Caso "Estado en quiebra": Experto cuestiona requerimiento de Contraloría y advierte exceso de atribuciones
Caso "Estado en quiebra": Experto cuestiona requerimiento de Contraloría y advierte exceso de atribuciones El requerimiento realizado por la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio Secretaría General de Gobierno, tras una publicación en redes sociales oficiales que aludía a un "Estado en quiebra", instaló un debate sobre el alcance de su rol fiscalizador y los límites en el uso de canales institucionales.
La entidad solicitó antecedentes sobre el uso de recursos públicos, el personal involucrado y los fundamentos de la afirmación, lo que ha generado cuestionamientos desde el ámbito jurídico respecto de si este tipo de acciones se ajustan a sus funciones.
Pedro Anguita, abogado experto en Derecho de la Información y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (Uandes), comenta que, si bien la fiscalización forma parte del trabajo el ente regulador, en este caso se estaría yendo más allá de lo que le corresponde. "Me parece loable la diligencia que ha exhibido la contralora Dorothy Pérez en sus funciones fiscalizadoras.
Sin embargo, excede con creces sus facultades el requerimiento de información al Ministerio Secretaría General de Gobierno sobre los recursos públicos y personal involucrado, fundamento normativo y sustentos fácticos de la afirmación de que el Estado está en quiebra", señala.
Libertad de opinión y límites institucionales El especialista plantea que el punto central no es solo administrativo, sino también constitucional, particularmente en lo que respecta a la libertad de opinión de las autoridades. "Por sobre la ley que regula el órgano contralor y sus dictámenes está la libertad de opinión consagrada en la Constitución Política que tienen tanto los ciudadanos como toda autoridad pública", afirma.
En esa línea, Anguita sostiene que, aunque la afirmación pueda ser discutible en términos políticos o técnicos, no correspondería que sea objeto de control por parte del organismo fiscalizador. "La afirmación contenida en el ejercicio de dicha libertad fundamental, esencialmente subjetiva por lo demás, pudo ser inadecuada políticamente, inexacta desde el derecho y la ciencia económica -los Estados no quiebran-, pero no puede quedar sujeta a la evaluación de la Contraloría General de la República, que carece de las atribuciones para moderar o evaluar el debate político y menos aún exigir evidencia en que se fundan", concluye..