El lawfare, el polémico recurso político que revive en la izquierda regional tras la condena a Cristina Fernández
El lawfare, el polémico recurso político que revive en la izquierda regional tras la condena a Cristina Fernández CRISTINA FERNÁNDEZ dijo que se entregará este miércoles a la justicia.
FRANCE PRESSE L a expresidenta argentina C r i s t i n a F e r n á n d e z (2007-2015) --quien también ha sido vicepresidenta, senadora y en septiembre próximo esperaba convertirse en diputada de la provincia de Buenos Aires-no podrá volver a ser candidata ni ocupar un cargo público tras el fallo unánime de la Corte Suprema, que ratificó una condena en su contra de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción.
Pero Fernández, que este miércoles se entregará a la justicia, niega los cargos y afirma ser víctima de lawfare, es decir, una persecución judicial que tiene como objetivo eliminarla de la escena política, tal como han denunciado diferentes líderes izquierdistas en la región, como Luiz Inácio Lula da Silva o Rafael Correa, cuando han enfrentado problemas con la justicia. "Esta sentencia no es judicial, es política, para proscribir a la presidenta de nuestro partido", dijeron tras el fallo miembros del peronista Partido Justicialista (PJ) --que lidera Fernández--, al acusar al Poder Judicial de lawfare.
Se trata de un término que se traduce como "guerra jurídica" y que según los expertos se refiere a la instrumentalización de la justicia con fines políticos, como deslegitimar a un rival ante la opinión pública o inhabilitarlo políticamente. Los tres jueces de la Corte Suprema "son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos", dijo en ese sentido la expresidenta.
Tanto el fiscal del caso Vialidad como los tres jueces del Tribunal Oral Federal 2 que en diciembre de 2022 dictaron la sentencia de primera instancia en esta causa contra la exmandataria fueron nombrados durante los gobiernos de Cristina Fernández.
Fernández fue condenada luego de que el tribunal comprobara irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007), y los encabezados por ella, entre 2007 y 2015.
Pero según la exmandataria, un jefe de Estado no debería ser responsabilizado por cómo se manejan las licitaciones públicas, ya que son administradas por otras instancias, y confirmó que recurrirá su condena a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Hoy (la denuncia del lawfare) es una mera excusa que usan los perseguidos, para dar una pátina de épica a la persecución penal que sufren", plantea Roberto Gargarella, abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. "Ahora bien: es cierto, en cambio, otro problema, tal vez mayor, que es el del permanente intento del poder en ejercicio por controlar a la justicia (... ). En otros términos, dada la habitual crisis de la independencia judicial en América Latina, el Poder Judicial se encuentra muy trastocado, y motivado más por cuestiones de interés, dinero o miedo, que por principios jurídicos", agrega. "Método de defensa ante investigaciones" "¡ Fuerza, Cristina! ¡Fuerza, Argentina! ¡Basta de lawfare! Derrótennos --si es que pueden-en las urnas", dijo en apoyo a Fernández Rafael Correa, expresidente de Ecuador (2007-2017), y quien ha postulado que el lawfare en la región está siendo usado como herramienta política por la derecha para atacar a líderes izquierdistas, incluido él mismo.
Correa, que desde 2017 vive en Bélgica, fue condenado a ocho años de prisión por el caso "Sobornos 2012-2016", por recibir "aportes indebidos" para su movimiento político, Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado con diferentes empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.
Otro líder izquierdista que ha denunciado lawfare es el actual Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019 tras ser condenado por corrupción en el caso "Lava Jato", y que lo dejó fuera de las presidenciales de 2018.
La condena fue posteriormente anulada luego que la justicia determinara que el juez que lo declaró culpable, Sergio Moro, había sido parcial. "Vivimos una reedición del Plan Cóndor, ya no con militares, sino con jueces serviles a las oligarquías", escribió en X el expresidente boliviano Evo Morales (20062019) en apoyo a Cristina Fernández.
Él también ha denunciado ser víctima de su propia "brutal guerra jurídica", supuestamente orquestada por el actual mandatario Luis Arce, después de que la fiscalía ordenara su detención por un caso de presunto abuso a una menor cuando ejercía el poder, y tras su inhabilitación para competir en las presidenciales de agosto. "No cabe duda de que en gran parte de Latinoamérica se ha observado una tendencia a la politización de la justicia.
El ejemplo más reciente se da en México, donde, como resultado de las recientes elecciones, el sistema judicial está ahora subordinado al partido político dominante, Morena. (... ) Pero si bien la guerra jurídica es real y prevaleciente, también existen numerosos ejemplos de fallos judiciales serios y acordes con los más altos estándares profesionales, y es cada vez más común que los políticos invoquen lawfare para defenderse de las investigaciones judiciales", dice a "El Mercurio" Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano.
Movilizar a la opinión pública Los expertos sugieren, además, que el lawfare sirve a los políticos para movilizar a la opinión pública. "Mi impresión es que en Argentina, al menos, hay mucha tolerancia a la corrupción y a gobiernos que no aceptan los controles naturales de una democracia constitucional. Esto es un sustrato fértil para que se sientan com o v e r o s í m i l e s l a s manipulaciones identificadas como lawfare.
En otras palabras, independiente de la veracidad de la invocación, ciertos sectores son bastante permeables a la duda", comenta María Cristina Girotti, abogada y experta en Derecho Constitucional. "Aunque la guerra jurídica no se limita a Latinoamérica.
Es una tendencia global", agrega Shifter. "Tal vez el maestro en señalar la politización del sistema de justicia para protegerse sea el Presidente Donald Trump, quien utilizó la guerra jurídica en Estados Unidos para construir y aumentar su apoyo político en las elecciones de 2024 (ver recuadro)". Líderes como Evo Morales y Lula cuestionaron la independencia judicial: El lawfare, el polémico recurso político que revive en la izquierda regional tras la condena a Cristina Fernández EVA LUNA GATICA La exmandataria argentina fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en un caso por corrupción, pero ella denuncia persecución judicial y política.
Donald Trump también es parte de los mandatarios que han dicho ser víctima de una "cacería de brujas", luego de que previo a su llegada a la p r e s i d e n c i a e n 2 0 2 5 s e abrieran al menos cuatro causas judiciales en su contra: por encubrir pagos a la exactriz porno Stormy Daniels (por el que fue encontrado culpable); por el intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020; por retención indebida de documentos clasificados y por el asalto al Capitolio de 2021.
El brasileño Jair Bolsonaro, inhabilitado para postul a r s e a e l e c c i o n e s h a s t a 2030, por afirmar falsamente que el sistema electoral de Brasil era vulnerable al fraude, y más recientemente, por la investigación que lo acusa de liderar un intento de golpe contra Lula, también ha alegado lawfare. n También en la derecha El fallo contra Cristina Fernández hizo que las causas judiciales que han golpeado a otros mandatarios vuelvan a cobrar relevancia en Argentina.
El más reciente es el expresidente Alberto Fernández (2019-2023), quien enfrenta una investigación por "lesiones leves y graves agravadas por violencia de género" y "amenazas coactivas" contra su expareja Fabiola Yáñez, en dos actos que habrían ocurrido durante su presidencia. Mientras que en pandemia fue denunciado por haber violado un decreto de confinamiento al participar de una fiesta en la Residencia de Olivos en 2020. Su predecesor, Mauricio Macri (2015-2019), enfrenta múltiples investigaciones, algunas de cuando era jefe de gobierno porteño.
Macri fue imputado en una causa por escuchas ilegales, y como Presidente fue acusado de espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, un submarino que desapareció en 2017, y por contrabando de armas a Bolivia. Por otro lado, tiene abierto un expediente que investiga si favoreció la condonación de una deuda de casi US$ 300 millones a la empresa Correo Argentino S.A., vinculada a su familia.
Cristina Fernández tiene la mayor cantidad de procesos abiertos, entre ellos, la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán (en donde fue denunciada por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA); el caso los Sauces-Hotesur (en el que se la investiga por presunto lavado de dinero y asociación ilícita) y los cuadernos de las coimas (en el que se la acusa de haber liderado un presunto sistema de recaudación de sobornos). n Los procesos de los presidentes argentinos.