EDITORIAL: Señales de la justicia
EDITORIAL: Señales de la justicia T ras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa, la Segunda Sala de la Corte Suprema ha confirmado las condenas de 12 años y de cinco años de presidio efectivo en contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación y uso de instrumento público falso y lavado de activos, en el marco de una investigación por apropiación de gastos reservados.
En mayo de 2025, el sucesor de Espinosa en la PDI, Sergio Muñoz, fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada, acusado de entregar información sobre cinco causas judiciales, entre ellas la del propio Espinosa, al abogado Luis Hermosilla.
La decisión de la Suprema se encadena con una serie de procedimientos judiciales en las últimas horas que pueden interpretarse como una señal alentadora de que las instituciones, en este caso los tribunales, tienen la capacidad de cumplir con la responsabilidad de otorgar un tratamiento similar a las personas, sin privilegios corporativos o beneficios derivados del poder.
En este contexto, la misma sala del máximo tribunal aprobó ayer la querella de capítulos en contra de la destituida ministra "Es fundamental garantizar que no habrá personas que queden al margen del alcance de la ley". de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, por las figuras de cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos, debido a sus conversaciones con el penalista Hermosilla.
Paralelamente, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la Fiscalía de Arica ha comenzado la formalización del exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra, a quien se le atribuyen delitos en 15 situaciones relacionadas con diversas causas -la mayoría vinculadas de alguna manera vinculadas con la políticamientras se desempeñaba en el Ministerio Público. Los antecedentes también surgieron a partir de los diálogos con Hermosilla.
En esta misma línea, el caso más notorio corresponde al de la exmagistrada Ángela Vivanco, destituida por sus pares y además por el Senado en juicio político en la llamada "trama bielorrusa". Que los tribunales avancen en el juicio y condena de prominentes integrantes del sistema judicial y la policía, así como de abogados de renombre, debe ser visto como una necesaria reafirmación del principio de igualdad ante la ley. En este sentido, se trata de un paso importante para recomponer las confianzas en un escenario donde los tres poderes del Estado enfrentan un desafío de legitimidad democrática. Según la última Encuesta Bicentenario UC, el 10% de las personas manifiesta mucha o bastante confianza en la justicia. De acuerdo con un estudio de fines de 2023, el 25,4% de los entrevistados expresaba rangos de confianza en la justicia significativamente menores al promedio de los países de la OCDE. Un sondeo de TuInfluyes de 2024 detectó que el 83% de los entrevistados declaraba no sentirse igual ante la ley respecto de otros grupos.
Si bien las múltiples aristas del caso audios no surgieron de la auditoría interna de los tribunales, la obligación del sistema judicial, y del resto de las instituciones, es disponer tanto de los mecanismos de corrección como de la voluntad política de aplicarlos.
Por lo mismo, es fundamental garantizar que no habrá personas que queden al margen del alcance de la justicia; ello es necesario para la reconstrucción de la confianza de la sociedad en la judicatura y el Ministerio Público..