Más de la mitad de los diputados oficialistas llevan al Gobierno ante el TC por "permisología"
Más de la mitad de los diputados oficialistas llevan al Gobierno ante el TC por "permisología" Cuarenta y dos diputados, casi todos del oficialismo, presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) acusando que cinco artículos del proyecto de permisos sectoriales, impulsado por el Gobierno, serían inconstitucionales.
El diputado Daniel Melo (PS), quien encabeza la lista, afirma que los artículos que buscan impugnar "transgreden garantías constitucionales, como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación". Agrega que "nadie está en contra de mejorar le gestión del Estado, pero en este proyecto se modificaron artículos en el sentido contrario". El requerimiento también fue firmado por diputados como Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (FA), Gael Yeomans (FA) y Daniel Manouchehri (PS). El número de firmantes corresponde a casi el 60% de los representantes del oficialismo en la Cámara de Diputados.
Los cuestionamientos oficialistas Juan Ignacio Marín, director de Regulatorio y Medioambiente de HD Group, explica que los diputados buscan impugnar artículos como el que establece "técnicas habilitantes alternativas", como regla general para habilitar proyectos o actividades sin acto administrativo previo, lo que, según indican, implicaría una renuncia del Estado a su deber de protección. Asimismo, estiman que la remisión reglamentaria para definir el contenido y requisitos de avisos y declaraciones juradas que reemplazarían autorizaciones vulneraría el principio de legalidad y debilitaría el control estatal sobre materias sanitarias y ambientales. Por otro lado, creen que se debe impugnar la ampliación de facultades de la Conadi, debido a que no se realizó una consulta previa a los pueblos indígenas. El Tribunal Constitucional aún no declara la admisibilidad del requerimiento de los diputados.
La decisión del TC es relevante, dice Martín Astorga, socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, debido a que el reemplazo de permisos por declaraciones juradas es uno de los pilares fundamentales de la reforma. "El requerimiento busca evitar que el Ejecutivo, mediante un reglamento, determine los casos en los que se pueda utilizar una técnica habilitante alternativa, como el aviso o la declaración jurada (... ) Si el requerimiento fuera aceptado, sentaría un precedente negativo para futuras modificaciones reglamentarias que excluyan determinadas actividades de un permiso específico", señala Astorga. "Los diputados argumentan que el proyecto de ley sería inconstitucional, ya que utilizar como regla general las técnicas habilitantes alternativas, como el aviso y la declaración jurada, en reemplazo de la autorización sectorial, implicarían para el Estado una renuncia al control preventivo de los proyectos en desmedro del medio ambiente", afirma Rodrigo Ropert, senior counsel de Aninat Abogados.
El Tribunal Constitucional tiene diez días desde la recepción del requerimiento para resolver sobre el asunto, plazo que es prorrogable por otros diez días. "Si se declara admisible el recurso, el Presidente de la República puede promulgar la ley, excluyendo la parte impugnada en el TC. Hay otra alternativa también: que el Presidente formule observaciones al proyecto y así lo devuelve al Congreso", indica Marín.
Legisladores cuestionan la constitucionalidad de la iniciativa: Más de la mitad de los diputados oficialistas llevan al Gobierno ante el TC por "permisología" En un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional, los parlamentarios buscan impugnar el reemplazo de permisos por declaraciones juradas. CATALINA MUÑOZ-KAPPES El Tribunal Constitucional tiene un plazo de diez días para resolver sobre el requerimiento de los diputados, que puede ser prorrogado por diez días más. FELIPE BÁEZ.