Abogados apuntan falta de control estatal sobre policías, advierten mal uso de profesión legal y que los “costos los asume la sociedad”
Abogados apuntan falta de control estatal sobre policías, advierten mal uso de profesión legal y que los “costos los asume la sociedad” Distintas implicancias, o ángulos de análisis, tiene el descubrimiento de conversaciones entre el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, y el abogado Luis Hermosilla.
La fiscalía formalizará al líder de la institución por delitos de violación de secreto, luego de, en el marco del caso Audio, acceder al teléfono del penalista, donde se habrían encontrado antecedentes que dan cuenta de que había traspaso de información reservada sobre algunas investigaciones, entre ellas, la del antecesor de Muñoz, Héctor Espinosa, a quien se le acusa de delitos como malversación de caudales públicos, lavado de dinero y falsificación de instrumento público, donde fue defendido por Hermosilla y que, al menos en el requerimiento presentado en el Tribunal Cosntitucional, sigue siendo representado por un abogado perteneciente a su estudio jurídico.
Por un lado, la situación enciende alarmas respecto de la probidad al interior de las instituciones públicas y, en específico, de las policías, pues tanto en Carabineros como en la PDI se han descubierto fraudes económicos durante los últimos años, pero se trataría del primer caso reciente en que una máxima autoridad entrega información reservada a un abogado.
En esta línea, el hecho agrava la situación particular de Hermosilla, además de significar un nuevo golpe al correcto ejercicio de la profesión de abogado, pues se suma a las frases expresadas por el penalista en el audio conocido en noviembre de 2023, donde habla de pagos de sobornos a empleados del Servicio de Impuestos Internos, entre otros delitos.
Lealtad "con exdirector y no con la ley" Consultado por este medio, el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales Cristián Riego, señala que de ser efectivo que era información relativa a la causa de Espinosa, "significaría que al menos la cúpula de la institución cree que su lealtad está con su exdirector y no con la ley, lo cual es muy grave porque eso quiere decir que la institución vería que estas m a l a s p r á c t i c a s, aprovecharse de los fondos fiscales y otras situaciones, son prácticamente derechos de los directores o de los jefes de la institución y, por lo tanto, estarían buscando protegerlo". En esta línea, agrega que el caso pone en relevancia que "el Congreso, el Gobierno, no tienen la fuerza para ejercer un control a través de los respectivos ministerios, o en el caso del Congreso, a través de las investigaciones parlamentarias, ni tampoco tienen ningún incentivo para ejercerlo, porque como estas instituciones corporativas manejan un tema muy delicado como es la seguridad pública, siempre pueden presionar con decir `bueno, si usted me investiga, yo no voy a cumplir con mis tareas de control de seguridad'". Además, Riego advierte un segundo problema, vinculado al ejercicio de la profesión: "Un abogado de los más reputados, de los que más prestigio tiene, de los que más clientes tiene, es un abogado que no tiene escrúpulos, que tiene ya no solo en un caso, sino que aparentemente en dos, muy malas prácticas, que está dispuesto a traficar influencia, a incluso pagar coimas, según dijo en su propio audio". En este sentido, más allá del caso en particular, el académico UDP señala que viene a realzar la necesidad de "establecer un mínimo de regulación y de controles sobre la profesión de abogado, y ojalá conseguir también cambios culturales en esta profesión". Por su parte, la abogada penalista Catherine Lathrop, sostiene que es entendible que por el roce y el ejercicio de la profesión exista contacto entre abogados y autoridades, pero advierte que esto, en caso de existir, "debe ser tratado con un alto estándar ético". "No puede permitirse que existan privilegios de aquella magnitud, cuando el sistema procesal está diseñado justamente para que exista transparencia, yo creo en el sistema y no comparto ese tipo de prácticas, pues en caso de normalizarse, por cierto lesiona bienes sustantivos, como la igualdad ante la ley, el debido proceso y el debido proceso, lo que pone en tela de juicio de manera extremadamente grave todo nuestro sistema judicial", advierte la profesional.
Desproporción entre ilícitos y sanciones profesionales Coincide con lo anterior el abogado especialista en ética profesional Pablo Fuenzalida, quien señala que, de comprobarse las imputaciones, exacerba lo que ya se venía evidenciando en este caso: "La desproporción entre los ilícitos involucrados --gravísimos y atentatorios contra la confianza pública en instituciones tan sensibles en momentos complejos para la seguridad pública--, por un parte, y las sanciones eventualmente aplicables en el plano profesional". Y agrega que "cuando existe un mal uso de ese monopolio legal que es el título de abogado para obtener esta clase de ventajas indebidas, podrán ganar algunos clientes por ignorancia o derechamente falta de escrúpulos, pero el costo lo asume la sociedad". En tanto, el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, evitó comentar el fondo del asunto, pues al tratarse de cuestiones éticas, "son de competencia del Tribunal Ético del Colegio y no cabe que el Consejo emita opinión". Y apunta que "en todo caso, tampoco cabe opinar respecto de investigaciones policiales en curso y más aun, si no tenemos información suficiente". En enero de este año, la entidad anunció que la investigación ética en contra de Hermosilla sería "congelada", hasta que la investigación del Ministerio Público en contra del abogado finalice.
Por conversaciones entre director de la PDI y penalista Luis Hermosilla: Abogados apuntan falta de control estatal sobre policías, advierten mal uso de profesión legal y que los "costos los asume la sociedad" Especialistas advierten dimensiones institucionales y del ejercicio de la abogacía en el caso, y que este lesionaría igualdad ante la ley, además del debido proceso, mientras que desde el colegio gremial aseguran que es un tema en manos del Tribunal Ético. OLIVER RODRÍGUEZ G. Pablo Fuenzalida, abogado especialista en ética profesional. FELIPE BAEZ Cristián Riego, abogado y académico de Derecho Penal UDP. CRISTIAN SOTO QUIROZ Catherine Lathrop, abogada penalista. SERGIO ALFONSO LOPEZ Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados. SERGIO ALFONSO LOPEZ INFORMACIÓN Según antecedentes de la investigación, Muñoz habría entregado detalles de pericias en contra de su antecesor, Héctor Espinosa..