Modificaciones “ilegales y arbitrarias” en cálculos de gratuidad del gobierno anterior costarán $39 mil millones
Modificaciones “ilegales y arbitrarias” en cálculos de gratuidad del gobierno anterior costarán $39 mil millones LITIGIO. -El caso se originó tras un recurso presentado por el Instituto Profesional Santo Tomás por modificaciones en los criterios aplicados a instituciones técnico-profesionales.
La Corte Suprema confirmó en abril un fallo que acogió un recurso de protección presentado en 2024 por el Instituto Profesional Santo Tomás contra la Subsecretaría de Educación Superior --entonces encabezada por Víctor Orellana (FA)--, a raíz de modificaciones introducidas en el cálculo de los aranceles regulados que el Estado pagó por alumno en gratuidad para 2025. La controversia se originó luego de modificar criterios vinculados al tamaño de las instituciones técnico-profesionales, alterando su clasificación y el financiamiento asociado a ello.
La Corte de Apelaciones de Santiago había concluido que la subsecretaría incurrió en una actuación "arbitraria e ilegal", al introducir cambios que no habían sido observados por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) y sin entregar fundamentos técnicos suficientes para justificar las modificaciones.
En el fallo, el tribunal de alzada capitalino ordenó al Ministerio de Educación (Mineduc) corregir las resoluciones impugnadas y restablecer los criterios originales contenidos en la resolución previa de febrero de 2024 (de la subsecretaría). Además, instruyó recalcular los aranceles derivados de esos parámetros.
Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, la resolución obliga a distribuir de manera retroactiva más de $19 mil millones correspondientes a 2025 y sumar cerca de $20 mil millones adicionales en 2026 para las mismas casas de estudio. Así, el impacto total para ambos ejercicios alcanzaría aproximadamente $39 mil millones, recursos que beneficiarían a 10 instituciones de enseñanza terciaria. En la práctica, el fallo revertiría gran parte del ajuste aplicado al presupuesto de gratuidad tras la instrucción de Hacienda de recortar el gasto del Mineduc.
Ello, considerando que el ajuste original ascendió a $46.048 millones: $19.184 millones en universidades y $26.864 millones en institutos profesionales y centros de formación técnica. "Administración anterior no dejó los recursos" De hecho, el Ministerio de Educación plantea que, aunque "los efectos presupuestarios de esta controversia eran previsibles desde la judicialización iniciada en 2024 (... ), la administración anterior no dejó debidamente provisionados los recursos necesarios para enfrentar un eventual resultado adverso en tribunales". Detallan que aunque el monto de $39 mil millones fue identificado como un riesgo fiscal, "no se encontraba cubierto mediante una provisión específica", por lo que una vez se dicte la resolución del "cúmplase", la cartera tendrá que "revisar la ejecución presupuestaria del año, identificar la disponibilidad de recursos y realizar las reasignaciones necesarias para dar cumplimiento al fallo. "Seguir perfeccionando el sistema" Juan Pablo Guzmán, rector nacional del IP-CFT Santo Tomás, señala que "el fallo de la Corte Suprema confirma que el proceso de cálculo de los aranceles adolecía de errores administrativos evidentes y que deben rectificarse, acogiendo los fundamentos del reclamo (... ). Hemos manifestado en todas las instancias correspondientes que la regulación de aranceles es un asunto de alta complejidad e impacto, donde se requiere revisar y corregir tanto el marco normativo como el procedimiento e institucionalidad bajo los cuales se aplica". Juan Eduardo Vargas, rector de la U. Finis Terrae, califica la medida como "una buena noticia" y sostiene que "la fijación de aranceles no puede ser carente de fundamentación y menos contraria a derecho.
Así, se refuerza que el proceso de regulación de aranceles debe apegarse plenamente a la normativa vigente, es decir, no existe opción alguna para que la subsecretaría introduzca modificaciones de forma arbitraria a la metodología de cálculo". Para Lucas Palacios, rector de Inacap, la ratificación "reafirma la necesidad de seguir perfeccionando el sistema de financiamiento de la educación superior.
Contar con criterios claros, técnicamente sólidos y verificables es clave para dar certeza a las instituciones y resguardar trayectorias formativas de calidad". "Costos millonarios para el Estado" Fernanda Valdés, subsecretaria del Educación Superior, sostiene que "si bien la regulación de aranceles es un proceso complejo e imperfecto, el fallo evidencia deficiencias en decisiones metodológicas adoptadas durante el proceso de fijación de aranceles regulados llevado a cabo por la administración anterior". Agrega que "ahora nuestro primer deber es enmendar esta situación para dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema y avanzar en un sistema más transparente, oportuno, técnicamente robusto y con mayores controles y mecanismos de validación, para evitar que errores de esta naturaleza vuelvan a traducirse en costos millonarios para el Estado". Este diario consultó al exsubsecretario Orellana al respecto, pero no estuvo disponible.
Corte Suprema ratificó fallo que ordenó rectificar la metodología de pago por alumno a planteles: Modificaciones "ilegales y arbitrarias" en cálculos de gratuidad del gobierno anterior costarán $39 mil millones MACARENA CERDA Y DIERK GOTSCHLICH Los recursos beneficiarán a 10 instituciones, pago que absorbería gran parte del ahorro obtenido tras el recorte presupuestario aplicado este año a gratuidad.
JOSÉ LUIS RISSETTI `` El fallo evidencia deficiencias en decisiones metodológicas adoptadas durante el proceso de fijación de aranceles regulados llevado a cabo por la administración anterior".. ........................................................... FERNANDA VALDÉS SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR `` Es un asunto de alta complejidad e impacto, donde se requiere revisar y corregir tanto el marco normativo como el procedimiento e institucionalidad bajo los cuales se aplica".. ........................................................... JUAN PABLO GUZMÁN RECTOR NACIONAL IP-CFT SANTO TOMÁS $2,5 billones es el presupuesto para costear la gratuidad en la educación superior este año. 1,5% es el impacto estimado del fallo respecto del total de recursos destinados a gratuidad..