Políticos, al banquillo de los acusados: Los juicios que marcarán este 2026
Políticos, al banquillo de los acusados: Los juicios que marcarán este 2026 n Diputada Catalina Pérez y la causa por el posible desvío de fondos de Democracia Viva Dos años y medio han transcurrido desde que una publicación del medio digital Timeline dio origen al caso Democracia Viva y este 19 de enero se iniciaría la audiencia de preparación de juicio oral. En la acusación ingresada en agosto pasado, la Fiscalía Regional de Antofagasta solicita 10 años de cárcel para la diputada Catalina Pérez (ex-RD) por un eventual fraude al fisco. Ello, porque los investigadores atribuyen a los acusados el uso irregular de fundaciones para el desvío de fondos.
Los hechos comenzaron a investigarse debido a que el exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta Carlos Contreras --quien fue jefe de gabinete de Pérez-permitió tres convenios con la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade --entonces pareja de Pérez--, ello a pesar de que la organización no contaba con la experiencia adecuada y el hecho de que todos fueran militantes de Revolución Democrática (RD), además del reclamo de algunos funcionarios de la seremía, levantaron sospechas de fraude y provocaron la apertura de la investigación. Para Andrade también se piden 10 años, mientras que para Contreras y la exconcejala Paz Fuica se solicitan 15 años, al sumar supuestos ilícitos vinculados a las fundaciones Fusupo, Tomarte y Fibra.
Otro diputado investigado por el caso Convenios es Mauricio Ojeda; sin embargo, su procedimiento de desafuero retrasó el proceso, ya que no pudo ser formalizado junto a los demás imputados; y a pesar de que la Fiscalía Regional de La Araucanía logró unificar la causa el año pasado, el proceso se encuentra trabado por un recurso pendiente en Corte de Apelaciones. La diputada Catalina Pérez (ex-RD) arriesga pena de 10 años. El exsubsecretario Manuel Monsalve fue denunciado por violación y abuso sexual, ocurridos el 22 y 23 de septiembre de 2024.
El fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, ingresó una acusación en su contra hace poco más de una semana, atribuyéndole haber ido al restaurante Ají Seco Místico con una asesora, quien habría quedado "privada de sentido" por la ingesta de alcohol, y luego haberse trasladado hasta el Hotel Panamericano, donde él solía alojarse. Por ello, el Ministerio Público pide 14 años de cárcel para el exsubsecretario.
El caso Monsalve golpeó a La Moneda directamente: no solo porque el exsubsecretario era un hombre de confianza del Gobierno, sino porque cuando se conoció el caso --tras una publicación de La Segunda, de octubre de ese año-el ahora acusado utilizó las dependencias del palacio presidencial para anunciar su renuncia y también asegurar su inocencia. También, porque se reveló posteriormente que la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, y el Presidente de la República, Gabriel Boric, sabían del caso antes de que este fuera divulgado. Así, el mandatario tuvo que declarar en esta causa y, ahora, la fiscalía busca que sea uno de los 89 testigos del juicio.
En específico, la acusación señala que "su declaración recaerá sobre las circunstancias anteriores, posteriores y coetáneas de los delitos investigados, todo lo que vivió, vio, escuchó y tomó conocimiento respecto de los hechos y con ocasión de estos, como también de sus involucrados". Añade que testificará "respecto de participación del acusado en los hechos. Relación profesional con el acusado y sobre el relato recibido por este y otros testigos respecto de los hechos". Luego del ingreso de la acusación, Monsalve sostuvo su "total inocencia". Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior.
Será inminente para varios imputados con pasado político enfrentar un juicio oral este año, lo que sin duda marcará este 2026, pero también pondrá un foco en el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Esto, tras la experiencia del caso SQM, cuyo juicio culminó en octubre de 2025, tras dos años y medio --plazo que podría prolongarse ante una eventual nulidad--, lo que hace que entre expertos observen estos procesos con cierta carga política que implica mayor complejidad, ya sea por las sumas de dinero, la cantidad de imputados y de intervinientes --entre públicos y privados--, por ejemplo. Para Cristián Riego, profesor de la U.
Diego Portales, existe un problema de "exceso de partes", puesto que además de los fiscales existen querellantes como el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, entre otros, y se sumaría la nueva Defensoría de las Víctimas, que comenzará a operar este año.
Ello, considerando solo el sector público, pues también hay querellantes privados. "Todo esto hace que en Chile tengamos una crisis con la duración de los juicios", comenta, y mientras "esto no se resuelva (... ) lo más probable es que estos juicios sean muy demorosos y que haya problemas importantes en su desarrollo", al menos en los casos "más complejos". De igual manera, Mauricio Duce, profesor de la Escuela de Gobierno de la U.
Católica, cree que hubo "un aprendizaje importante del caso SQM para el Poder Judicial, que fue entender que la excesiva demora en la tramitación de los procesos y, particularmente, en el desarrollo de audiencias, como la audiencia de preparación de juicio oral y la audiencia de juicio oral, tiene un impacto muy fuerte en la confianza pública y en la evaluación que la ciudadanía hace del Poder Judicial". En ese sentido, Duce dice que "debe haber un esfuerzo significativo por intentar reducir al máximo el desarrollo de estas audiencias y sus plazos de fijación" y que "esto es perfectamente posible hacer hoy sin reformas legales, sino que con buenas prácticas". Riego, a su vez, pone el énfasis en el comportamiento de los involucrados, porque ve que el problema se relaciona con que "muchas veces los jueces no gestionan bien las audiencias y las partes a veces se comportan de manera destructiva respecto de la propia audiencia y, en consecuencia, tampoco facilitan que las cosas sean más rápidas". Así, la celeridad o demora en los siguientes casos será una de las claves de este 2026. A esas indagatorias, se suma el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Políticos, al banquillo de los acusados: Los juicios que marcarán este 2026 E. CANDIA En las últimas semanas, la fiscalía finalizó la etapa investigativa de los casos Monsalve, Barriga y Oliva, y también a la causa principal por el crimen del disidente del régimen chavista.
Expertos advierten que estos procesos podrían demorar en exceso, considerando la cantidad de intervinientes --entre públicos y privados-y la experiencia en el caso SQM. n Jadue arriesga pena de 18 años por eventual fraude en caso Farmacias Populares Fue en agosto pasado cuando los investigadores ingresaron una acusación contra el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue: pedían 18 años de cárcel. Ello, pese a que su defensa descartara la ocurrencia de eventuales delitos por el uso irregular de recursos municipales para sostener a la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Por un eventual fraude al fisco, el Ministerio Público pide 12 años de cárcel, además del pago de una millonaria multa y una década de inhabilidad absoluta temporal para ejercer cargos públicos. También se le imputan otros delitos y por estos se solicita otro grupo de penas que suman otros seis años.
Consultada la abogada del exalcalde, Yessica Aguilera, de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, explicó que la causa fue reabierta el 8 de octubre, pero ayer se cerró definitivamente (ver nota inferior). n El caso de Ronald Ojeda, secuestro y homicidio en Chile Han pasado casi dos años desde que cinco hombres --que simulaban ser detectives de la PDI-llegaron en un Nissan Versa, azul, hasta la calle El Molino, de Independencia, para secuestrar al exteniente venezolano Ronald Ojeda, disidente del régimen chavista, quien se encontraba como refugiado político en Chile. Tras 10 días, la víctima fue encontrada en la toma Santa Marta de Maipú, sepultada a 1,40 metros y tapada con una capa de concreto.
Un año después del secuestro y asesinato de Ojeda, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público formalizó a parte importante de "Los Piratas de Aragua" y tras presentar la acusación hace unos días, pidió penas que van de los cinco años para "ayudistas" hasta cadena perpetua para los acusados de ser los autores materiales de este y otros crímenes.
La tesis del fiscal regional Héctor Barros, de la zona metropolitana sur y coordinador de este equipo especializado, es que el homicidio fue encargado desde Venezuela. "Creemos que esas motivaciones permanecen y que incluso, es más, se han ido acrecentando con el curso de las diligencias que hemos realizado, y aún faltan los líderes que están en el proceso de extradición y pensamos que, incluso, serán mayores los antecedentes que van a aparecer", explicó tras ingresar la acusación. n Perjuicio al fisco por $100 millones en marco de campaña de Karina Oliva, según fiscalía Son siete años de presidio los que la Fiscalía Metropolitana Sur pide para Karina Oliva (ex-Comunes), quien fue candidata a gobernadora y senadora, por la Región Metropolitana. Se la acusa de un eventual fraude de subvenciones en el marco de su campaña como gobernadora.
Según la causa, ella y su equipo habrían presentado gastos abultados ante el Servicio Electoral (Servel). Sin embargo, los montos, cercanos a los $100 millones, fueron rechazados por el Servel por no estar justificados correctamente y, "por tanto, el pago no se realizó por causas independientes de la voluntad de los coimputados", se lee en el documento. La defensa de Oliva ha refutado estas imputaciones. También enfrentan cargos otros 10 imputados por el mismo delito y arriesgan entre tres y siete años de presidio.
Entre los testigos que la fiscalía espera llevar a juicio, están dos diputadas frenteamplistas, Claudia Mix y Camila Rojas, además de la diputada electa y exalcaldesa de Santiago Irací Hassler. n Barriga y el millonario déficit imputado a su gestión La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga comenzó a ser indagada por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente en 2021, pero hoy la causa está en manos de la zona Oriente, para evitar eventuales conflictos de interés, dado que el municipio actúa como querellante.
El Ministerio Público presentó recientemente una acusación en su contra: pide más de 20 años de cárcel y multas que superan los $3.200 millones, para que se restituya el 10% del desfalco de $32 mil millones, que la fiscalía le atribuye.
En la causa también existen otros siete acusados --entre exfuncionarios bajo su gestión y personas que se suponía debían desempeñarse en la comuna en ese período-para los que se piden penas de cinco años y, en algunos casos, también multas. La audiencia de preparación de juicio oral se fijó para el próximo 26 de enero y la defensa --que ha insistido en rechazar los cargos contra la exedil-pedirá reabrir la causa. Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú que arriesga más de 20 años de cárcel n Piden más de 14 años de cárcel para Monsalve en indagatoria por violación y abuso sexual de asesora.