Editorial: Fallo tras 5 años de escape de salmones
Editorial: Fallo tras 5 años de escape de salmones L a resolución judicial que ordena a la empresa Blumar invertir mas de $300 millones como reparación por el masivo escape de salmones en 2020 podría interpretarse como el cierre de un capítulo complejo para el Estuario del Reloncavi. Sin embargo, mirar este fallo únicamente como un punto final sería un error. A cinco años del desastre, esta sanción económica, si bien necesaria, resulta insuficiente. La pregunta fundamental que resuena en las comunidades de la región no es cuánto paga la empresa responsable, sino qué se ha hecho para que un evento de tal magnitud no vuelva a ocurrir. La discusión debe trascender la cifra monetaria y centrarse en las debilidades estructurales que el incidente dejó al descubierto.
En primer lugar, la brecha entre la regulación en el papel y la realidad en el mar sigue siendo una preocupación latente. ¿ Se han fortalecido desde 2020 las normativas sobre la seguridad y resistencia de las jaulas de cultivo? Ante un escenario de cambio climático que augura temporales cada vez más intensos en las costas locales, es imperativo cuestionar si la fiscalización cuenta hoy con más y mejores herramientas para verificar en terreno la robustez de las infraestructuras que operan en el borde costero regional.
En segundo lugar, es crucial analizar la respuesta de la propia industria salmonera. ¿ Ha asumido un cambio proactivo hacia una operación más segura y sostenible o simplemente ha perfeccionado sus planes de contingencia para la recaptura? Existe una diferencia sustancial entre gestionar mejor los desastres y prevenirlos activamente. Finalmente, el rol del Estado exige una reflexión crítica. Cinco años para llegar a una suspensión condicional es un periodo excesivamente largo, un lapso en el que la incertidumbre ambiental y la afectación a los pescadores artesanales persistieron. La compensación económica a las caletas es un acto de justicia, pero la verdadera protección radica en evitar el daño inicial. Esto conduce a la necesidad de un ordenamiento territorial más estricto, que limite la expansión de la industria en zonas de alto valor ecológico o riesgo climático, como lo es el Estuario del Reloncavi. El caso Blumar no puede cerrarse con un cheque, sino una prevención demostrable.. La verdadera reparación no es económica, sino garantizar que un desastre de esta magnitud no se repita en la región. Editorial