LA SEMANA POLÍTICA
LA SEMANA POLÍTICA La profunda crisis de confianza, deterioro político e institucional que se extiende a los distintos poderes del Estado --seguramente, la mayor en varias décadas--, cuyos síntomas en estos días son elocuentes, han vuelto a revelar lo extraviado de un relato que con astucia buscó articular el año pasado el gobierno del Presidente Boric, para presentar su administración como aquella que devolvió la normalización al país y estabilizó las bases para el desarrollo. Con cierta arrogancia, algunas autoridades llegaron incluso a levantar el lema de que "Chile está de vuelta", lo que ya en ese momento parecía alejado de la realidad.
En los últimos días, a la inexplicable liberación de un sicario acusado de asesinar por encargo a un comerciante del barrio Meiggs, en medio de otros episodios que dan cuenta de la penetración narco en distintos niveles (ver editorial arriba), y el creciente populismo legislativo de parlamentarios del oficialismo (incluyendo algunas propuestas de la candidata Jeannette Jara), se sumó la salida el viernes del director del SII, luego de que el Presidente de la República le pidiera la renuncia.
Si bien su permanencia en el cargo se hacía difícilmente sostenible --a los errores propios se sumó una campaña decidida en su contra, sobre todo de figuras del oficialismo--, su alejamiento deja un sabor amargo, pues se trata de una figura de impecable trayectoria y reconocida capacidad, cuyos esfuerzos estuvieron enfocados en la modernización del Estado y el combate decidido a la criminalidad organizada.
Las especulaciones de que tras la denuncia en su contra pudieran estar ocultos intereses de funcionarios del Servicio que se vieron afectados con medidas o acciones penales tomadas por Etcheberry --que naturalmente no deseaban que siguiera en el cargo--, agrega una sordidez a este episodio que exige una completa aclaración.
De otro lado, llama nuevamente la atención el distinto estándar que parece tener el Ejecutivo en la evaluación de la responsabilidad de quienes forman parte de su círculo político o de amistad más cercano y quienes cumplen funciones públicas por razones estrictamente profesionales. La facilidad con que salen estos últimos contrasta con otras situaciones que les afectan a compañeros de Apruebo Dignidad, en que se busca hacer todo lo posible para retenerlos en sus puestos.
De hecho, por ejemplo, la crisis provocada por la denuncia contra el director del SII se ha desarrollado en paralelo al enorme escándalo de la liberación de un sicario, episodio de la máxima gravedad por el que ninguna autoridad se siente o se la hace responsable.
LA SEMANA POLÍTICA Se cae el relato Los últimos episodios han vuelto a revelar lo extraviado de un relato que con astucia buscó articular el año pasado el gobierno del Presidente Boric, para presentar su administración como aquella que devolvió la normalización al país y estabilizó las bases para el desarrollo. Hoy, en demasiados aspectos el comportamiento de diputados y autoridades del Socialismo Democrático resultan indistinguibles de la conducta de comunistas y frenteamplistas. La crisis es sobre todo política Si frente a tamaña crisis por la que atraviesa el país cabría haber esperado madurez y moderación del mundo político, esto ha estado lejos de ocurrir.
En este sentido, lo más preocupante en estas últimas semanas ha sido la actuación de dirigentes y parlamentarios oficialistas, en que unos y otros parecen competir por quién tiene mayor cantidad de conductas que faciliten la desestabilización institucional o apoyen el proyecto de ley más populista.
A la embestida del Frente Amplio en contra del Consejo Fiscal Autónomo, las expresiones descalificatorias e irónicas contra residentes extranjeros en una campaña para impedir o restringir el derecho a voto que les concede la Constitución, se agrega el impulso de propuestas --al margen o derechamente en contra del Ejecutivo y particularmente del ministro de Hacienda, Mario Marcel-que buscan limitar el reajuste de la UF, quitar el tope de años a las indemnizaciones por despido, o el haber recurrido al Tribunal Constitucional impugnando normas del proyecto de "permisología" del Gobierno, entre otras.
Las declaraciones de Marcel advirtiendo sus efectos --"no exagero al decir que la eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario", dijo respecto de uno de esos proyectos-dan cuenta del estado al que han llegado las cosas, en que diputados del mismo partido del ministro están dispuestos a poner en riesgo la economía del país por meros fines electorales. Algo parecido ocurrió durante la pandemia con los retiros previsionales, y estos episodios dan cuenta de lo poco y nada que han aprendido. El liderazgo en las propuestas más disruptivas y demagógicas parecen haberlo tomado ahora parlamentarios y dirigentes socialistas. Y es que hoy en demasiados aspectos el comportamiento de diputados y autoridades del Socialismo Democrático resultan indistinguibles de la conducta de comunistas y frenteamplistas. De ahí que esperar que sea precisamente el Socialismo el que logre centrar el programa y un eventual gobierno de Jara sea al menos una apuesta arriesgada.
En el otro lado y de forma inentendible para muchos de los votantes de centro y de derecha, las dos principales candidaturas de la oposición aparecen enfrascadas en una durísima disputa por la hegemonía del sector, que ha ido creciendo en descalificaciones. Los llamados a actuar en unidad y amistad cívica, y tomar los debidos acuerdos estratégicos en las elecciones parlamentarias para maximizar los votos, hasta ahora no han sido escuchados. Una rectificación es urgente.. - - -