"La miscelánea no va a destrabar de forma significativa los proyectos de inversión"
"La miscelánea no va a destrabar de forma significativa los proyectos de inversión" C on más de 30 años de experiencia en evaluación ambiental, Gonzalo Asencio --ingeniero civil industrial, máster en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de University College London y fundador de Gisma/Sigea-ha sido testigo directo de la evolución del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile. Exasesor de organismos como Conama y el Ministerio del Medio Ambiente, hoy trabaja con grandes empresas e inversionistas, especialmente en minería, diseñando estrategias de sostenibilidad y cumplimiento normativo. Desde esa vereda, analiza críticamente la ley miscelánea impulsada para destrabar proyectos de inversión, advirtiendo que sus efectos serían acotados si no se corrigen los problemas estructurales del sistema. El proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo introduce una serie de cambios en el sistema de permisos ambientales y sectoriales.
Entre ellos, destaca la reducción del plazo para impugnar autorizaciones, el establecimiento de un máximo de dos adendas en el SEIA, la flexibilización de modificaciones menores en proyectos ya aprobados y cambios en el régimen de concesiones acuícolas. --El proyecto de ley miscelánea busca destrabar la inversión. En términos generales, ¿mueve la aguja? --Es un conjunto de medidas que apuntan a distintos frentes, pero en lo central, particularmente en el SEIA, no creo que altere significativamente la situación. Este es un problema que arrastramos hace más de 30 años y que, lejos de simplificarse, se ha ido complejizando.
Las medidas que se proponen son puntuales, y cuando enfrentas un problema sistémico con soluciones acotadas, el impacto suele ser limitado. --¿ Dónde está el problema de fondo del sistema? --El SEIA tiene un objetivo técnico: viabilizar ambientalmente los proyectos. No es un instrumento para definir si políticamente queremos o no ciertas iniciativas. Sin embargo, se ha ido cargando con decisiones que no le corresponden. Además, se ha vuelto excesivamente detallista, entrando en niveles de ingeniería que no son necesarios.
La evaluación debiera hacerse sobre una base conceptual, entendiendo el proyecto como una "caja negra": qué entra, qué sale y qué impacto genera. --La reducción de plazos y el silencio positivo y reducir las adendas, ¿pueden ayudar? --Pueden parecer positivos, pero tienen riesgos. Si obligas a la autoridad a pronunciarse sin contar con información suficiente, lo más probable es que aumenten los rechazos. Y eso termina siendo peor que la situación actual. Es un buen ejemplo de cómo una medida bien intencionada puede tener efectos contraproducentes. --¿ Hay un problema de capacidad del Estado? --Absolutamente. La dotación y las competencias técnicas son clave. Hay servicios con cargas de trabajo desproporcionadas para el número de profesionales disponibles. Si además reduces plazos sin fortalecer equipos, lo que haces es forzar evaluaciones menos exhaustivas o decisiones defensivas.
El sistema simplemente no da abasto. --¿ Le convence la ley miscelánea en ese contexto o el proyecto de reforma al SEIA que avanza en el congreso puede ayudar más? --Lo que está en el Cogreso entra un poco más en profundidad, pero también aparecen una serie de modificaciones que se insertan en esta misma discusión. La intención de despolitizar el SEIA es, en principio, deseable.
Sin embargo, la forma en que se propone resulta discutible: en la práctica, se reemplaza el Comité de Ministros por decisiones que recaerán en el director de turno del SEIA --ya sea regional o central-y en un comité designado por el Presidente. --¿ O sea despolitizar la evaluación ambiental es dificil? --En ese contexto, es difícil sostener que se elimina la componente política, considerando que estas autoridades, aunque sean seleccionadas mediante mecanismos formales como la Alta Dirección Pública, igualmente responden a determinadas orientaciones políticas. Poner límites Uno de los elementos claves que promete el proyecto de ley del Gobierno es limitar las impugnaciones para los permisos ambientales o RCA. Según el experto, puede ser una buena medida, pero existen otros escenarios donde puede haber conflictividad. "Es cierto que hoy hay un exceso de judicialización y procesos que se extienden por años. En ese sentido, ordenar los tiempos y evitar que las reclamaciones se dilaten indefinidamente puede ser positivo. Pero desmantelar mecanismos sin una solución integral puede abrir nuevos problemas. Hay que encontrar un equilibrio", sostiene. --La falta de límites genera casos como el de Dominga y los loop de reclamaciones --Exactamente. Y no es el único ni será el último. El sistema permite que los conflictos se prolonguen durante años, lo que claramente es un vicio.
Pero la solución no es solo acotar plazos, sino mejorar cómo se toman las decisiones desde el inicio. --¿ Faltan definiciones territoriales más claras? Me explico, que las empresas sepan de antemano si es que pueden construir en un lugar o no, pero con certeza? --Totalmente. Si tuviéramos una planificación territorial robusta, con zonas definidas y capacidades de carga establecidas, la evaluación sería mucho más simple.
Hoy cada proyecto parte prácticamente desde cero, levantando su propia línea base, lo que genera ineficiencias y resultados dispares. --Tal vez hay un riesgo en el destrabar por destrabar, si no se contempla la variable comunitaria. Por ejemplo, un caso relevante puede ser el proyecto de Cenco Malls en Vitacura.
Tal vez no había certeza sobre una línea base comunitaria y luego los stakeholders presionaron para su salida. --Los proyectos se judicializan, se complejizan, no porque reclamen los pajaritos con los arbolitos, es porque hay algún stakeholder que le pone las trabas y eso tiene que ver con gestión comunitaria.
Tenemos una participación ciudadana que fue establecida como instrumento de gestión el siglo pasado también, en los albores del SEIA y sus modifaciones hoy son meramente de alcance, pero no realmente de cómo se involucran las comunidades dentro de los proyectos. --¿ O sea si la comunidad no se siente considerada siempre puede encontrar vías? --Es que esto está en terreno de nadie, no hay reglamentación, entonces si hay una comunidad que es más fuerte, bueno, va a ser que al proyecto le salga más caro o que derechamente no se instale el proyecto, porque también hay que estar en una zona donde tienen una comunidad que es de alta influencia.
Con comunidades que tienen todos los contactos, entonces tienen el poder para detenerlo, y los que no lo tienen, lo tienen que asumir nomás. --En síntesis, ¿la miscelánea destrabará proyectos? --Probablemente el proyecto lo hará de manera significativa. Va a generar discusión y algunos ajustes, pero el problema de fondo seguirá ahí.
Sin abordar lo estructural, cualquier avance será marginal. "La miscelánea no va a destrabar de forma significativa los proyectos de inversión" Advierte que las medidas impulsadas por el Gobierno son "puntuales y superficiales" frente a un problema estructural del sistema de evaluación ambiental, marcado por falta de capacidades técnicas, sobrecarga institucional y ausencia de definiciones territoriales claras. Sergio Sáez Fuentes Gonzalo Asencio, CEO de Sigea y asesor ambiental.