EDITORIAL: Combatir la cultura del fraude
EDITORIAL: Combatir la cultura del fraude L a masividad del fraude con las licencias médicas es indicativa de una cultura que se ha extendido a gran parte del aparato estatal, y que ha normalizado el engaño como manera de obtener beneficios personales.
Si tantos funcionarios (más de 25 mil), con tanta facilidad, pudieron obtener una licencia médica y luego viajar de vacaciones, y aun así seguir percibiendo su sueldo --en el sector público no se descuentan los tres primeros días de la enfermedad--, significa que no solo había un grupo de médicos dispuestos a entregarlas, engañando al sistema, sino que, además, en las jefaturas respectivas no hubo una disposición para cuestionar las licencias: resulta inimaginable que no hubiera habido indicios de lo que estaba ocurriendo, dada la obvia dificultad de mantener oculto un fraude tan masivo ante tantas personas.
Es ese estado de cosas el que permite caracterizar lo ocurrido como una "cultura del fraude". ¿Se puede combatir una cultura así? Un comportamiento como el descrito, que, aun no siendo mayoritario no es cuestionado por el resto del sistema y se permite que continúe, es decir, que forma parte de la manera en que "se hacen las cosas", solo puede combatirse elevando sustancialmente los costos en los que incurren quienes lo ejercen.
Esto requiere de castigos ejemplarizadores, incluyendo la desvinculación del transgresor del aparato estatal sin pago indemnizatorio alguno, y la debida publicidad de cada caso, de manera que la presión de los pares y el reproche que reciban de estos también sirva para disuadir a otros de utilizar el fraude y el engaño en su propio beneficio. El mensaje debe ser claro: ya no habrá impunidad para estas acciones, ni en el plano material ni en el moral. Poco a poco, eso podría ir eliminando esa conducta de las prácticas habituales y generando una nueva cultura donde ellas ya no sean admisibles. Hasta ahora, la desidia o la falta de decisión de muchas de las jefaturas directas aparecían como obstáculos casi insalvables para identificar y perseguir a los responsables.
Sin embargo, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, ha mostrado un poderoso camino: el uso de la información digital, que permite, a bajo costo y con gran rapidez, cruzar las bases de datos de quienes están haciendo uso de una licencia médica, con los datos de todos los funcionarios públicos, y esos, a su vez, con los registros de las salidas del país que mantiene la PDI; además, eso también se puede hacer, como ya lo anunció la Contraloría, con los registros de los pasajeros de los vuelos nacionales, y eventualmente de los buses interprovinciales, para detectar a quienes hayan viajado fuera de la ciudad en la que habitan, a pesar de estar con licencia médica. Adicionalmente, se pueden realizar visitas selectivas a los domicilios respectivos. Pero, junto con mejores mecanismos de control, es necesario revisar también la arquitectura del actual sistema de licencias y modificar aquellos aspectos que abren espacio al fraude o lo incentivan.
En este sentido, parecen atendibles observaciones como las que ha hecho el Instituto Libertad y Desarrollo respecto, por ejemplo, del actual monto del beneficio: mientras en Chile este cubre el 100% de la remuneración, el promedio de la OCDE es del 70%, en la idea de generar un incentivo para la pronta reincorporación a funciones. No menos pertinente resulta evaluar la posibilidad de establecer límites temporales, considerando los casos que han salido a la luz de funcionarios que acumulan años de licencias médicas. Tales cambios debieran considerarse para el conjunto de los trabajadores, tanto del sector público como privado.
Pero el contexto además impone analizar costos y beneficios de una modificación más estructural que ha sido replanteada en estos días: la idea de terminar con la intervención de una diversidad de actores (Fonasa, isapres, Compin, Superintendencia de Seguridad Social, etc. ) y generar en cambio una institucionalidad técnica y autónoma, exclusivamente encargada de administrar y controlar el sistema de licencias, con los incentivos y facultades para perseguir los abusos.
Base para cualquier cambio exitoso, sin embargo, será que este se entienda como una señal clara al cuerpo social en su conjunto de que el fraude constituye una conducta inaceptable, que será pesquisada y castigada ejemplarmente. La persistencia con que ese celo se ejerza es lo que puede conseguir, en el mediano plazo, el cambio de cultura que reduzca radicalmente la frecuencia de estas prácticas repudiables. El sentido final de las eventuales reformas al sistema de licencias médicas debe ser promover un cambio cultural, donde no haya espacio para su uso fraudulento Combatir la cultura del fraude.