Modernización del Estado: hay que aprovechar el impulso
Modernización del Estado: hay que aprovechar el impulso --Por JOAQUÍN VIAL R.T. -Profesor Adjunto Instituto de Economía UC.
Investigador Principal ClapesUC ClapesUC ClapesUC Modernización del Estado: hay que aprovechar el impulso a idea de modernizar el funcionamiento del Estado ha estado en la agenda por décadas, y se ha legislado múltiples vecessobre el tema, pero se ven pocos y acotados avances. Para que esto se mueva se requieren pocas y buenas leyes, y mucho impulso en la gestión. Por supuesto, hay temas sobre los que se debe legislar. Uno de los más importantes, es el proyecto sobre "permisología" que ingresó hace poco al Congreso. En este se trata de sistematizar y simplificar los permisos sectoriales, homogeneizando procesos, facilitando la aplicación del silencio administrativo y sentando procedimientos para una mejora continua en esta materia. Es una iniciativa muy valiosa, que ha encontrado buena acogida, y ojalá sea tramitada con rapidez. Sinembargo, este proyecto sólo cubre los permisos sectoriales y la propuesta legislativa paralela para modi! car el sistema de permisos ambientales ha generado bastantes dudas y críticas.
Hay otro aspecto de la modernización del Estado que es muy importante, pero sobre el que nose habla ni se propone legislar: es la actualización del Estatuto Administrativo, ley que regula las relaciones laborales en el sector público y que data de mediados de los 80. Si bien ha sido modificada, no ha cambiado en lo medular, mantiene una rigidez que dificulta la adaptación y el cambio. Desdelos 80, hemos pasado por la revolución digital, la explosión del trabajo remoto, y ahora se viene encima el efecto de la inteligencia artificial. Es casi imposible que estos cambios se puedan incorporar dentro del estrecho marco que regula el trabajo público. Esto va a quedar para otra administración. La experiencia muestra que se pueden lograr progresos combinando cambios legislativos con mejoras en la gestión.
Dos ejemplos en áreas muy diversas, y muy actuales: La seguridad pública encabeza por lejos las preocupaciones de la ciudadanía, y se percibe una sensación de que el temasesalió de las manos y que no hay vuelta atrás.
Todos concuerdan con la urgencia de potenciar el rol (insustituible) del Estado en esta materia, y hay un proyecto de ley en el esta materia, y hay un proyecto de ley en el esta materia, y hay un proyecto de ley en el Congreso sobre reglas para el uso de la fuerza.
Sin embargo, en paralelo, hemos visto grandes operativos, bien planificados y con medios adecuados, que han terminado con dirigentes de grupos violentistas encarcelados, sometidos a juicio y condenados, así comoredadas focalizadas en bandas criminales, sin necesidad de nuevas leyes. A mí, al menos, me da alguna esperanza de que con más voluntad, respaldo político y profesionalismo se puede progresar, al menos respecto del crimen en gran escala o de alto impacto.
Elotro tema tiene que ver justamente con avances en la "permisología" que mencionamos al comienzo: en estos días ha estado en la prensa un proyecto de inversión en energías limpias de una empresa china, paralizado hace meses en su tramitación debido a que Conafno ha resuelto sobre un permiso.
La razón por lo que lo menciono es porque, según se afirma, Conaf tenía un plazo fijado en la ley, que ha sido largamente excedido. ¿Para qué sirve la ley entonces? El sistema de información sobre avance de los permisos sectoriales creado en un gobierno anterior, y potenciado en el proyecto sobre "permisología" mencionado alinicio, es una herramienta clave para la detección de estos problemas, pero no basta. Ayudaría si entre las metas del Programas de Mejoramiento de Gestión de servicios como Conaf estuviera el cumplimiento de los plazos de trámites, lo que incide en el pago de la asignación respectiva. Esto no requiere ley y la Dirección de Presupuestos, que interviene en la fijación de metas, debería impulsar cambios como este. Pero el incumplimiento de la ley no se puede "normalizar". Siel plazo está en una ley, Conaf la estáinfringiendo.
Hay un subsecretario y un ministro de Agricultura que deben exigir su cumplimiento y, si ellos no actúan con prontitud, la Contraloría General de la República (CGR) debe hacerlo, cumpliendo con velar por la legalidad de los actos públicos. La CGR tiene millones de cosasque atender y no puede estarencimade todos los plazos vencidos de trámites públicos. Sin embargo, un acuerdo para que ella pueda acceder a los datos sobre atrasos "ilegales" podría ayudar. En mi experiencia, cuando Contraloría pregunta, los servicios públicos responden..