El costoso decreto: Mineras se oponen a norma que las obliga a contratar vigilantes armados
El costoso decreto: Mineras se oponen a norma que las obliga a contratar vigilantes armados Bastante ruido ha generado entre las empresas mineras la determinación que recayó sobre más de una decena de faenas que fueron calificadas como estratégicas por el Estado, razón por la cual tendrán que cumplir una serie de condiciones en materia de seguridad.
Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) alertaron de esta situación, que se ampara en el Decreto Ley N 3.607, creado en 1981, pero que dejará de existir una vez que entre en vigencia la reciente Ley de Seguridad Privada aprobada por el Congreso.
Una de las disposiciones que establece el decreto es que obliga a las empresas a contratar guardias privados como trabajadores propios, uniformados y armados, a diferencia de la nueva normativa, que tiene un sistema distinto de resolver y, por ejemplo, permite externalizar el servicio. "Me da la impresión de que aquí se actuó de una manera un poco precipitada y sin ninguna base. Evidentemente que esto tiene un costo que se viene a agregar a todos los otros costos y un montón de otras cosas que se están pidiendo. Esta es una medida que de alguna manera aparece un poco desmedida.
No es que queramos minimizar la situación de seguridad, porque la verdad es que nuestras empresas nos han dado a entender que efectivamente es algo bastante importante, bastante grave, pero pareciera que estamos con soluciones que son más bien propias de otras latitudes", comentó el presidente de Sonami, Jorge Riesco. La declaración de empresa estratégica ha afectado a firmas de la mediana minería, a estatales como Enami, e incluso a varias de las grandes, entre ellas BHP, Antofagasta Minerals o Teck, según trascendió.
Desde el Consejo Minero, que agrupa a las empresas de gran tamaño, calificaron la decisión como una "pésima noticia". "Es una mala noticia porque si los privados tienen que armarse, estamos dando una señal muy mala al sistema.
Además, los robos en esta industria no se producen en los yacimientos mineros, se producen en los traslados, que es donde no hay autorización para tener personal armado", sostuvo el presidente ejecutivo de esa agrupación, Joaquín Villarino. pasa a ser un nuevo impuesto". Según citó Mewes, de acuerdo con información elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, en base a datos del Servicio de Impuestos Internos, las empresas gastan más de US$ 2.200 millones anuales en temas de seguridad.
Decreto vigente Consultado respecto de las exigencias que se establecieron para estas empresas mineras, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, aclaró que, de acuerdo con el actual régimen, para declarar como estratégica a una empresa, se consulta con Carabineros y ellos emiten un informe favorable, el que fundamenta la toma de decisión, que, además, tiene carácter de secreto. "En segundo lugar, en este caso se encontraron vulnerabilidades de seguridad y ausencia de medidas que llevaron a que Carabineros, de oficio, solicitara esto, lo que fue atendido por parte del Ministerio del Interior por ser un riesgo para las personas y para los bienes", sostuvo Vergara.
En cuanto a utilizar el mencionado decreto ad portas de expirar, la autoridad agregó que si bien el 14 de marzo pasado se promulgó la nueva Ley de Seguridad Privada, "para que entren en vigencia esas reglas se tienen que elaborar los reglamentos, lo que presentaremos en tres meses, tal como solicitó el Presidente Boric.
Desde ese momento, deben transcurrir seis meses para derogar el antiguo régimen del Decreto Ley N 3.607 y la Ley N 19.303, por tanto, hasta que eso ocurra, siguen en vigor". Por su parte, el presidente de la comisión de Minería y Energía del Senado, Juan Luis Castro, apoyó el uso del decreto, a la espera de la entrada en vigencia de la nueva ley. "Si no se comprometen las empresas con recursos para la seguridad del Estado, mientras no se tramite el proyecto de infraestructura, o mientras entra en vigencia la Ley de Seguridad, no tiene atribuciones el Estado para interferir con estas entidades que no sea a través del decreto", recordó Castro.
El líder gremial aseguró que "es una medida un poco extrema, no muy bien pensada", apuntando a que se requiere trabajar con una mayor colaboración entre empresas y autoridades. "Las compañías mineras, en líneas generales, no estamos a favor de medidas de este tipo. No creemos que esta sea la solución en el siglo XXI a los problemas de seguridad.
Creemos en la colaboración, sin lugar a dudas, y en la agregación de recursos", añadió Villarino, destacando que en este último aspecto el Gobierno "está haciendo un esfuerzo". Impacto económico En el marco de un seminario organizado esta semana, también se involucró en este debate el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien sostuvo que "es el Estado el que tiene que asegurar a los chilenos, y no ir cargando permanentemente los gastos de las empresas por mejorar la seguridad, porque eso ya realmente El costoso decreto: Mineras se oponen a norma que las obliga a contratar vigilantes armados TOMÁS VERGARA P.
GOBIERNO DEFENDIÓ VIGENCIA DE SU USO, PREVIO A LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA: Se trata de una herramienta creada en 1981, mediante la cual se puede designar a empresas como "estratégicas", exigiendo una serie de medidas de seguridad al interior de las faenas productivas.
La Subsecretaría de Prevención del Delito se comprometió a emitir el reglamento de la nueva ley en tres meses. `` Evidentemente que esto tiene un costo que se viene a agregar a todos los otros costos y un montón de otras cosas que se están pidiendo". JORGE RIESCO Presidente de Sonami `` En este caso se encontraron vulnerabilidades de seguridad y ausencia de medidas que llevaron a que Carabineros, de oficio, solicitara esto". EDUARDO VERGARA Subsecretario de Prevención del Delito `` Las compañías mineras, en líneas generales, no estamos a favor de medidas de este tipo. No creemos que esta sea la solución en el siglo XXI a los problemas de seguridad". JOAQUÍN VILLARINO Presidente ejecutivo del Consejo Minero.