El abogado que detonó el inédito caso de la fiscalía antimonopolios contra la tecnológica Google
El abogado que detonó el inédito caso de la fiscalía antimonopolios contra la tecnológica Google En el requerimiento presentado el jueves por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra del gigante tecnológico Google por prácticas antimonopólicas se menciona que la investigación surgió en octubre de 2022 tras la denuncia de un “particular”, que acusó presuntas infracciones por imponer en el sistema operativo Android de Google restricciones a la libre competencia en los mercados de distribución de aplicaciones y de bienes digitales.
El “particular” que detonó el caso contra la compañía estadounidense, por el que la FNE solicita una multa de US$ 89 millones y una serie de medidas reparatorias, es Cristián Reyes, abogado y profesor en libre competencia de la Universidad Católica y de otras casas de estudios. La cruzada impulsada en contra de la big tech no es la primera que realiza el abogado. Reyes fue funcionario durante 9 años de la FNE, con participación en públicos casos como Farmacias, Isapres, Pollos, Sanitarias y Buses.
Con esta extensa trayectoria, el académico destaca que la denuncia en contra de la tecnológica estadounidense efectuada en el verano de 2022 es la primera que se hizo en América Latina, a la que se sumaron posteriormente otras en México y Brasil, en lo que viene a ser una seguidilla de demandas que la compañía tecnológica ha enfrentado en Estados Unidos y especialmente en Europa, donde acumula multas por más de US$ 9.000 millones en la última década.
Reyes, socio de Aninat Abogados, afirma que el requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se encamina en la dirección correcta, aunque precisa a “El Mercurio” que la demanda es insuficiente al no incluirse el otro actor relevante de este negocio.
“Mi denuncia fue contra Google y Apple y la fiscalía estimó ir contra la primera por el porcentaje de participación de mercado probablemente, pero si yo hubiese sido la fiscalía lo habría realizado en contra de los dos. Un 95% del mercado lo tiene Google y ese 4%, Apple. Juntas hacen el 99%”, indica Reyes.
Recuerda que en el proceso de elaboración de su requerimiento ante la FNE ninguna empresa tecnológica ni menos los desarrolladores de apps se atrevieron a denunciar a ambas compañías por temor a que fueran “cortadas” del ecosistema de las aplicaciones y servicios que estos sistemas operativos ofrecen en los teléfonos móviles. Por ello, destaca la labor de la fiscalía, que logró recopilar información confidencial entre los mismos “temerosos” desarrolladores de apps.
En el requerimiento del especialista se hizo hincapié en que los principales sistemas operativos de los teléfonos móviles son iOS (Apple) y Android (de Google). Se estima que alrededor de un 70% de todos los smart mobile devices en el mundo ocupan Android y un 27% ocupa iOS. Así, ambos actores constituyen cerca del 100% de participación de mercado en Chile.
En ese contexto, la FNE constató que Google goza de un poder de mercado sustancial a nivel nacional, al menos, en los mercados de distribución de aplicaciones, donde posee el 95%; y de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones en el sistema operativo Android, donde su participación supera el 99%. Si bien existe la opción de que uno se abogado y profesor de libre competencia en la Universidad Católica y otras casas de estudios.
LAS MEDIDAS QUE PODRÍA ADOPTAR GOOGLE para poner fin a la demanda Junto con la multa de US$ 89 millones en contra de Google, la Fiscalía Nacional Económica también presentó una serie de medidas a imponer a la big tech estadounidense en Chile, en línea con los patrones que se han aplicado en otras jurisdicciones, para frenar las prácticas antimonopólicas que se denuncian.
Entre las medidas, la FNE pidió al tribunal que exija no condicionar el acceso a productos o servicios de Google, pagos, o participación en ingresos, a la suscripción de acuerdos que impongan la obligación de preinstalar Google Play en una ubicación específica de la interfaz del dispositivo. También se solicita facilitar la distribución de tiendas de aplicaciones de terceros mediante Google Play.
Asimismo, se plantea permitir a los desarrolladores habilitar el uso de sistemas alternativos de facturación dentro de las aplicaciones, sin perjuicio de mantener, en aquellos casos en que lo requieran, el sistema de facturación integrado de Google.
Sobre las medidas planteadas por la FNE, el abogado Cristián Reyes recuerda que, en general, Google y Apple han cambiado sus comportamientos si en determinado mercado se han fijado reglas distintas o tarifas en los países que los han obligado a ajustar.
El experto anticipa que Google podría esperar a ver qué determina la sentencia antes de adoptar alguna de las medidas exigidas por la FNE o “aplicarlas voluntariamente y terminar el juicio antes, a partir de un acuerdo conciliatorio”. Con todo, Reyes estima que “las medidas son las adecuadas (... ) con tal de que efectivamente se logre que los desarrolladores puedan derivar a sus clientes a sus propios sitios web, junto con que otros medios de pago también puedan utilizarse en las app stores y que los cobros sean razonables”. pueda cambiar de sistema operativo, señala el experto, “resulta que la otra alternativa, iOS, también hace lo mismo, comete las mismas (cuestionables) prácticas”. Según la FNE, se verificó que Google ha impuesto restricciones a la distribución de aplicaciones por canales distintos a su propia tienda de aplicaciones, Google Play Store, entre las que se cuentan exigir a los fabricantes de dispositivos móviles la preinstalación de esta tienda en un lugar preferente, como condición para distribuir las aplicaciones de Google; impedir la distribución de tiendas de aplicaciones alternativas en dispositivos móviles Android desde Google Play y entorpecer la descarga vía web de aplicaciones y tiendas de aplicaciones alternativas mediante fricciones innecesarias para ejecutar esta función.
Esto se ha traducido “en que los perjudicados son quienes hacen las aplicaciones, las aplicaciones de juegos, citas, ya que además de su costo, deben sumar el recargo que aplican estos sistemas operativos en la tarifa al cliente final”, explica Reyes.
Debido a estas trabas, algunos desarrolladores de apps se han salido del negocio y otros optan por pagar sobrecostos (vía un menor margen o una mayor tarifa), con escasas posibilidades de que esos clientes sean redirigidos a las páginas web de sus servicios o de tiendas de aplicaciones alternativas. En ese contexto, afirma el especialista, sin duda que estas prácticas restan dinamismo a la innovación en Chile y a los desarrolladores de aplicaciones en el país. “Afecta a las aplicaciones o creaciones de citas, de juegos, medios de comunicación, etc. Sí, claro que afecta”. Menciona que otro de los perjudicados son los medios de pago, ya que “finalmente solo se pueden ocupar los medios de pago y la facturación dispuesta” por estas tecnológicas.
Plazos y pasos que vienen El abogado considera que la multa solicitada por la FNE (US$ 89 millones) en contra de Google es la adecuada, aunque remarca que se trata de un caso inédito en Chile al ser una demanda en contra de una big tech, que “con el tiempo” se puede ir ajustando, a medida que avance el proceso en el TDLC. “Si la multa es suficiente o insuficiente (... ) es más baja que la cobrada en otros países, pero puede estar bien como primer intento”, resalta. Asimismo, no descarta que la misma compañía estadounidense se acerque a la FNE para intentar llegar a un acuerdo antes de que escale hasta las últimas instancias en el TDLC. Hasta ahora, Google ha optado por no profundizar ni comentar la denuncia de la fiscalía económica que se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo.
Ante la consulta de “El Mercurio”, un vocero de Google solo respondió: “No hemos sido debidamente notificados de esta acción, por lo que no haremos comentarios hasta tener todos los antecedentes del caso”. Dada la extensa trayectoria de litigios antimonopolios en los que ha participado, Reyes estima que este tipo de casos en el TDLC se demora entre un año y año y medio en su resolución. Si Google decide apelar a la sentencia del tribunal en la Corte Suprema, los plazos se pueden extender entre seis a ocho meses más, prevé el abogado.
“Por lo tanto, esto puede tomar en su conjunto al menos dos años y en este proceso pueden hacerse parte también otros afectados, desarrolladores, consumidores, medios de pago, y después de tener una sentencia, podría ocurrir también que estos mismos afectados soliciten indemnización frente al mismo Tribunal (de Defensa) de la Libre Competencia”, estima Reyes.
ADIDEC PESE A QUE EL REQUERIMIENTO DE LA FNE EN CONTRA DE GOOGLE ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AYER LA BIG TECH SEÑALÓ ESCUETAMENTE: “NO HEMOS SIDO DEBIDAMENTE NOTIFICADOS DE ESTA ACCIÓN, POR LO QUE NO HAREMOS COMENTARIOS HASTA TENER TODOS LOS ANTECEDENTES DEL CASO”. La cruzada impulsada en contra de la compañía multinacional no es la primera que realiza el abogado. Reyes fue funcionario durante 9 años de la FNE, con participación en públicos casos como Farmacias, Isapres, Pollos, Sanitarias y Buses. CRISTIÁN REYES Y SU DENUNCIA POR LAS PRÁCTICAS DE LA BIG TECH: Daño a desarrolladores chilenos. CRISTIÁN REYES Y SU DENUNCIA POR LAS PRÁCTICAS DE LA BIG TECH: Cristián Reyes Cid