EL JUICIO A LA CÁRCEL
EL JUICIO A LA CÁRCEL Fernando Guzmán Fuenzalida sostiene una pelota de béisbol que hace rodar por su escritorio, como si la estuviera amasando, mientras habla. El juez del Primer Juzgado de Garantía de la capital se encuentra en su oficina en el Centro de Justicia, la que mira hacia el penal Santiago 1.
Con 26 años de carrera en el Poder Judicial, afirma que en los últimos quince ha visto cómo desde el exterior de la cárcel se lanzan objetos para los internos. --Antes eran pelotitas de tenis con un poco de droga. Ahora son pelotas de básquetbol, son unas cosas gigantes --afirma. --¿ Está exagerando? --No estoy exagerando.
Guzmán comenta que, tal como se hizo hace casi tres décadas tras la fuga de cuatro frentistas en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad, ha solicitado que se instalen mallas en el cielo de la prisión para frenar estos "pelotazos", pero le suelen argumentar que la concesionaria del recinto es la responsable de hacerlo. --¡ Es impactante, nadie hace nada! El gendarme está al lado mirando, los guardias del Centro de Justicia están al lado mirando, los carabineros que pasan... ¡están todos mirando! --exclama--. Yo me he constituido dos veces y he hecho actas, he hecho la denuncia ante el Ministerio Público, me he reunido con subsecretarios de Justicia; o sea, he hecho lo que se puede.
Los jueces vienen diciendo esto hace mil años, pero no son quienes implementan las políticas públicas... Fernando Guzmán es abogado de la Universidad Diego Portales, máster en Sistema Acusatorio en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y egresado de la International Law Enforcement Academy de Estados Unidos.
Desde hace tiempo viene alertando que la violencia que se está expresando en los delitos en la calle refleja lo que hace años ve en las cárceles, algo que observa cada vez que visita algún centro de reclusión de la Región Metropolitana para revisar sus condiciones.
En marzo pasado, el juez entregó a la Corte de Apelaciones su "Acta de Visita", un reporte sobre el centro de detención preventiva Santiago 1, donde detalla que el hacinamiento es de al menos 25%, que uno de cada cuatro presos es extranjero, que el módulo de alta seguridad cuenta con 72 internos y se debió habilitar otro para los chilenos que no tienen espacio en el anterior.
También habló de torturas entre los internos a base de electricidad, golpes y puñaladas, extorsiones, asesinatos y la venta de armas, droga y alcohol, junto con denunciar la falta de vigilancia nocturna y perimetral por parte de Gendarmería, la existencia de cámaras con puntos ciegos y corrupción.
Más tarde mencionará que todo esto ha operado como un "caldo de cultivo" en la violencia que los chilenos están viviendo ya en su cotidianeidad, porque muchos de los delitos callejeros más crueles se están orquestando desde la prisión. --¿ Ese fenómeno se ha endurecido en este tiempo en las cárceles chilenas? --Al menos en los últimos cinco años percibo que los altos niveles de violencia no han variado al interior de los recintos.
Los factores siguen siendo los mismos: precarias condiciones de habitabilidad, falta de segregación de la población de mayor compromiso delictual, carencia de recursos de Gendarmería, existencia de organizaciones criminales, corrupción interna, todo agravado por el fenómeno social de la anomia, pandemia y flujos migratorios sin control. El juez luego matiza.
Explica que cuando dice que la violencia carcelaria "no ha variado", quiere decir que se mantiene en un nivel "desatado" y añade que en esto tiene mucho que ver la sobrepoblación de los penales, que provoca que la segregación no se esté cumpliendo y personas con problemas de salud mental no son separadas de las sanas y los primerizos son mezclados con delincuentes peligrosos.
Muchos de ellos son extranjeros, sobre quienes se desconocen sus antecedentes penales. --Durante las visitas en la pandemia notamos que se había generado un fenómeno distinto en la gobernanza penitenciaria, como una especie de vacío de poder.
Uno observaba dentro de las cárceles que aquí ya no manda tanto el Estado, sino que directamente grupos --revela--. Eso es una paradoja, porque uno pensaría que en las cárceles es donde más Estado existe, donde todos están encerrados, vigilados, con la libertad absolutamente cercenada. Y resulta que da la impresión de que por este retraimiento, retiro, ausencia del Estado, este espacio ha quedado copado o cooptado por ciertos grupos, donde entonces ellos proveen ciertos servicios.
Guzmán se echa atrás en el sillón de su oficina y profundiza. "A diferencia de lo que uno ve en otros países o en las películas, donde llega un imputado, lo clasifican, lo llevan a un módulo, le entregan ropa de cama, su uniforme, van a una habitación y ahí está su cama, acá eso no pasa. Aquí el imputado entra al módulo y el tipo se encuentra con 150 personas donde las camas se comparten por cuatro y tienen que buscar su espacio.
Y los líderes, que están organizados, mandan a cobrar por cama y ahí empiezan las extorsiones: 30 mil pesos al día, 150 mil a la semana, todo depende de su poder adquisitivo... y si no paga se le aplica electricidad, apuñalamiento... es una cosa tremenda, y le sacan una foto al tipo amarrado, con golpes, se la mandan a la familia y la familia tiene que hacer un depósito a una cuenta determinada". --El dinero hoy además es electrónico. --Electrónico, no hay billete. Y si no pagas, te expulsan, entonces el tipo va de módulo en módulo. --¿ Qué tan extendido está ese fenómeno? --Absolutamente extendido, no es marginal, es la regla general. Los familiares me han traído los registros de las transferencias.
El juez compara lo que ocurre hoy en las cárceles chilenas con lo que hizo el Estado en los 90 ante las barras bravas del fútbol, cuya peligrosidad se ha convertido en un problema para todos los gobiernos. "A diferencia de Europa, en que las sacaron del estadio, acá les levantamos la reja y le dimos un espacio en el recinto.
Fue como decirles: `Hagan lo que quieran, mátense si quieren'. Esto hoy genera violencia en la cancha, en las demás graderías, al ingreso y a las salidas del estadio, y hasta cuentan con un escolta, como si fuera un narcofuneral. Bueno, en la cárcel pasó un poco lo mismo y se ha generado un nivel de organización tal que ya el tema no es solamente intramuros, sino que es extramuros.
Esto ya no es la estafa telefónica, sino que derechamente están operando bandas criminales relevantes desde adentro". --¿ Cómo explica esta ausencia de Estado dentro de las cárceles? --Esa es la pregunta... el fenómeno social de la anomia es un tema. En Chile cambió culturalmente esto del no respeto a las normas y a la autoridad, yo diría que es algo no menor que explota en octubre del año 2019. Segundo, la pandemia significó que las autoridades se retiraran un poco de la vigilancia. Los jueces ya no iban presencialmente a las cárceles, los defensores también dejaron de asistir presencialmente, todo fue virtual. Tercero, la inmigración ilegal. Estoy hablando de la de los pasos no habilitados, de la irregular, donde gente con legítima expectativa de mejores condiciones de vida ingresa junto con bandidos, con organizaciones criminales. Con todo esto en un espacio menos controlado, con elementos foráneos, más violento, mejor organizado, con expectativas de ganancias, bueno, se genera un cultivo perfecto.
Y agrégale otro fenómeno: la tecnología, que con un celular tienes acceso a operar a las cuentas bancarias. --Se acaba de anunciar que ya empezó a funcionar en tres cárceles el sistema de inhibición de señales y que este año se va a llegar al 80% de los penales... --Es un gran avance, por eso uno no puede explicar que durante 20 años no hayamos tomado esta medida. --Se argumentaba que el problema era que inhibían las señales en todo el entorno de las cárceles... --Y qué... ¿era necesario tener la tecnología más moderna del mundo para hacerlo? Se perdió mucho tiempo. Sacarlo es fundamental.
Guzmán hace un alto, toma un pequeño bate de juguete que tiene en su escritorio y afirma que a las cárceles hoy, junto a los smartphones, entran todo tipo de bienes apetecidos por los reclusos. "Hay módulos que en pocos meses pueden incautarse siete kilos de cocaína que se distribuyen internamente... ¡pero imagina la capacidad que tienen para distribuir afuera! ", sostiene. El juez insiste en que lo que ocurre en la cárcel es posible gracias a la connivencia de los gendarmes. "Esto no puede pasar sin corrupción", se lamenta.
Y apenas lo dice, se acerca al escritorio, toma unas hojas y lee en voz alta: "El director subrogante de Gendarmería Chile dice que hay 1.600 bandas criminales en las cárceles, 600 de las cuales estarían activas cometiendo delitos (... ). La Universidad Católica publicó recién un trabajo: 65% de los funcionarios de Gendarmería percibe prácticas de corrupción interna, ¡65%!, y casi el 60% refiere a actividades ilícitas entre los gendarmes e internos (... ). El propio ministro de Justicia ha reconocido alzas significativas de los sumarios disciplinarios internos y expulsiones dentro de la institución.
Se ha informado que en el año 2023 hay 56 funcionarios destituidos por corrupción". Más tarde, por mail, el juez reforzará esta información, indicando que "el repliegue estatal que se observa en zonas de La Araucanía y poblaciones urbanas también se observa en las cárceles.
La ausencia del Estado o la connivencia de sus agentes con las bandas le ha entregado a la población penal amplios espacios para organizarse, imponiendo la gobernanza de facciones criminales que reclutan y dominan a los más débiles, vulnerables y pobres, convirtiendo a los recintos en verdaderos centros de negocios ilícitos.
Se usa fundamentalmente la extorsión bajo apremio de tortura, bajo la promesa de entregar seguridad que el Estado es incapaz de proveer". La semana pasada el ministro de Justicia, Luis Cordero, le solicitó a los fiscales y jueces que antes de solicitar y dictar prisiones preventivas consideren la sobrepoblación carcelaria. Según sus datos, en 24 meses pasaron de 40 mil a cerca de 55 mil internos, en circunstancias que el sistema está diseñado para 42 mil.
Un año antes, el juez Guzmán había dicho que "la cárcel hay que utilizarla para los casos graves y con un objetivo claro y ojalá con un programa de rehabilitación y con las condiciones que permitan rehabilitarse". Hoy asegura que el "populismo punitivo" imperante lo hace aún más difícil, dada la cantidad de personas que se han recluido. ¿Cree que la fiscalía y los jueces en general la están reservando la prisión preventiva para los casos graves? --En términos generales, los fiscales únicamente solicitan prisión preventiva para los delitos graves y en los que existe EL JUICIO A LA CÁRCEL del juez Guzmán El juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán, cotidianamente asiste al penal Santiago 1 y en los reportes de sus "Actas de Visita" viene desde hace tiempo alertando que la violencia que vemos en las calles es consecuencia de lo que está pasando en las cárceles.
En esta entrevista profundiza sus observaciones, denuncia que la ausencia del Estado en los penales ha generado un caldo de cultivo que "está convirtiendo a los recintos en verdaderos centros de negocios ilícitos", y advierte que sigue latente el riesgo de un "estallido carcelario". POR LEO RIQUELME FOTOS SERGIO ALFONSO LÓPEZ "¡ Es impactante, nadie hace nada! El gendarme está al lado mirando, los guardias del Centro de Justicia están al lado mirando, los carabineros que pasan", dice sobre los "pelotazos" con que envían objetos desde el exterior a los presos.. EL JUICIO A LA CÁRCEL riesgo de reiteración que pudiera afectar a la comunidad. Los jueces simplemente aplican la ley para el caso particular. Ha sido el legislador el que ha limitado las facultades de los jueces para rechazar la prisión preventiva y para conceder penas sustitutivas, libertades condicionales y reducir condenas. Por lo demás, no existe un sistema eficiente de control de las medidas cautelares personales menos intensas. Es un mito que se decreta prisión preventiva a un número exorbitante de inocentes o que solo se encarcela pobreza. Los sectores menos privilegiados son precisamente los más afectados por la delincuencia, toda vez que no pueden proveerse por sí mismos de seguridad privada.
Las organizaciones criminales explotan la pobreza. --¿ Le sorprendió el llamado que hizo el ministro, considerando que el discurso en la opinión pública va para otro lado, con pedidos de más personas en prisión? --Es que el ministro es un experto en derecho y tampoco podemos responsabilizarlo de las políticas públicas que no se han hecho en 20 años.
El problema del uso de la cárcel en forma indiscriminada como lo hemos hecho ha sido un pésimo negocio (... ). Si aplicas los mismos remedios con los mismos efectos, ¿qué vas a lograr? El mismo resultado y peor. Y cada vez peor. Por eso hay que tener una mirada completamente distinta. Yo creo que el ministro tiene mucha razón, es que esto tampoco es un esfuerzo solamente de lo público.
Guzmán plantea que el sistema necesita inversión privada para construir más penales, pero también participación empresarial dentro de los recintos capacitando a las personas y generando oportunidades de empleo para cuando los reos egresen, porque, advierte, la política de "neutralización" de los delincuentes mientras cumplen sus castigos ya no está dando resultados. --Si no le dan esas condiciones y no mejoras a esa persona cuando está adentro, lo más probable es que va a salir igual o peor... y lo más seguro que mucho peor --plantea--. Lo que quiero decir es que falta interés de aquellos que están en una situación privilegiada porque finalmente los problemas de seguridad rebotan.
Un país más inseguro genera menos inversión, ¿cierto? Bueno, es un círculo... a veces no se nota demasiado, porque los que tenemos una situación más privilegiada nos aislamos y nos protegemos, pero llega un momento donde empieza a afectar la vida de todos.
Quizás estemos en ese punto hoy día. --¿ En cuál? --En que hoy nadie está tan seguro. --Hace un año usted habló del riesgo de la ocurrencia de un "estallido carcelario", y hace unos meses vimos lo que sucedió en Ecuador. ¿Mantiene esa preocupación? --Pese a la mayor atención última de la autoridad, el riesgo se mantiene latente. La degradación de las condiciones de habitabilidad, el hacinamiento, la incapacidad del Estado de proveer un encierro digno a los presos favorecen su cooptación por las bandas criminales, con el peligro de una rebelión generalizada.
El escenario ha llevado a varios políticos a plantear con insistencia la posibilidad de aplicar en Chile una política carcelaria al estilo del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con la construcción de penales gigantescos y confinamiento intensivo para las pandillas.
Guzmán recuerda que en ese país, "Las Maras" y otros grupos tenían atrapada a su sociedad. --Con todos nuestros problemas, nosotros no hemos llegado a ese punto --afirma--. Pero dicho eso, no sabemos cómo va a resultar esa política, porque no sabemos cómo va a ser ese país en 10,20 años más, cuando esas personas hayan cumplido sus penas. El juez baja la voz, se lleva la mano al mentón y plantea que llevar ideas de ese tipo a la práctica abren un dilema.
Afirma que ese tipo de políticas son propias de países en que no reina el estado de derecho y de regímenes dictatoriales. --Hay gente que dice: "Yo no tengo nada que esconder, véanme el celular, pónganme una cámara en mi dormitorio" --ironiza--. Hay un número importante de la población que no tiene problemas con eso. Yo sí.
Guzmán siente que las votaciones de los últimos años en el país reflejan que para los chilenos hoy lo fundamental es la seguridad e incluso sectores que tradicionalmente respaldaban otros derechos sociales ahora apoyan a candidatos e ideas que propugnan la "mano firme". El juez plantea, en cambio, la necesidad de avanzar en equilibrio en medidas que resguarden a las personas, pero respeten los valores de la democracia liberal. --¿ Cree que este debate brinda una oportunidad para mejorar lo que se ha hecho? --Sin lugar a dudas.
Yo creo que es una oportunidad, pero es una oportunidad también peligrosa, riesgosa, en cuanto da la impresión de que muchos simplemente quieren aplicar el mismo remedio de siempre... pero en definitiva existe una oportunidad, que no es tan fácil porque el piso donde partimos es mucho peor que el que estábamos hace 20 años. "El imputado entra al módulo y se encuentra con 150 personas, donde las camas se comparten por cuatro y tiene que buscar su espacio. Y los líderes mandan a cobrar por cama: 30 mil pesos al día, 150 mil a la semana". "Falta interés de aquellos que están en una situación privilegiada porque finalmente los problemas de seguridad rebotan. Un país más inseguro genera menos inversión, ¿cierto? Bueno, es un círculo", dice. En la foto, en su su oficina en el Centro de Justicia que tiene vista directa al penal Santiago 1. Su reporte de marzo sobre Santiago 1 describe la existencia de torturas entre los internos, extorsiones, asesinatos y la venta de armas, droga y alcohol. Además, denuncia corrupción y la falta de vigilancia nocturna y perimetral por parte de Gendarmería. EL M ER CU RIO.