“Inexistencia de sistema de evaluación”: Dipres cuestiona plan Calles sin violencia del presidente Boric
“Inexistencia de sistema de evaluación”: Dipres cuestiona plan Calles sin violencia del presidente Boric OLIVER RODRÍGUEZ “La política del Plan Calles sin violencia es concreta y efectiva, va a contemplar recursos destinados fundamentalmente a fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías no solo para prevenir el crimen, sino para sancionarlo eficazmente”. Las anteriores fueron las palabras con las que, en abril de 2023, en medio de alarmantes cifras de homicidios y el asesinato del cabo de Carabineros Daniel Palma, el entonces presidente Gabriel Boric anunciaba uno de los planes que terminaría por transformarse en uno de los ejes de su administración en materia de seguridad, sumándose así a la Política Nacional contra el Crimen Organizado que en diciembre de 2022 presentaba al país.
A inicios de marzo, el Ministerio de Seguridad entregó a “El Mercurio” información relativa al Plan Calles sin violencia, a partir de la cual, expertos consultados advirtieron respecto de la ausencia de indicadores para medir la efectividad de dicha iniciativa, y si tuvo o no influencia en la baja que se ha registrado en los homicidios.
Conclusiones similares a las que llegó la Dirección de Presupuestos (Dipres) mientras era dirigida por Javiera Martínez, del Frente Amplio, en los respectivos informes de análisis, tanto al Plan Calles sin violencia como a la Política Nacional contra el Crimen Organizado, publicados recientemente. n “Limitado diagnóstico y caracterización” Sobre la primera, cuyo objetivo es reducir los índices de homicidios vinculados a criminalidad compleja y que contempló asignaciones de $24 mil y $25 mil millones en 2024 y 2025, la Dipres sostiene que “a pesar de que en teoría se vincula con la Política Nacional contra el Crimen Organizado, existen desafíos importantes en términos de cómo se relacionan en el nivel operativo y el vínculo respecto de a qué eje tributaría el plan”. En esa línea, si bien señala que “el problema público existe y se justifica la intervención del Estado”, dice que “su limitado diagnóstico y caracterización impacta directamente en que el diseño del plan quede circunscrito a un número acotado de causas, sin tampoco clarificar la magnitud de su efecto en el problema”. Y advierte “poca claridad respecto de las definiciones a nivel de objetivos () la estrategia integra cuatro componentes y no tiene definiciones explícitas a nivel de objetivos”. Junto con esto, refiere una ausencia de formalización en documentos oficiales del rol de la Subsecretaría de Seguridad Pública en la articulación de la iniciativa.
“No hay una definición explícita de las tareas que debe llevar a cabo la subsecretaría en el marco del plan para coordinar adecuadamente a las instituciones involucradas, ni tampoco se observan lineamientos para establecer las actividades y procesos que cada una de las instituciones debe realizar”, dice la Dipres.
A nivel de implementación, además, el organismo advierte que hay “presencia de mecanismos de monitoreo e indicadores de resultados en cada una de las instituciones involucradas en la ejecución del componente de Persecución Penal Efectiva y Refuerzo de Patrullajes y Presencia Policial, pero que no se traduce en la existencia de un sistema de evaluación de desempeño y resultados integral, a nivel de programa”. n “Déficits técnicos estructurales” En tanto, respecto de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, la Dipres sostiene que “la evaluación evidencia que el programa es consistente en su alineación estratégica, pero con deficiencias estructur a l e s q u e c o m p r o m e t e n s u efectividad.
Si bien existe coherencia en el propósito general de fortalecer las capacidades institucionales contra el crimen organizado, el programa presenta déficits técnicos estructurales en la constitución de una línea base robusta de capacidades, la ausencia de un diagnóstico actualizado e integral, la falta de metodologías estandarizadas para la identificación de brechas operativas en las instituciones beneficiarias y en la medición de impacto”. No obstante, que “el programa enfrenta riesgos de duplicidad de esfuerzos institucionales y representa una potencial falencia en materia de eficiencia, que obedecen a la falta de interoperabilidad de datos operativos relacionados con la ges“El problema público existe y se justifica la intervención del Estado. Sin embargo, su limitado diagnóstico y caracterización tión y los logros.
Para superar esta barrera es fundamental mejorar la gobernanza multinivel y coordinación interagencial con focalización territorial, fortalecer la transparencia operativa y mejorar la estructura de seguimiento y adaptación de la estrategia del programa”. n Recomendación de desarrollo de indicadores Al igual que en el caso de Calles sin violencia, desde la Dirección de Presupuestos señalan que “se evidencian debilidades en la planificación prospectiva y sostenibilidad técnica.
No se cuenta con parámetros suficientes de un sistema de evaluación que permita monitorear avances efectivos en la reducción del déficit de capacidades humanas y tecnológicas, ni posibles relaciones con el impacto real en la operación contra el crimen organizado”. De ahí que, por ejemplo, una de las recomendaciones incluidas en el informe publicado este año respecto de esta política fuera la de “desarrollar indicadores para el seguimiento técnico de la implementación, incluyendo métricas de calidad y uso de tecnología, capacitación efectiva, satisfacción de los beneficiarios e impacto diferenciado por región, atendiendo a que los delitos y las modalidades delictivas asociadas al crimen organizado no son uniformes”. impacta directamente en que el diseño del plan quede circunscrito a un número acotado de causas, sin tampoco clarificar la magnitud de su efecto en el problema”. EXTRACTO DE INFORME DE LA DIPRES SOBRE PLAN CALLES SIN VIOLENCIA n Cordero apunta a “implementación reciente” y complejidad del problema A las conclusiones respecto de ambas políticas del Estado respondió el exministro de Seguridad Luis Cordero el 9 de marzo, dos días antes de dejar el cargo.
Sobre estas, Cordero valoró el trabajo de la entidad en el análisis, compartiendo las consideraciones sobre la pertinencia de las iniciativas y, al mismo tiempo, sostiene, en el caso de ambas políticas, que “se reconocen las brechas identificadas en materias de diseño, formalización de objetivos, articulación de componentes y sist e m a s d e s e g u i m i e n t o, l a s cuales se enmarcan en los desafíos propios de políticas públicas de implementación recientes y orientadas a abordar fenómenos de alta complejidad”. Y así, añadió que “respecto de las recomendaciones el ministerio manifiesta su disposición a avanzar en su implementación, reconociendo que varias de ellas se encuentran alineadas con procesos de ajuste y fortalecimiento que ya han sido iniciados o se encuentran en desarrollo al interior de la institución (... ) constituyen un insumo relevante para continuar perfeccionando aspectos del diseño, la gobernanza y los mecanismos de seguimiento de los programas”.. Mientras era encabezada por Javiera Martínez, del Frente Amplio, la Dirección de Presupuestos advirtió “déficits estructurales” tanto en diseño como en implementación, aunque reconoció el propósito de las iniciativas en el marco de la crisis de seguridad.
Análisis también incluye la Política Nacional contra el Crimen Organizado En abril de 2023, el entonces presidente Gabriel Boric anunció la creación del Plan Calles sin violencia, tras el alza en homicidios y luego del crimen del carabinero Daniel Palma.