persistir con un modelo percibido como injusto puede agudizar la desafección y el sentido de vulnerabilidad, especialmente entre adultos mayores. Psicólogos sociales indican que una pensión baja no solo impacta materialmente, sino también “tiene una dimensión simbólica [] asociada al no. Baja valoración de la seguridad social en Chile: Causas, impacto y propuestas reconocimiento de una vida de trabajo”, lo que afecta la dignidad de los mayores y la cohesión social. En lo político, la baja valoración complica la implementación de reformas. Cualquier cambio requiere un mínimo de confianza pública. Sin ella, los intentos de pacto social enfrentan escepticismo: los ciudadanos dudan de las instituciones (sean públicas o privadas) encargadas de materializar las mejoras.
Como señalan investigadores, es crucial “que el Estado oiga las preferencias ciudadanas y [] informe con claridad sobre las posibilidades reales de mejorar las pensiones, para evitar una nueva sensación de engaño”. Esta recomendación alude a un riesgo político claro: si una reforma no cumple con las expectativas o se percibe opaca, podría profundizar la frustración. La participación ciudadana informada y el diálogo transparente emergen entonces como condiciones necesarias para legitimar cualquier transformación. Paradójicamente, la encuesta Descifra mostró que los chilenos sí reconocen aportes en ciertas instituciones del ecosistema de seguridad social, lo que implica oportunidades a aprovechar. Por ejemplo, un 53% considera que las instituciones privadas han contribuido a mejorar la seguridad social en Chile. Dentro de estas, las mutualidades de empleadores (seguros de accidentes laborales) son destacadas como modelo de colaboración público-privada exitoso.
“El sistema de mutualidades es un claro ejemplo de una alianza público-privada virtuosa y estos números ratifican que esta política [] es valorada por las personas”, señaló Jorge Burgos, presidente de la Asociación de Mutualidades, ante los resultados de Descifra. Este dato sugiere que la ciudadanía no rechaza toda participación privada, sino aquella que no percibe alineada con su bienestar.
En otras palabras, las formas de gestión mixtas o solidarias (como Fonasa, las cajas de compensación o las mutuales) generan menos rechazo al estar asociadas a beneficios tangibles sea acceso a salud, créditos sociales o seguros de cesantía y a un sentido de solidaridad más directo. Lo anterior tiene implicancias para el diseño de políticas: recuperar la confianza no implica partir de cero, sino potenciar lo que la gente ya valora dentro del sistema. Propuestas de mejora: hacia un sistema más solidario y efectivo. Frente a este diagnóstico, expertos, autoridades y académicos convergen en propuestas para fortalecer la seguridad social y revertir la mala percepción. Una primera línea de acción apunta a mejorar las pensiones actuales y futuras. Desde el Gobierno, el Subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, subrayó tras conocer los datos recientes: “La encuesta confirma que las personas necesitan un sistema más claro, más justo y con protección efectiva.
Por eso, esta reforma crea un Seguro Social que permite aumentar las pensiones de hoy, reconoce los años cotizados, compensa a las mujeres por su expectativa de vida y reemplaza los multifondos por fondos generacionales más simples y seguros”. Esta declaración se refiere al proyecto de reforma previsional que tramita el Ejecutivo, el cual busca establecer un componente de seguro social colectivo (financiado con 6% de cotización adicional) para elevar inmediatamente los montos de pensión, junto con un nuevo ente público que compita con las AFP en la administración de fondos. La propuesta también introduce mayor solidaridad de género bonificando las pensiones de mujeres por los años que viven más y simplifica el sistema de inversiones para hacerlo más entendible.
Medidas como estas responden directamente a las causas del desprestigio: apuntan a entregar beneficios más altos y visibles, y a simplificar/eliminar aspectos opacos (por ejemplo, sustituyendo los complejos multifondos por fondos generacionales). En el ámbito de salud, especialistas insisten en no postergar las reformas. Dado que Fonasa es una de las instituciones mejor evaluadas, se propone fortalecer su rol e infraestructura. Una comisión de expertos convocada por el Senado ya en 2020 diagnosticó que Fonasa debe transformarse en un seguro verdaderamente autónomo y eficiente, inmune al vaivén político.
Retomar esas propuestas profesionalizar la gestión de Fonasa, otorgarle facultades para negociar con prestadores, y modernizar los hospitales públicos es clave para aprovechar la confianza existente en el seguro público y absorber de mejor forma a los cientos de miles de afiliados que han migrado desde las isapres en crisis. Al mismo tiempo, se han sugerido mejoras regulatorias al sistema privado de salud (isapres) para garantizar su solvencia y evitar abusos, de modo que el conjunto del sistema de salud entregue mayor seguridad. En resumen, en materia sanitaria las propuestas se centran en universalizar el acceso y robustecer las instituciones públicas, atendiendo al mandato ciudadano de más protección. Otra área de consenso es la educación previsional y la información al usuario. La propia Subsecretaría de Previsión Social ha reconocido que la desinformación agrava la desconfianza, por lo que la nueva reforma incluye el derecho a la educación previsional y planea campañas comunicacionales masivas. Expertos proponen incorporar contenidos de seguridad social en el currículum educacional y desarrollar estrategias de comunicación segmentadas por grupo etario y territorio, para que cada persona conozca mejor sus derechos y beneficios.
El objetivo es empoderar al cotizante: que entienda qué puede esperar del sistema y cómo funcionan sus componentes (pensiones, salud, seguros de cesantía, etc.). Una ciudadanía informada no solo evalúa mejor a las instituciones, sino que hace uso oportuno de los beneficios disponibles, generando un círculo virtuoso de mayor satisfacción. Finalmente, distintos actores coinciden en la necesidad de un nuevo pacto social en seguridad social. Esto implica situar la previsión social dentro de una visión más amplia de protección, recuperando el principio de solidaridad intergeneracional e intra-generacional. Las cajas de compensación, por ejemplo, podrían jugar un rol ampliado articulando beneficios sociales (créditos blandos, programas de capacitación, apoyo al adulto mayor), capitalizando la confianza que gozan en amplios segmentos. Asimismo, se baraja integrar mejor los pilares público y privado: aprovechar la capacidad de gestión del sector privado pero bajo reglas claras y con fines públicos. La valoración positiva de esquemas mixtos sugiere que un modelo colaborativo puede ser camino para aumentar la cobertura y legitimidad. En palabras de un dirigente del sector, se trata de “una alianza virtuosa” entre lo público y lo privado que entregue protección efectiva a la población.
En conclusión, revertir la baja valoración que los chilenos tienen hoy de su sistema de seguridad social requiere abordar las causas de fondo mejorar las pensiones y prestaciones de salud, cerrar brechas de información y probidad y demostrar con hechos concretos que el sistema puede brindar seguridad real en las distintas etapas de la vida. Las propuestas están sobre la mesa: desde reformas estructurales que aumenten la solidaridad y la eficiencia, hasta iniciativas comunicacionales y pedagógicas para reconstruir la confianza.
El desafío ahora es implementar esos cambios con participación ciudadana y voluntad política, de modo que en el futuro cercano los chilenos puedan ponerle una “buena nota” a su sistema de seguridad social, sintiéndolo como un pilar de bienestar y no como una fuente de incertidumbre..