Por qué es tan difícil despedir a los funcionarios públicos cuando cometen actos reñidos con la ley
Por qué es tan difícil despedir a los funcionarios públicos cuando cometen actos reñidos con la ley Solo después de diversas etapas, se da curso al sumario administrativo Por qué es tan difícil despedir a los uncionarios públicos cuando cometen actos re actos re actos re actos re actos re actos re Tras el informe de Contraloría, la Fiscalía abrió una investigación por eventual fraude al fisco y uso malicioso de instrumento público. Expertos debaten a partir del vergonzoso caso de los 25.078 empleados del Estado que viajaron fuera de Chile estando con licencia médica. ArieL LARA ArieL LARA empleados públicos está regulada por la ley 18.834 que se conoce como Estatuto Administrativo, que establece deberes y derechos.
Uno de aquellos es que "todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo". Dicha frase se presta para interpretaciones y hace difícil sancionar o remover a un empleado público que no hace bien su pega, o derechamente comete a un acto reñido con la ética o la la ley, como lo hicieron los 25.078 funcionarios que viajaron al extranjero estando con licencia médica. E: Chile la relación entre el Estado y los Razones políticas Para sancionar a un empleado público, éste debe ser sometido a un sumario administrativo.
Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública UDP dice que el "Estatuto Administrativo fue diseñado para garantizar la estabilidad del trabajador ante eventuales decisiones arbitrarias del Estado, para evitar, por ejemplo, que un empleado que entró por concurso público y forma parte de la planta administrativa no sea perseguido por razones políticas.
Es por eso que las razones bajo las cuales se realiza un sumario tienen que estar muy bien fundadas". El Estatuto Administrativo fue promulgado el 15 de septiembre de 1989 por la junta militar, pero ha tenido sucesivas modernizaciones y complementos como en 2024 que se incluyó un anexo sobre acoso laboral, sexual y violencia laboral. El texto plantea esencialmente las siguientes sanciones: "censura, multa, suspensión del empleo desde treinta días a tres meses y destitución". Requisitos Según el estatuto, el sumario tiene muchos pasos y requisitos.
Previamente, si el jefe superior de la institución, ya sea un seremi o director regional, estima que un funcionario cometió un acto "susceptible de ser sancionado con una medida disciplinaria", ordenará a otro funcionario abrir un proceso de "investigación sumaria" donde se deben acreditar los hechos mediante un acta con toma de declaraciones del involucrado, presentación de pruebas y la evacuación de un informe, el que es apelable por el empleado.
Luego, y solo si los hechos investigados "revisten una mayor gravedad". El sumario Recién ahí se inicia el sumario administrativo, propiamente tal, a cargo de un funcionario de mayor rango que el investigado que actuará a modo de fiscal, el que será certificado por otro funcionario con el rol de "actuario" como "ministro de fe". El proceso continúa con toma de presentación de cargos y descargos, declaraciones, presentación de pruebas, informes del fiscal al jefe de servicio, resolución y apelación, con plazos que pueden alcanzar según el estatuto los 90 días, pero que puede exceder con creces ese tiempo si el ñidos con la ley ñidos con la ley ATON funcionario investigado, por ejemplo, presenta recursos en su favor. "Si el trabajador considera perjudicial la medida puede reclamar ante la Contraloría General de la Republica, proceso que puede tomar más de un año hasta que se pongan todos los antecedentes en la mesa y la evidencia termine hablando, porque sería un error procedimentalmente costoso para el Estado si saca a un funcionario sin evidencia contundente, pr eso se vuelve difícil sacar a un funcionario", advierte Espinoza.
Los gremios El académico de Administración Pública de la USS, Hugo Jofré, pone un punto en relación al rol que juegan las asociaciones gremiales. "Las asociaciones de funcionarios tienen mucha influencia en cuanto a medidas de presión para evitar sanciones. Muchas se agrupan en la Asociación de Empleados Fiscales (Anef) en colaboración con la CUT.
Así, llevar a cabo sanciones asociadas a sumarios e investigaciones internas en los servicios públicos es difícil por los costos, no solo para la persona, si se descubre que recurrió a una licencia para un viaje de placer, sino el costo para el directivo que tenga que hacerse cargo de ejecutar decisiones vinculadas al desempeño de los funcionarios, porque arriesga que las asociaciones puedan ejercer medidas de presión para evitar sanciones". ¿Juicio de cuentas? El Estatuto Administrativo establece, independiente del sumario al funcionario, "la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y pena", por lo que se podrían iniciar procesos judiciales contra quienes hayan mal utilizado una licencia.
Es por esto que este jueves la El Estado de Chile estado hechos para desviar se está volviendo ineficiente: citando licencias médicas faldemasiado sas solo para viajar al Caribe? Claro, lo más probable es grande, que nada de esto no sea un demasiado lento y demasiado descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. descuidado. Kenneth Bunker Hasta el último peso or los tiempos que corren, pareciera que P; no existiese ni la voluntad de hacer las cosas bien, ni el respeto hacia la comunidad.
Pues, si no, ¿cómo se explican los famosos casos Fundación ProCultura o Democracia Viva que a todas luces parecen haber fondos estatales o que funcionarios públicos estén solifenómeno reciente, pero al menos hay razones para creer que el problema está empeorando.
Los datos muestran no solo que las fundaciones que dicen ser sin fines de lucro han recibido más recursos públicos que nunca antes en los últimos tres años, sino también que nunca antes, desde 1990, se había contratado a tantas personas de forma indefinida por parte de un gobierno. El Estado de Chile se está volviendo ineficiente: demasiado grande, demasiado lento y demasiado descuidado. El país está creciendo en la dirección equivocada. Lo que se necesita es todo lo contrario: un Estado pequeño, pero eficiente, dedicado a generar las condiciones necesarias para que las personas logren bienestar. Ni contratando indiscriminadamente, ni repartiendo fondos públicos sin control, se conseguirá ese objetivo. Si no se le pone un fin al derroche, el país se encamina directo al barranco.
La ley debiese ser especialmente dura con quienes usan recursos públicos, para fines políticos o personales, partiendo con una cláusula de expulsión inmediata para todo funcionario público que no sea capaz de apegarse a la ley, hacer su trabajo y cuidar hasta el último peso que se le cruce por delante. Fiscalía ordenó abrir una investigación por eventual fraude al fisco y uso malicioso de instrumento público. Otra salida para buscar eventuales responsabilidades son los "juicios de cuentas" contra los empleados ante la Contraloría.
Lilia jerez abogada, exdirectora del trabajo y académica Usach, explica que los juicios de cuentas ante Contraloría son "un mecanismo que busca sancionar a personas que tienen a su cargo bienes o administran recursos públicos", o que después de un sumario se determine que causaron perjuicio al patrimonio Fiscal, "ahí se determina la devolución de los fondos"..