Autor: Gian Franco Giovines D. gian.glovines@mercuriovalpo.cl

Familia Correa solicita a la CGR que fiscalice inacción del Minvu
Familia Correa solicita a la CGR que fiscalice inacción del Minvu manos de un sicario, el A empresario Alejandro Correa fue asesinado en 2020 en el frontis de su casa, en Concón, en un crimen por encargo que conmocionó al pais, puesto que el caso se enmarca en una usurpación ilegal de terrenos pertenecientes a la víctima, ubicados en el sector de Calicheros, en la comuna de Quilpué.
Cinco años después del macabro crimen, Valentina Correa -hija de la víctimay su familia aún no pueden cerrar la herida, puesto que, pese a estar vigente un fallo de la Corte de Apelaciones del 27 de agosto de 2024 y una resolución de la Seremi de Vivienda del 30 de septiembre del mismo año, que ordenan la demolición de la toma al Serviu de Valparaiso, el servicio dirigido por Nerina Paz aún no ejecuta las faenas.
En este contexto, este lunes la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, el diputado Andrés Longton y la abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, se reunieron con la contralora general de la República, Dorothy -----un incumplimiento flagrante de un acto administrativo". Que el Serviu de Valparaíso diga públicamente que la familia Correa debe encargarse de desalojar el terreno es, a su juicio, "una respuesta que va en contra de toda naturaleza, sobre todo para ciudadanos que han vivido lo que ha vivido la familla Correa y que enfrenta una situación tan dificil, solicitandole el desalojo". "Las declaraciones ministeriales agregóson de um gravedad notable.
Esa afirmación es renunciar al ejercicio de la fuerza legítima del Estado y debilita la autoridad institucional". "Usted comprendera que estas mujeres, porque finalmente fueron puras mujeres las que quedaron, (. .. ) quedan en la indefensión cuando les dices que debes desalojar tú como propietario. Es indignante esa respuesta", concluyó. Pérez, a fin de exigir que el Serviu de Valparaíso cumpla con la orden vigente de desalojo y demolición de la toma.
Desde el Serviu porteño han manifestado que "primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demoIción, lo cual tiene que ser solicitado y ejecutado por la famila Correa al tratarse de un tefreno privado". Pero a juicio de la abogada Bruna, la postura del Serviu de Valparaiso "no es admisible en un Estado de derecho". "Nosotros ingresamos nuestra denuncia y solicitud de fiscalización a Contraloría Regional con fecha 13 de agosto.
La falta de planificación y la demora del Serviu en fijar fecha para concretar el cumplimiento de la demolición, que le fue solicitada por la Seremi en octubre de 2024 y al parecer le fue reiterada con posterioridad a nuestra denuncia, vulnera deberes funcionariales, requiere ser fiscalizado", plantea la representante jurídica de la famiLa Correa.
Bruna es enfática en señalar que "no hay excusa legal que admita el no cumplimiento de una orden de demolición y, por tanto, dicho abandono de deberes debe ser fiscalizado por Contraloría, a fin de que los servicios actuen de oficio, diligentemente y sin esperar sentencias". Asimismo, subraya que "la fecha de demolición urge" para entregar certezas.
También en un tono critico, la alcaldesa Corti remarco que "hoy dia nos encontramos ante MINVU ORDENA EL DESALOJO Pese a manifestar en un inicio que el desalojo debe correr por parte de la familia Correa, hoy la postura es otra en el Ministerio de Vivienda.
Consultados por El Mercurio de Valparaiso, desde la Seremi del ramo sostienen que "el Minvu Valparaiso ha desarrollado todas las acciones necesarias para poder llevar a cabo la demolición de las construcciones irregulares levantadas en el terreno de propiedad de la familia Correa en la comuna de Quilpué". En esa linea, informaron que el 14 de agosto la Seremi de Vivienda dictó una resolución "que ordena al Servicio de la Vivienda (Serviu) ejecutar la medida, que a la fecha ya cuenta con línea de financiamiento para esta demolición". Junto a ello, precisaron que "se solicitó el auxilio de la fuerza pública, para lo cual, tambien se ha oficiado a Carabineros, Delegación Presidencial Regional y Provincial, a fin de contar con el apoyo y coordinación de los servicios públicos involucrados para resguardar la seguridad y los derechos fundamentales de las familias residentes en el terreno de manera previa a la demolición". Detallaron, además, que se ha requerido la colaboración de la Municipalidad de Quilpué "para su apoyo en las gestiones en lo relativo al acompañamiento a estas familias". "De esta forma, como ministerio hemos respetado y cumplido la sentencia judicial para concretar el restablecimiento de la legalidad urbanistica en este inmueble", concluyeron desde la cartera.
Este viraje en la postura de Minvu se produce dias después de los dichos del ministro Carlos Montes, quien fue categórico en relevar la urgencia del desalojo de la toma. "Esto ya no da para más.
Hay que buscar resolverlo (. .. ) y de una vez por todas, desocupar ese terreno", expuso el secretario de Estado. "Se solicitó el auxilio de la fuerza pública y también se ha oficiado a Carabineros, Delegación Presidencial Regional y Provincial". Seremi de Vivienda Comunicado "Ojalá las jefaturas de servicio empiecen a actuar de oficio, sin que la ciudadanía deba recurrir a tribunales o a la Contraloría". Jeanette Bruna Abogada de la familia Correa. USURPACIÓN. Alcaldesa Corti se reunió con Dorothy Pérez para pedir su supervisión.
La cartera cambió de postura y ordenó al Serviu el desalojo, con auxilio de Carabineros. "Se solicitó el auxilio de la fuerza pública y también se ha oficiado a Carabineros, Delegación Presidencial Regional y Provincial". Seremi de Vivienda Comunicado "Ojalá las jefaturas de servicio empiecen a actuar de oficio, sin que la ciudadanía deba recurrir a tribunales o a la Contraloría". Jeanette Bruna Abogada de la familia Correa JEANETTE BRUNA, ANDRÉS LONGTON, DOROTHY PÉREZ Y CAROLINA CORTI.