Autor: O. RODRÍGUEZ y D. INOSTROZA

Diferencias en la concepción de las potestades discrecionales de Presidente marcan debate por indultos
En votación dividida, la magistratura rechazó requerimientos de senadores de oposición: M Contraloría y otras posibles vías, según abogados Tras la decisión del TC de rechazar los requerimientos por los indultos, cobra relevancia el hecho de si los requirentes podrían insistir en la invalidación de los beneficios por otras vías como, por ejemplo, mediante la Contraloría General de la República, que en enero se abstuvo de pronunciarse al respecto, cuando el tribunal acogió a trámite las presentaciones. O bien, con presentaciones ante los tribunales comunes. Expertos en la materia coinciden en que hay que revisar los argumentos que contenga el fallo del TC.
El exministro de la magistratura y profesor de las universidades de Chile y Finis Terrae, Enrique Navarro, cree que "la Contraloría es poco probable, porque no tiene competencia en asuntos que son de carácter litigioso, o que se han judicializado, y va a decir que acá ya se judicializó el tema”. No obstante, agrega que "sí podría, eventualmente, en una acción ordinaria, de nulidad de derecho público, discutirse en un tribunal civil si el acto administrativo se dictó con sujeción a las normas”. Coincide con ello el académico de Derecho Administrativo de la U.
Católica de Valparaíso Eduardo Cordero, quien agrega que "no se puede descartar una solicitud de dictamen a Contraloría en aquellas materias en que el TC no emitió un pronun= ciamiento”. En tanto, su par de la U.
Diego Portales Javier Couso dice que "las posibilidades se acotan bastante”. Sostiene que “toda la argumentación fue que la ley de indultos (18.050 ) no había sido cumplida, y para poder declarar la constitucionalidad de los decretos, el tribunal ya, en alguna medida, se pronunció también sobre que la ley se cumplió”. El pleno del Tribunal Constitucional convocó a una sesión extraordinaria a las 13:30 horas de ayer, en donde se emitió el pronunciamiento que terminó con el rechazo de los requerimientos. En la imagen, los alegatos.
El pleno del Tribunal Constitucional resolvió ayer rechazar los siete requerimientos presentados por senadores de oposición, en donde se impugnaban los decretos de indultos al exfrentista Jorge Mateluna y seis condenados por hechos cometidos en el marco del estallido. Los beneficios fueron otorgados en diciembre por el Presidente Gabriel Boric.
En el caso de los indultos de Mateluna, Luis Castillo y Jordano Santander, la presidenta del TC, Nancy Yáñez, y los ministros Nelson Pozo, María Pía Silva, Rodrigo Pica y Daniela Marzi conformaron la mayoría que estuvieron por rechazarlos, mientras que los magistrados Miguel Ángel Fernández, Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez, fueron la minoría que acogía las presentaciones.
No obstante, respecto de los indultos de Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana y Brandon Rojas, se produjo un cambio en la mayoría, ya que el ministro Fernández estuvo por rechazar los requerimientos, conformando un resultado de seis votos en contra y dos a favor. La decisión de Fernández fue catalogada como de “absoluta sorpresa”, tanto entre los ministros que rechazaron las presentaciones, como entre los que estaban por acogerlas. Esto, ya quese auguraba un resultado de cinco votos a tres en la magistratura. La decisión del pleno se adoptó en medio de un tenso ambiente, en donde incluso estuvo en riesgo el que se pudiera llegar a un pronunciamiento.
Lo anterior, debido a que el ministro José Ignacio Vásquez no estuvo de acuerdo con el adelantamiento de la sesión en la que abordarían los requerimientos de los senadores, ya que originalmente estaba programada para el jueves 23 de marzo.
Dicha situación se abordó en la sesión de las 09:30 horas de ayer en la magistratura, en donde Vásquez manifestó que la presidenta, Nancy Yáñez, estaba transgrediendo el auto acordado sobre conformación de tablas, por lo que no participaría en los asuntos que no fueran a ser vistos originalmente en la tabla del día martes.
Tras una intensa discusión en la que incluso se llegó a escuchar que el ministro Vásquez se estaba declarando “en huelga”, la timonel del TC convocó a una sesión extraordinaria, que se realizó desde las 13:30 horas.
En cuanto a los argumentos que se pronunciaron en la sala del tribunal, predominaron los puntos de vista que afirmaban que la institución del indulto, si bien es compleja, está presente en todas las constituciones del mundo, y que esta entrega una facultad discrecional, que no tiene parámetros constitucionales ni finalidades específicas.
En la mayoría de los ministros, consideraron que el juicio realizado por el Presidente es de carácter político, y que el TC no podría controlarla sin invadir la facultad que la propia Constitución le entrega al jefe de Estado. Además, se señaló que en los decretos existe una fundamentación de la decisión de indultar, y que no se pueden superponer juicios de mérito sobre el contenido de dichos argumentos.
En paralelo, algunos ministros recordaron que existen limitaciones en el derecho internacional al indulto, pero en casos de condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos, lo que no correspondía a los indultados en diciembre, pues estos habían cometido delitos comunes. En la minoría, en tanto, señalan que se produjo una votación “desarticulada”, a partir de las diferencias en la concepción de las potestades discrecionales.
En este sentido, indicaron que si bien el Presidente tiene una mayor libertad en la toma de decisión, esto no significa que esté exento de fundamentación, y que esta implica un razonamiento que, en estos casos, no habría existido. Tras la decisión del tribunal, distintos actores políticos han señalado que era de esperar, a partir de la actual integración de la instancia. Desde que en marzo de 2022 cesaran en sus funciones cuatro ministros, solo dos de esos cupos han sido designados, mientras que otros dos se encuentran vacantes y que corresponden al Congreso. En abril del año pasado, el Presidente Boric nombró a la actual presidenta Nancy Yáñez y a la ministra Daniela Marzi, lo que, según señalan al interior del tribunal, habría configurado una nueva mayoría. Esto, ya que Yáñez, junto a las ministras Marzi y María Pía Silva, y a Rodrigo Pica y Nelson Pozo, son identificados con sectores de izquierda o centroizquierda. Cinco nombres que coinciden en sus miradas en las resoluciones de varios requerimientos. La minoría, en tanto, está comúnmente integrada por los ministros José Ignacio Vásquez, _ Cristián Letelier y Miguel Angel Fernández, quienes son ligados a una sensibilidad de derecha.
Conocida la determinación del TC, el ministro de Justicia, Luis Cordero, valoró el resultado y señaló que “la votación demuestra que la atribución presidencial se ha ejercido ajustada a la Constitución y a la ley”. Aunque añadió que “la experiencia de este proceso, pero también de los procesos de las tres últimas décadas, probablemente nos obliguen a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad, esencialmente por la presión que cae sobre la decisión de una persona”. Entre los requirentes, en tanto, la senadora UDI Luz Ebensperger expresó que “hay que ver los fundamentos del fallo, y respetarlo no obstante uno no esté de acuerdo con ello, y que al menos jurídicamente, el tema queda resuelto con el fallo del Tribunal Constitucional, al menos uno puede decir que políticamente no se ejerció esta facultad con la prudencia que se requería frente a la grave crisis de inseguridad que vive el país”. El senador de Demócratas Matías Walker, por su parte, agregó que se trata de un “fallo predecible por la conformación del TC”, y sostuvo que “ahora se abre una nueva vía, que es la Contraloría que, aplicando la normativa vigente, se inhibió de conocer el control de legalidad, en tanto la causa fuera radicada en el TC.
Creo que la Contraloría todavía tiene mucho que decir, ya no sobre el control de constitucionalidad, pero sí respecto del control de legalidad”. En RN, el congresista Rodrigo Galilea manifestó: “Respetamos lo que ha dictaminado el TC, pero sabemos que, ante los chilenos, el Presidente Gabriel Boric no actuó bien.
Los indultos si bien son una facultad Presidencial, que no se puede ejercer de cualquier manera, no puede ser arbitraria, tiene que tener elementos de buen juicio que permitan aplicar una regla a otros”. E La decisión se adoptó tras una tensa jornada, en la que incluso pudo posponer el pronunciamiento, debido a diferencias entre los ministros respecto de haberse adelantado de la sesión para adoptar el acuerdo.
Diputados UDI buscarán que Presidente Boric sea citado a comisión investigadora Luego de que el diputado y presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, confirmara el fin de semana las gestiones para la creación de una comisión investigadora sobre la entrega de los indultos por parte del Presidente Boric, congresistas de la UDI adelantaron ayer que buscarán que el Mandatario sea citado a la instancia junto a otras autoridades y exautoridades de Gobierno relacionadas con el caso, como la exministra Marcela Ríos.
Así lo informaron ayer en el Congreso los diputados gremialistas Cristhian Moreira, Juan Antonio Coloma y Henry Leal, quienes detallaron que trabajan en una lista de personas a citar, entre los que está también el director de Gendarmería, Sebastián Urra.
Respecto de la citación al Presidente Boric, el diputado Coloma indicó que este "tiene la obligación de transparentarle a todos los chilenos algo que ha venido escondiendo desde fines del año pasado: si tenía conocimiento o no de los prontuarios policiales de estos delincuentes al momento de concederles el indulto”. Mientras que el diputado Moreira añadió que "en ningún caso vamos a discutir la atribución exclusiva que tiene el Presidente de la República”. No obstante esto, sopesó que "sí es absolutamente necesario que aclare cómo se gestó la liberación de estos trece delincuentes, por qué desconoció los informes claves de Gendarmería y si tenía a su disposición —al momento de otorgar los indultos— los antecedentes penales de todas estas personas”. Por su parte, luego de conocer la decisión del Tribunal Constitucional, el diputado Jorge Alessandri (UDI) adelantó que "la comisión investigadora en el Congreso va con toda la celeridad que sea necesaria”. 066 Este proceso probablemente nos obligue a pensar de un modo distinto el ejercicio de esta potestad, por la presión que cae sobre una persona”. LUIS CORDERO MINISTRO DE JUSTICIA 6% Ahora se abre una nueva vía, que es la Contraloría que, aplicando la normativa vigente, se inhibió de conocer el control de legalidad”. MATÍAS WALKER SENADOR DEMÓCRATAS Go ds Hay que ver los fundamentos del fallo, y respetarlo no obstante uno no esté de acuerdo con ello. Al menos jurídicamente, el tema queda resuelto”. LUZ EBENSPERGER SENADORA UDI FALLO El TC cuenta con un plazo de 30 días para emitir el fallo, aunque la decisión sería redactada antes del límite.