COLUMNAS DE OPINIÓN: Agresiones al personal de salud
COLUMNAS DE OPINIÓN: Agresiones al personal de salud Dra.
Francisca Crispi Presidenta Colegio Médico de Santiago E l aumento sostenido de hechos de violencia en centros de salud no solo pone en riesgo a quienes trabajan en ellos, sino también a toda la población que depende de la red. Hace algunas semanas, el Hospital El Pino se quedó sin gastroenterólogos, luego de que los profesionales renunciaron tras sufrir permanentes y violentos asaltos en los alrededores. En San Miguel, una doctora terminó con fractura nasal y en Puente Alto una funcionaria fue apuñalada. Durante 2024 se registraron más de 10 mil agresiones a trabajadores de la salud en el país. Solo en la RM se reportaron 4.387 incidentes, en su mayoría contra mujeres. Las agresiones verbales siguen siendo las más frecuentes, pero también se reportan violencia física, amenazas, robos y otros delitos. Lejos de ser casos aislados, es un fenómeno estructural que tiende a normalizarse. Con todo, durante los últimos años se han registrado avances. Las mesas de seguridad en los servicios de salud ha permitido reunir a autoridades, sociedad civil, equipos clínicos, municipios, Carabineros y Fiscalía para buscar soluciones conjuntas. Sin embargo, aún falta dotarlas de una metodología más robusta y sistemática, que permita obtener resultados concretos.
Asimismo, las marchas exploratorias implementadas por la Delegación Presidencial en los centros de salud más expuestos han sido experiencias valiosas, así como el convenio entre el Hospital El Pino y la Fiscalía Metropolitana Occidente, que busca agilizar la tramitación de casos judiciales relacionados con agresiones a funcionarios.
Otro anuncio importante fue el Plan de Protección Policial, que priorizaría 126 centros de salud del país, 42 de ellos en la RM, anunciado en noviembre de 2024, y que esperamos conocer los avances en su implementación y resultados. Además, la creación del Registro de Agresiones a Funcionarios de la Salud (RAFDS) desde el Minsal.
El problema es que, si bien se han implementado protocolos de actuación en algunos recintos, todavía no existe una política que garantice su aplicación en toda la red, sin depender de la voluntad de cada establecimiento. La envergadura y profundidad del problema requiere una política de seguridad en salud, con lineamientos y financiamiento exclusivo. No es razonable que los presupuestos ya limitados del sector deban ser usados para instalar cámaras de vigilancia o reforzar accesos. Agresiones al personal de salud. -