Editorial: Una ley de incendios incompleta
Editorial: Una ley de incendios incompleta uego de que el Ejecutivo le pusiera discusión inmediata, en el contexto de la catástrofe provocada por los incendios forestales en la Región del Biobío registrados L en enero, el Senado aprobó la semana pasada la ley de incendios; el mensaje, ingresado al Congreso en octubre de 2023, tiene un enfoque principalmente preventivo, de planificación y de coordinación de los agentes estatales y de estos con el sector privado.
Debido a que el Senado le hizo cambios al texto despachado por la Cámara de Diputados, es probable que deba constituirse una comisión mixta e incluso reexaminarse con el nuevo Congreso a partir del 11 de marzo.
La votación estuvo precedida por un llamado del Presidente Boric a la Cámara Alta a aprobar el proyecto y por el cruce de opiniones entre la ministra vocera, Camila Vallejo, y la senadora Ximena Rincón, presidenta de la comisión de Hacienda.
La ministra indicó que el Ejecutivo llevaba dos años "tratando de sacar adelante" la ley y que esta "lamentablemente" estaba "parada" en la comisión; a juicio de la vocera, había que preguntar a los parlamentarios y a Rincón porqué la iniciativa no progresaba. La senadora contestó que la comisión sí avanzó en la revisión del proyecto y que el propio Gobierno estableció otras urgencias; Rincón agregó que, además, existían facetas del proyecto que no estaban despejadas.
El cuerpo legal establece un marco regulatorio para la prevención y mitigación de los incendios, creando zonas de interfaz urbano-rural y de amortiguación, que obligan a los propietarios a adoptar cortafuegos y manejar la vegetación; en este sentido, corresponderá al Servicio Nacional Forestal (Sernafor) fiscalizar el cumplimiento y aplicar sanciones pecuniarias. Asimismo, se fijan normas para actualizar el ordenamiento territorial, educar a la población sobre los riesgos y asistir técnicamente a los pequeños productores.
Aunque los legisladores han respaldado la legislación, en la discusión se advirtió que la ley enfrentará problemas de falta de recursos y que no se hace cargos de materias como el combate de los incendios, la persecución penal y la recuperación después del siniestro. El aspecto más controversial de la iniciativa radica en los costos que impondría a propietarios de bosques y a agricultores medianos y pequeños, que deberán incurrir en gastos asociados con las exigencias de la norma. En el curso del debate senatorial, se planteó por parte de la oposición que la ley comporta "rasgos expropiatorios" que requerirían compensaciones o indemnización; de hecho, esta materia podría revaluarse en una eventual comisión mixta.
Ciertamente, la ley de incendios puede contribuir a prevenir y atenuar los impactos de los megaincendios que han comenzado a ocurrir en la última década; no obstante, sería precipitado atribuir a la legislación capacidades que esta no conlleva, lo que confirmaría la propensión de las instituciones y de la política a intentar resolver a través de la vía legal fenómenos más complejos.
La opción jurídica, siendo una dimensión fundamental de la respuesta del Estado y del sector privado, es solo una parte de la estrategia global que se requiere para enfrentar la amenaza del fuego. "Aunque los legisladores han respaldado la legislación, en la discusión se advirtió que la ley enfrentará problemas de falta de recursos".. "Aunque los legisladores han respaldado la legislación, en la discusión se advirtió que la ley enfrentará problemas de falta de recursos".