El incierto paradero de los mil millones de ProCultura: El laberinto financiero y judicial que complica a la Fiscalía
El incierto paradero de los mil millones de ProCultura: El laberinto financiero y judicial que complica a la Fiscalía E 1 rastro del dinero en el caso ProCultura ha vuelto a encender las alarmas en el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano, encabezado por Claudio Orrego.
Según antecedentes que han trascendido en los últimos días, la fundación que lideraba el psiquiatra Alberto Larraín aún no ha restituido aproximadamente $1.000 millones de pesos, correspondientes a fondos públicos que debían ser devueltos tras el término anticipado de sus convenios en 2023.
La interrogante "¿ dónde está el dinero?" resuena con fuerza, ya que la organización se declaró en quiebra poco después de estallar el escándalo, dejando al Estado en una posición de vulnerabilidad para recuperar los activos.
Los recursos en cuestión estaban destinados a programas de prevención del suicidio y salud mental, áreas donde ProCultura se había posicionado como un ejecutor clave antes de que la Fiscalía comenzara a investigar presuntas irregularidades en el traspaso de fondos.
El incumplimiento en la devolución no solo representa un perjuicio patrimonial para el erario público, sino que también ha gatillado acciones legales por parte del GORE para intentar embargar bienes que, hasta la fecha, resultan insuficientes para cubrir la deuda total. Mientras el flanco financiero se complica, el frente judicial ha recibido un golpe inesperado. Un reciente fallo de un juez de garantía ha puesto en tela de juicio la calificación jurídica de los hechos investigados.
En una resolución que la Fiscalía deberá refutar para mantener la causa a flote, el magistrado argumentó que, hasta el momento, no se han presentado antecedentes suficientes que logren configurar con claridad el delito de fraude al fisco o malversación, sugiriendo que las irregularidades podrían limitarse a incumplimientos de carácter administrativo o civil. Este razonamiento judicial establece que para que exista fraude debe acreditarse el engaño y el perjuicio deliberado, algo que, según el juez, la investigación aún no ha logrado amarrar de forma sólida. Esta postura obliga al Ministerio Público a realizar un "giro de timón" urgente.
La fiscalía regional se ve ahora presionada a presentar pruebas periciales de contabilidad y testimonios que demuestren que hubo un concierto previo para desviar los fondos, y no simplemente una gestión deficiente por parte de la fundación.
Un escenario de "todo o nada" para el Ministerio Público La conjunción de estos dos factores -la desaparición de los mil millones y la resistencia del tribunal a validar la tesis del fraudecoloca al caso ProCultura en un punto de inflexión.
Si la Fiscalía no logra revertir los argumentos del juez en las instancias superiores, el caso corre el riesgo de ser sobreseído o de terminar en penas menores que no guarden relación con el volumen de recursos involucrados.
En las próximas semanas, se espera que el Ministerio Público despliegue una serie de diligencias intrusivas para rastrear los flujos de caja de ProCultura y determinar si el dinero fue desviado a otras cuentas o utilizado para fines ajenos a los convenios.
La resolución de este conflicto no ARCHIVO solo determinará el destino de Alberto Larraín y los demás imputados, sino que marcará un precedente sobre la capacidad del Estado para sancionar penalmente las irregularidades en el traspaso de fondos a organismos privados.. · A pesar de los plazos legales, la fundación liderada por Alberto Larraín no ha devuelto al GORE Metropolitano los recursos correspondientes a programas de salud mental tras el quiebre de los convenios. Caso convenios El juez Álvarez planteó en su resolución que era problemático formalizar al cofundador de ProCultura si su contraparte, el gobernador Orrego, no había sido desaforado