CFA estima que reajuste estaría desfinanciado en US$ 822 millones y ve riesgo de más déficit
Varios riesgos fiscales, respecto del informe financiero que acompañó al proyecto de ley de reajuste del sector público advirtió ayer la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Benavides detalló que, según la información aportada por el Ministerio de Hacienda, el costo fiscal de la iniciativa es de US$ 1.668 millones (1,7% del gasto público aprobado). "De este, US$ 876 millones están asociados al reajuste de remuneraciones y subvenciones, representando el 52% del costo total estimado.
Los restantes US$ 793 millones están destinados a financiar beneficios adicionales (48% del costo estimado), tales como bonos y aguinaldos del sector pasivo, cotizaciones Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo. del empleador para Atención Primaria de Salud (APS) e incentivos al retiro, entre otros", señaló.
La presidenta del CFA aseguró que se estima que para financiar el reajuste del sector público de 2026, "se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, US$ 822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente”. Asimismo, dijo que el financiamiento adicional requerido para cubrir esa brecha debería provenir de reasignaciones y/o de un mayor uso de las provisiones.
También ante consultas planteadas por diputados de oposición, la titular del Consejo alertó por un posible mayor déficit fiscal. "Uno de los riesgos que vemos es que si no se identifican adecuadamente estas fuentes de financiamiento, se va a terminar presionando al resto del Presupuesto y, por lo tanto, se puede poner en riesgo el cumplimiento de la meta de balance estructural. Si se finaliza con un mayor déficit, eso va a generar un mayor aumento en el endeudamiento y mayores necesidades de financiamiento”, advirtió.
Benavides, además, enfatizó que "el proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones”. La economista recalcó que la heterogeneidad y cantidad de normas misceláneas de la iniciativa elevan el riesgo de efectos fiscales no previstos o de imprecisiones en su estimación, especialmente, dadas las restricciones de tiempo para su análisis durante la tramitación legislativa.