Recorte del 3% tensiona al oficialismo y abre presión transversal para excluir áreas críticas del Estado
Recorte del 3% tensiona al oficialismo y abre presión transversal para excluir áreas críticas del Estado La determinación del Presidente José Antonio Kast de recortar en un 3% el presupuesto de los ministerios comenzó a abrir una grieta política al interior del oficialismo y también en sectores del Parlamento, donde ya surgieron presiones para establecer excepciones que permitan resguardar carteras consideradas estratégicas.
La medida, impulsada como parte del ajuste fiscal encabezado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha generado inquietud no solo por su impacto financiero, sino también por la señal política que transmite en medio de un escenario marcado por exigencias crecientes en seguridad, salud y gasto social.
La inquietud se instaló con fuerza luego de que durante esta semana el propio Ejecutivo debiera retroceder en el ajuste inicialmente considerado para el Ministerio de Seguridad, abriéndose además a revisar caso a caso la aplicación del recorte.
Ese primer repliegue no solo evidenció las dificultades de aplicar una tijera pareja sobre todo el aparato estatal, sino que además dejó en claro que la promesa de austeridad ya comenzó a chocar con las urgencias de la gestión diaria y con la presión política de los propios aliados del gobierno.
Desde el Congreso, una de las voces que marcó posición fue la del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien respaldó la idea general de contener el gasto, pero advirtió que no se puede aplicar el mismo criterio en áreas donde el Estado enfrenta emergencias concretas.
En esa línea, planteó que el Mandatario debe mantener la facultad de suavizar o incluso liberar ese 3% de ajuste cuando se trate de materias como seguridad, la Fiscalía Nacional o las listas de espera en salud. Su mensaje fue claro: se puede "cortar grasa", pero no "músculo necesario", frase que resume con precisión el tono que comienza a dominar el debate.
El punto es políticamente relevante porque muestra que la resistencia al ajuste no proviene solo desde sectores opositores o desde reparticiones temerosas de perder recursos, sino también desde figuras del propio bloque que sostiene al gobierno. En otras palabras, la discusión ya no es si debe existir disciplina fiscal, sino dónde termina el ahorro razonable y dónde comienza el riesgo de debilitar funciones esenciales del Estado. Y en ese límite, seguridad y salud aparecen hoy como las dos primeras líneas rojas.
En el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya valoró que finalmente no se afectara al Ministerio de Seguridad, pero fue más allá al sostener que tampoco debería verse perjudicado el presupuesto de Gendarmería, aun cuando este organismo hoy depende del Ministerio de Justicia.
Su planteamiento apunta a una preocupación de fondo: que un recorte transversal, aplicado sin filtros finos, termine golpeando precisamente a instituciones que el propio gobierno ha levantado como prioritarias en su discurso de orden, control y combate a la delincuencia.
Una señal similar entregó Ximena Ossandón, vicepresidenta de la Cámara y dirigente de Renovación Nacional, quien sostuvo que todo puede ser reevaluado, aunque defendió la idea de que el Estado aún tiene espacios de ineficiencia o "grasa" que deben ser eliminados. Su postura refleja una visión intermedia: existe respaldo a una agenda de racionalización del gasto, pero también conciencia de que los ajustes requieren gradualidad, foco político y comprensión de las urgencias que enfrenta el país. Más explícito fue el diputado Andrés Celis (RN), quien aseguró no tener dudas de que surgirán otras excepciones además de seguridad, mencionando directamente al sector salud como uno de los más probables.
Su argumento se apoya en una realidad difícil de ignorar: basta recorrer hospitales, observar las listas de espera y revisar la presión que cada invierno ejerce sobre la red asistencial para entender que cualquier rebaja lineal en esa área puede convertirse en un problema político mayor para La Moneda. Pero la presión no se limita al oficialismo.
El debate también comenzó a escalar desde la oposición y desde sectores que advierten que la austeridad, si no distingue entre gasto improductivo y gasto esencial, puede transformarse en un costo social y administrativo demasiado alto.
En ese contexto, el diputado PPD Fernando Zamorano ofició al ministro Jorge Quiroz para pedir que el Ministerio de Salud quede excluido del ajuste fiscal, ampliando así una ofensiva que ya muestra un carácter transversal y que amenaza con convertir el recorte presupuestario en uno de los primeros conflictos políticos de alto voltaje para la actual administración. El episodio deja al descubierto una tensión clásica, pero siempre incómoda, en la administración del Estado: la distancia entre el discurso del orden fiscal y la complejidad concreta de gobernar. Porque anunciar un recorte general puede ser una señal de firmeza ante el déficit, la deuda o la necesidad de mostrar control del gasto. Pero ejecutar ese recorte en ministerios que cargan con crisis estructurales, demandas ciudadanas urgentes y escasez histórica de recursos exige mucho más que una consigna de eficiencia. En ese punto, el gobierno enfrenta una prueba política delicada. Si mantiene una aplicación rígida del ajuste, arriesga abrir flancos con sus propias bancadas, con el Congreso y con sectores sociales que ya observan con inquietud cualquier señal de debilitamiento en salud, seguridad o justicia. Si, por el contrario, comienza a multiplicar excepciones, podría transmitir la imagen de una medida improvisada, más simbólica que real, o de una estrategia de ahorro que termina desdibujándose ante la primera resistencia relevante. Por ahora, lo único claro es que el recorte del 3% ya dejó de ser una simple decisión contable. Se transformó en una disputa política sobre las prioridades del Estado, sobre el margen real de la austeridad y sobre los costos de gobernar con bisturí cuando el país exige respuestas urgentes. En tiempos de estrechez fiscal, la pregunta no es solo cuánto se recorta, sino dónde, a quién y con qué consecuencias.
Y esa respuesta, en La Moneda, recién comienza a escribirse.. La decision del Presidente Jose Antonio Kast de ajustar el gasto ministerial encendió alertas en el Congreso y en el propio gabinete, donde crecen las voces que piden blindar seguridad, salud y otras áreas sensibles.