CARTAS: Caso agricultores y Minera Vizcachitas
CARTAS: Caso agricultores y Minera Vizcachitas Carta al Director Caso agricultores y Minera Vizcachitas Sergio Jara Catalán.
Señor Director: Don Miguel Vega, dirigente de la Junta Vigilancia del Río de Putaendo y diversos canales, dio cuenta de su oposición a la Minera Vizcachitas y mencionó el tema del gato andino en los sectores montañosos de Putaendo. En la División Andina el problema era la alimentación y cuidado de los cóndores cordilleranos. Con apoyo de especialistas la empresa solucionó el problema.
Otro tema, es el posible volcamiento de un camión con ácido sulfúrico y contaminación del Embalse de Chacrillas e impacto ambiental por encontrarse una obra respecto a la otra a 30 kilómetros de distancia y mayor altura. Lo delicado de la crítica es que no se sabe el curso total y exacto de la carretera que Vizcachita debe construir para comunicarla con Putaendo, para constatar ese posible riesgo. El tema debe estudiarse, pero omitiendo, por ahora, decir que el ácido sulfúrico va a contaminar el embalse. También se opone porque de hacerse efectiva la concesión minera, se va restringir el agua cordillerana para destinarla a la gestión minera. Ese argumento es obsoleto, porque la realidad actual es que en Chile hay 28 plantas desalinizadoras de agua de mar para consumo humano, para agricultura y para minería.
En consecuencia, que Vizcachitas según lo proyectado, va a usar y reutilizar agua de mar trasladada desde Papudo y esto ocurre simplemente porque algunos agricultores no han estudiado y consultado directamente a la empresa minera y prefieren alarmar a la población.
No fue lo que ocurrió cuando se desarrolló la agricultura en todo el valle de Putaendo y se creó la Junta de Vigilancia del Río de Putaendo; se canalizó todo el riego agrícola directamente a los predios y se construyó el Embalse Chacrillas, y se gestionó y logró el regreso del Banco del Estado en plena Plaza de Putaendo. Existió confianza y buena fe. Se trataba de impulsar la agricultura y así ha sido con buenos resultados. Lo mismo se quiere hacer ahora con la gestión de la minería.
Mi opinión es que estos trabajos son de la Junta de Vigilancia del Río de Putaendo, asesorada por su abogado que debe plantear sus críticas y cuestionamientos pero en diálogo directo con la empresa minera y recién después tener su opción y darla a conocer a las autoridades. Creo que se ha tratado de crear impedimentos legales a una posible concesión minera.
Ahora, si con lo que sabe, desea hacerlo judicialmente la Junta de Vigilancia del Río de Putaendo, tiene total libertad para interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ahí resolver técnica y científicamente.
Cualquiera de las alternativas resguarda sus derechos y permite al resto de la comunidad de Aconcagua tomar sus propias decisiones que involucran trabajo, riqueza e impuestos de gran beneficio para todos los ciudadanos, en particular de Putaendo y San Felipe, porque el patrimonio minero subterráneo es del Estado y no de un agente en particular, por muy respetable que este sea. Sergio Jara Catalán.. - -