Editorial: La trama interminable de Dominga
Editorial: La trama interminable de Dominga a Corte de Apelaciones de Antofagasta, en un fallo unánime, anuló de oficio el procedimiento de cumplimiento incidental que había dictado hace un año el Primer L Tribunal Ambiental, con sede en esa misma ciudad, y que parecía haber dado luz verde, de manera definitiva, al proyecto Dominga, propiedad de Andes Iron.
Los detractores de la iniciativa han celebrado el fallo como una estocada final para el complejo industrial, que considera tanto las faenas mineras como un puerto de embarque en la localidad de La Higuera, en la Región de Coquimbo. Pero la decisión del tribunal de alzada, en rigor, no rechaza el proyecto, ni se pronuncia sobre su viabilidad. Sí establece que el actuar del tribunal ambiental, cuando anuló, a su vez, la decisión del Comité de Ministros de rechazar la iniciativa, en febrero de 2025, se había excedido en sus facultades. El proceso de autorización ambiental, como si de un juego de mesa se tratase, vuelve al estado anterior.
Se trata de un golpe severo en las posibilidades de viabilidad de Dominga, pero de ninguna manera es el último capítulo de esta trama, probablemente la más larga en la historia de la institucionalidad de calificación ambiental: el proyecto, impulsado originalmente por la familia Délano, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2013.
Este loop eterno, que ha involucrado a cuatro administraciones presidenciales, múltiples instituciones -incluyendo a la Corte Suprema y el Tribunal Constitucionaly decenas de resoluciones en uno u otro sentido, ha ido mutando, también, la naturaleza de las alegaciones: las consideraciones ambientales, como el eventual impacto de las faenas portuarias en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, ubicada en las inmediaciones, han sido relegadas a un papel secundario en la discusión institucional, que se ha transformado en un enrevesado ajedrez de competencias legales.
También las aristas políticas han ensombrecido el análisis desapasionado del proyecto: desde la participación, en la sociedad original, de la familia del expresidente Piñera, hasta la contratación, por parte de Andes Iron, del exdiputado Gabriel Silber, socio de dos abogados, Mario Vargas y Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva por el presunto pago de coimas a la exjueza Ángela Vivanco y su pareja.
La compañía ha anunciado que recurrirá de la decisión de la Corte de Antofagasta, aunque no está claro si volverá a reclamar ante el tribunal ambiental -donde puede haber una controversia por los plazos-, ante el mismo tribunal de alzada o ante la Corte Suprema. Lo único evidente es que el horizonte de apelaciones e impugnaciones podría seguir extendiéndose de manera difícil de predecir, horadando de paso la credibilidad y la confianza en las instituciones involucradas.
Por las particulares circunstancias antes mencionadas, sería inexacto e injusto calificar este desarrollo como un paradigma de lo que se ha dado a llamar «permisología». Pero es evidente también que un diseño institucional plagado de competencias enfrentadas o superpuestas, que ha sido incapaz de entregar certeza en 12 años, a los impulsores del proyecto o a quienes se oponen a él, en doce años, requiere de revisión y correcciones perentorias. "Es evidente que un diseño institucional que ha sido incapaz de entregar certeza en 12 años requiere de revisión y correcciones".. "Es evidente que un diseño institucional que ha sido incapaz de entregar certeza en 12 años requiere de revisión y correcciones".