Autor: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ITURRIA Profesor Derecho UC
CARTAS: Licencias médicas en el “otro sector”
Señor Director: La fiscalización realizada por la Contraloría para detectar la emisión y uso fraudulento de médicas merece ser destacada positivamente, porque enfrenta una práctica que infringe la ley, que causa grave daño al funcionamiento de las instituciones públicas y que perjudica la calidad y cobertura de los servicios que estas Últimas deben prestar a los ciudadanos, En el sector público se han detectado 25000 personas que salían dlel país mientras estaban con ficencia, lo que hace presumir que muchas otras también obtuvieron licencias sin para no asistir a sus trabajos, trasladándose a otros lugares dentro del país o simplemente quedándose en su casa.
Pero es indispensable abordar el otro 70% del problema, que es la emisión y uso lento de licencias médicas en todas las actividades laborales que están fuera del ámbito de fiscalización de la Contraloría, como las que se desarrollan en actividades tales como las empresas productivas, lla salud, la educación y los servicios.
El problema es que los responsables de administrar cada una de esas empresas, hospitales, escuelas u otras entidades no estatales no tienen la posibilidad de cotejar las licencias recibidas con el registro de salidas fuera del país.
Y cada vez que cuestionan una licencia son objeto de una “funa” por insensibilidad y daño a los derechos laborales, Ellos no pueden hacer lo que ha hecho acertadamente la contralora, pero deben sufrir las consecuencias para el funcionamiento de las entidades bajo su responsabilidad, Y quienes trabajan en esas entidades deben asumir una sobrecarga laboproducto de las ausencias injustificadas, y el encarecimiento de los planes de salucl causado por los Infractores.
Un mínimo de justicia y de respeto por la igualdad ante la ley amerita que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, junto con investigar lo denunciado por la Contraloría, propongan los cambios legales que contemplen las herramientas para que el resto de las actividades del país puedan prevenir y sancionar los mismos fraudes descubiertos en el sactor público.
