EDITORIAL: Eficiencia del gasto en seguridad
EDITORIAL: Eficiencia del gasto en seguridad U na crónica publicada este lunes por El Mercurio da cuenta de una serie de millonarias adquisiciones en instituciones del ámbito de la seguridad pública o el sistema de justicia, que por distintas razones no han tenido el uso que justifique la inversión.
El informe da cuenta, por ejemplo, de cuatro equipos de inspección de rayos X y dos de ondas milimétricas adquiridos por Gendarmería, por más de 831 millones de pesos, que no se estaban utilizando porque, según el instituto penitenciario, no se había realizado la respectiva capacitación ni se habían tramitado las autorizaciones sanitarias. También, en la Región del Biobío, 35 vehículos comprados por Carabineros no se utilizaron, al menos durante un mes después de su entrega, por facturas impagas. Otro de los casos es el del software Vigía, adquirido por el Ministerio Público en 2019, por más de un millón de dólares, pero queno cumplía con las necesidades de la institución ynunca fue utilizado. El caso derivó incluso en una indagatoria penal por un eventual fraude al fisco. Un informe sobre la Política Nacional contra el Crimen Organizado, de abril de este año, revela otras situaciones similares. En Aduanas, por ejemplo, se adquirió un "espectrómetro de masa", pero no fue utilizado. Y, en la PDI, se compraron dos drones y dos vehículos para servir como puesto de mando para estas aeronaves, pero tampoco se usaron. Ciertamente, algunas adquisiciones en este campo no sólo resultan cuestionables desde la perspectiva de su utilidad sino, también, desde el cuidado de la probidad y la transparencia de los recursos públicos.
Una columna de la Fundación América Transparente, publicada ayer en este diario, da cuenta de la sanción, en la Ley de Presupuesto 2025, de recursos para comprar más de 10 mil unidades del dispositivo «Bola Wrap», por más de 34 mil millones de pesos, sin un proceso de evaluación comparativo y transparente que lo justifique la pertinencia de dicho gasto, por ejemplo, frente a otras opciones. Hay pocas dudas respecto de la utilidad de incorporar tecnología en el combate de la delincuencia. Sin embargo, este gasto debe supeditarse a criterios estrictos de eficacia.
Como ha señalado Paz Ciudadana en su consejo consultivo de enero pasado, dos de los principales problemas históricos de las políticas públicas en seguridad son, justamente, la implementación de políticas sin respaldo de evidencia, y la falta de monitoreo y medición de resultados.
La importancia del gasto en seguridad en el presupuesto total de la nación (que ha oscilado entre el 5,8 y el 7,2% en los últimos diez años, con un promedio de 4.500 millones de dólares anuales, de los cuales cerca de 2 mil millones corresponden a las policías) demanda que dichos recursos sean correctamente utilizados.
Como ha señalado el exsubsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela, resulta necesario que una unidad técnica, ajena a cada servicio o institución, valide la razonabilidad e idoneidad de las decisiones de compra, y posteriormente sea capaz también de monitorear y evaluar aquellos procesos.
La existencia del Ministerio de Seguridad ofrece una instancia adecuada para desarrollar dichas competencias, aunque para ello, por cierto, se requiere dotarlo con las capacidades técnicas y humanas adecuadas. "La importancia del gasto en seguridad en el presupuesto total de la nación demanda que dichos recursos sean correctamente utilizados". Eficiencia del gasto en seguridad.
