LA NUEVA ESTRATEGIA DE QUIROZ para hacer frente al (aún más) complejo escenario fiscal
LA NUEVA ESTRATEGIA DE QUIROZ para hacer frente al (aún más) complejo escenario fiscal Fue un dominó. Los ingresos del 2025 estaban sobreestimados; los gastos, subestimados.
Con ambas variables, si la administración Boric apuntaba a un déficit de 1,8% para 2026, finalmente el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la administración Kast arrojó un 2,4% que habría sido 2,9% sin las medidas del nuevo gobierno y un déficit estructural que llegaría a 3,7%. A lo que se sumó dijeron un error en el cálculo de la deuda a 2030: faltaban US$ 10.000 millones para compensar el déficit, lo que sobrepasaría el rango prudencial del 45% del PIB.
En resumen, el primer Informe de Finanzas Públicas de la administración Kast delineó “o sinceró”, como dicen internamente un escenario fiscal aún más crítico del proyectado y, sobre todo, del que inicialmente había usado Hacienda para trazar sus metas y primer plan de ajustes. Ahora, urgía una estrategia adicional.
“No me extrañaría que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) deje de hablar de “estrés fiscal” prolongado y adopte un concepto más severo”, apunta el decano de Economía, Negocios y Gobierno USS y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. El próximo 9 de junio, el Gobierno dará a conocer su decreto fiscal; su hoja de ruta económica y fiscal. “Se verá el plan completo que tiene esta administración”, dice una fuente cercana al Ejecutivo. Lo que incluirá nuevas medidas de ajuste fiscal, contención de gastos, combate al mal uso de beneficios sociales, mayores ingresos, además de medidas para contener las presiones bajo la línea. “Todo eso debería verse materializado en las proyecciones de balance y deuda, es un plan integral”, destacan. Y el ministro Quiroz ya dio las primeras luces. “El 2,4% del 2026 (del IFP) no es el déficit que va a estar en nuestro decreto fiscal”, señaló esta semana.
“Se va a buscar una meta más ambiciosa”. N O T A “El buen uso de los recursos públicos no solo es sobre el Gobierno central, también es ejerciendo el rol de accionista sobre las empresas públicas”, dicen fuentes cercanas al Ejecutivo. Hasta hoy, la cartera sigue trabajando en simulaciones para llegar al dato que se presentará, aunque al interior tienen el convencimiento de que es posible cerrar un poco la brecha.
Según las estimaciones del IFP, al 2030 se alcanzaría un déficit de 1,8%. Algunos insumos son un mayor precio del litio, que en las proyecciones estaba en US$ 13.000 la tonelada, y hoy marca más de US$ 20.000. O el valor del cobre, plasmado en US$ 5 la libra, y ahora sobre los US$ 6. De hecho, ya en el IFP del primer trimestre hay un avance de 43,9% en los ingresos por litio para 2026, frente al IFP del cierre de 2025. Medidas de shock A la fecha, la administración Kast ha generado ahorros por US$ 1.937 millones en 26 de 33 partidas presupuestarias. A lo que suma US$ 51 millones de ajuste en transacciones financieras bajo la línea, lo que da un total de US$ 1.980 millones, equivalentes al 0,5% del PIB. Pero necesita más. Hoy, el Gobierno central requiere recursos adicionales por unos US$ 4.700 millones. Solo compensar la Ley de Reajuste del Sector Público no considerada en el Presupuesto 2026 son US$ 800 millones; además de pagos por sentencias ejecutoriadas que tiene que hacer el fisco. Y la deuda devengada, pero no pagada, que heredó el nuevo gobierno que es de US$ 3.200 milloEl Gobierno apunta a que la Ley de Reconstrucción se apruebe en julio. El martes iniciará su tramitación en el Senado y anticipan modificaciones, de cara al nuevo escenario fiscal. “El escenario que recibimos es más deficitario de lo que pensábamos, y nos importa la compatibilidad con la sostenibilidad fiscal del proyecto”, repiten internamente. Por eso no descartan que propuestas puedan ajustarse, conversaciones que ya sostiene el ministro Quiroz con parlamentarios. El crédito al empleo es la más costosa, unos US$ 1.400 millones, y existen críticas respecto de su efectines, casi 1% del PIB. “El nivel más alto detectado en traspasos de mando”, afirman. Hay 10.000 pymes a las cuales no se les ha pagado. Y a todo ese cuadro se suman partidas desfinanciadas. Por ejemplo, señalan fuentes del Ejecutivo, el Presupuesto 2026 autorizó un gasto en salud de $17 billones. Sin embargo, el gasto efectivo del año pasado fue de US$ 18,5 billones. “Eso significa que hay implícito un ajuste de gasto del 8,5%, y es absolutamente inverosímil que se vayan a ahorrar $1,5 billones en salud”, destacan. “Reconocemos que falta financiamiento, pero también tenemos que hacer un esfuerzo en paralelo por contener estas presiones donde sea posible”, subrayan. Al interior de Hacienda afirman que existe espacio para reducciones y mejoras. Por ejemplo, en el mismo caso de Salud, el Estado gasta US$ 350 millones en suplencias para compensar el ausentismo. En 2018 el último año que toma el Gobierno como referencia de un ejercicio normal, previo al estallido y la pandemia eran US$ 170 millones. Es decir, la cifra se ha duplicado en seis años. “Eso es administrable”, afirman. Lo mismo ocurre con el gasto en materiales y consumo de los servicios de salud. En seis años, ha aumentado en US$ 500 millones, pero los egresos hospitalarios siguen constantes. En líneas generales: el sector de salud pública está dando las mismas atenciones, pero gastando mucho más.
El ministerio ya prepara cambios: fortalecerá la gestión del personal hospitalario, se implementará el envío periódico de reportes a los jefes de los servicios de salud que contengan estadísticas comparadas sobre el Reponer cambios a franquicia Sence vidad, por lo que estaría en las tratativas. Al igual que la eliminación de la franquicia Sence que implicaba ahorros por US$ 300 millones. Si bien fue rechazada en la Cámara de Diputados, el Gobierno pretende reponerla en el Senado vía indicaciones. “Existe consenso de que algo hay que hacer y que se necesita una reformulación”, dicen, y ya han sostenido reuniones con Renovación Nacional, que rechazó la iniciativa. Y han recibido propuestas de los diputados Diego Schalper y Ximena Ossandón, además de Gael Yeomans (Frente Amplio). Podrían apuntar a la vía de pago de horas extraordinarias entre instituciones. Estos informes destacan permitirán visualizar la posición relativa de cada servicio, incorporando métricas que faciliten la identificación de desviaciones y patrones de uso. Nuevas iniciativas incorporan también mayor focalización en el gasto social. Ya iniciaron la revisión del padrón de beneficiarios de prestaciones mediante cruces de información administrativa.
A lo que se agrega una mejor gestión de los flujos de caja y utilidades de empresas públicas, puntualmente de Enap, a la que ya se le solicitó el 70% de las utilidades, un resultado mayor a lo que se había proyectado como retiro de utilidades “El buen uso de los recursos públicos y el reordenamiento de las cuentas fiscales no solo es en el Gobierno central, también es ejerciendo el rol de accionista del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de Chile sobre las empresas públicas”, subrayan. A ello se suma la venta de activos que están en manos de Bienes Nacionales. En total son unas 1.200 propiedades por unos US$ 200 o US$ 300 millones, aunque la lista más clara consta de 400 iniciales, por unos US$ 100 millones. Hoy cada institución está realizando adicionalmente un levantamiento de su stock de inmuebles. Vendrá una segunda etapa donde se implementará el plan, y se identificarán aquellos susceptibles de enajenación en el corto plazo y el plazo estimado. En paralelo, se evalúan o implementan distintos mecanismos para optimizar la rentabilidad de activos fiscales que hoy están subutilizados.
Por un lado, se buscar Más deuda dejar la franquicia solo para pymes o reducir transitoriamente la tasa máxima a descontar, del 1% de la planilla, al 0,75% o 0,5%, además de poner más exigencias a los programas. Tienen claro que quizás no aporte unos US$ 300 millones como estimaron inicialmente, pero que de todas maneras sumaría al ahorro fiscal. Asimismo, en el Ejecutivo proyectan que algunas medidas transitorias de recaudación rindan más; de hecho, admiten que las estimaciones son conservadoras. Por ejemplo, la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones valuada en US$ 300 millones. mejorar la administración y, por otro, explotar nuevos modelos de gestión que permitan extraer mayor valor del patrimonio inmobiliario fiscal. Además, las expectativas apuntan a seguir cobrando el CAE. Ya reconocieron una recaudación por cobro del orden de $34.320 millones. “Hay que seguir suscribiendo convenios y recaudando las cuotas que vienen”, subrayan internamente. Todos los detalles se explicitarán en el decreto. A ello se agregarán otras cosas. El jueves se lanzó la iniciativa del Servicio de Impuestos Internos para el combate estricto a la evasión tributaria del comercio informal y del contrabando. En el Gobierno estiman que eso podría dar ingresos mayores durante el año. A lo que se sumarían de ser aprobadas iniciativas legales que apuntan a recaudar más, como la que regularía a las plataformas en línea. El ministro de Hacienda ha estimado que eso recaude unos US$ 300 millones al año. Y los ingresos adicionales del proyecto de ley de Reconstrucción (ver recuadro). La Ley de Presupuestos de 2025 autorizó una emisión de deuda anual por $15,8 billones.
Y si el año pasado se estimaba que las necesidades de financiamiento eran de $19,4 billones para 2026, ahora con los nuevos datos son $22 billones, por ende, les faltarían $4,1 billones (US$ 4.700 millones) para cubrir el año. Para eso, el Ejecutivo necesitaría autorización del Congreso para poder endeudarse. Asimismo, podría recurrir a los frágiles fondos soberanos, cuyos ahorros bajaron de 6 puntos del PIB a 4. A ello se suma la necesidad de financiar las operaciones bajo la línea, por ejemplo, los recursos que dicen relación con capitalizar empresas públicas o la compra a la banca de los créditos CAE. “La idea es hacer gestión sobre esas dos: reducir el déficit, y sobre la necesidad de financiamiento bajo la línea”, señalan internamente. Ponen como ejemplo la reducción de ciertos préstamos o la menor compra de créditos con aval del Estado. El fisco, dicen, gasta aproximadamente US$ 500 millones cada año en comprar créditos con garantía ejecutada a bancos por el CAE. Si esos pasivos se cobran de manera más amplia hoy se está haciendo solo con los que se le deben a Tesorería, se podrían incrementar los pagos en la banca y comprar menos créditos. Déficit cercano al 1% “Las metas tienen que ser exigentes, pero alcanzables, porque si no, pierden sentido”, repite el ministro Quiroz a su equipo. Y es la frase que están siguiendo para el desarrollo del decreto del 9 de junio. El programa del Gobierno planteaba un déficit cero al 2030. Hoy esa meta es poco factible. En el IFP proyectan un -2,2% al 2029 y -1,8% en 2030. Fuentes cercanas explican que cuando propusieron llegar a una balanza estructural de 0%, la proyección de déficit efectivo para 2026 era -1,5 puntos del PIB. Hoy ese dato es -2,4 puntos, se desplazó prácticamente en un punto.
“Si uno dice el punto de partida se corrió para abajo un punto, no es raro que la meta esté corrida un punto para abajo”. Así, estiman que el déficit al 2030 podría ser cercano a 1%. Mantienen, no obstante, el objetivo de alcanzar un crecimiento en torno a 4% al 2030. Al interior dicen que los datos corren por trayectorias diferentes. Y si bien redujeron la proyección de crecimiento para 2026, no es impedimento para retomar el impulso en los años que siguen. “Consideramos que con el proyecto de ley y las cosas que podemos hacer, esto mejorará sustantivamente”, subrayan.
Al interior del Gobierno estiman que el déficit fiscal al 2030 podría ser cercano a 1%. En el IFP proyectan un -2,2% al 2029 y -1,8% en 2030.. Deberán endeudarse e impulsar medidas adicionales para enfrentar el mayor déficit revelado esta semana.
El próximo 9 de junio presentarán el detalle en el esperado decreto fiscal; que también traerá datos “más optimistas” respecto al negativo balance 2026, y a precios de commodities como litio y cobre, además de nuevas fuentes de ingresos y contención de gasto.
“Se verá el plan completo”, señalan internamente. • MARÍA JOSÉ TAPIA Ajuste fiscal adicional, combate al mal uso de beneficios sociales: Al interior del Gobierno estiman que el déficit fiscal al 2030 podría ser cercano a 1%. En el IFP proyectan un -2,2% al 2029 y -1,8% en 2030. Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. LA NUEVA ESTRATEGIA DE QUIROZ para hacer frente al (aún más) complejo escenario fiscal.