Vodanovic endurece críticas a ministra Steinert y acusa falta de estrategia nacional en seguridad
Vodanovic endurece críticas a ministra Steinert y acusa falta de estrategia nacional en seguridad Crónica La seguridad pública volvió a instalarse en el centro del debate político nacional luego de que la senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, realizara una dura crítica a la ministra de Seguridad Pública del actual gobierno, Trinidad Steinert, durante una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13.
La parlamentaria apuntó directamente a lo que considera una falta de conducción estratégica del ministerio, en medio de un país donde la sensación de inseguridad continúa golpeando con fuerza la vida cotidiana de las familias chilenas. La intervención de Vodanovic se produjo en un contexto especialmente sensible.
Aunque las cifras oficiales han mostrado caídas en algunos indicadores, como la tasa de homicidios, la percepción ciudadana sigue marcada por hechos de alta connotación pública, delitos violentos, presencia de crimen organizado y una sensación persistente de vulnerabilidad en barrios, comunas y regiones.
En ese escenario, la senadora sostuvo que el problema de fondo no está únicamente en la presencia de la autoridad en terreno, sino en la existencia o no de una política pública clara, articulada y sostenible. Durante la entrevista, Vodanovic reconoció que la baja en las tasas de homicidios forma parte de un proceso que venía siendo abordado desde antes y que requiere una mirada de largo plazo.
Sin embargo, marcó distancia con la forma en que, a su juicio, la actual ministra ha enfrentado comunicacional y políticamente los episodios delictuales. "La ministra no es vocera de los delitos, no tiene por qué constituirse, no es ministra en visita, no es fiscal, no tiene por qué constituirse en el sitio del suceso", señaló la senadora, cuestionando el énfasis que, según su mirada, ha puesto Steinert en aparecer en terreno frente a hechos policiales. La crítica apunta a una discusión más profunda sobre el rol que debe cumplir el Ministerio de Seguridad Pública. Para Vodanovic, la ministra no debe limitar su funcion a reaccionar frente a cada delito de impacto público, sino liderar una estrategia institucional capaz de coordinar al Estado frente a amenazas complejas.
En sus palabras, la autoridad debe cumplir "con el deber que la ley le impone, que es tener una estrategia nacional que combata el terrorismo, que combata el delito", además de desarrollar una política de prevención del delito y avanzar en el La senadora socialista cuestionó en Mesa Central de Canal 13 el rol público de la ministra de Seguridad, afirmando que su tarea no es actuar como "vocera de los delitos", sino conducir una estrategia nacional contra el crimen, el terrorismo y la prevención del delito.. La senadora socialista cuestionó en Mesa Central de Canal 13 el rol público de la ministra de Seguridad, afirmando que su tarea no es actuar como "vocera de los delitos", sino conducir una estrategia nacional contra el crimen, el terrorismo y la prevención del delito. Vodanovic endurece críticas a ministra Steinert y acusa falta de estrategia nacional en seguridad Sistema Nacional de Información de Seguridad. El emplazamiento no quedó ahí.
La parlamentaria acusó que el actual ministerio habría debilitado capacidades institucionales al iniciar su gestión. "¿Dónde está la estrategia?", preguntó Vodanovic durante el programa, agregando que la ministra "desbarató la unidad que tenía constituida el primer día o el segundo día". La frase instaló una crítica directa sobre la conducción interna del nuevo Ministerio de Seguridad Pública y sobre la capacidad del gobierno para transformar el discurso de orden en una política pública concreta.
La entrevista fue recogida por medios nacionales durante este domingo 3 de mayo de 2026, donde se consignó que Vodanovic cuestionó la gestión de Steinert por una presunta falta de estrategia en seguridad y también abordó otras diferencias con el Ejecutivo. La parlamentaria, además presidenta del Partido Socialista, apuntó a una conducción que, a su juicio, no estaría respondiendo a las obligaciones institucionales del ministerio recién instalado.
El debate se vuelve especialmente relevante porque el Ministerio de Seguridad Pública fue creado precisamente para ordenar la respuesta estatal frente al delito, coordinar instituciones y separar la función de seguridad de otras tareas políticas del antiguo Ministerio del Interior. Su desafío es enorme: articular información, prevención, persecución, presencia territorial y coordinación con policías, gobiernos regionales, municipios, fiscalías y organismos especializados. Sin embargo, la crítica de Vodanovic refleja una preocupación transversal en la discusión pública: la seguridad no se resuelve solo con presencia mediática ni con reacción posterior al delito.
Para la senadora, el foco debe estar en la planificación, en el uso de información, en la prevención y en una estrategia nacional que permita anticiparse al crimen, no simplemente llegar cuando el hecho ya ocurrió. La sensación de inseguridad en Chile ha sido uno de los principales factores de presión sobre todos los gobiernos recientes. Encuestas, diagnósticos públicos y debates parlamentarios han mostrado que el temor al delito no siempre se mueve al mismo ritmo que las cifras oficiales. Incluso cuando determinados indicadores bajan, la ciudadanía puede seguir sintiendo que vive en un entorno más peligroso, especialmente cuando los delitos son más violentos, más visibles o más cercanos a la vida cotidiana. En esa línea, la discusión planteada por Vodanovic obliga a mirar más allá de los números. La caída de homicidios, si se consolida, es una señal positiva. Pero esa cifra no necesariamente basta para reducir el temor ciudadano cuando persisten encerronas, robos violentos, balaceras, secuestros, tráfico de drogas, extorsiones o hechos asociados a bandas organizadas. La seguridad pública no se mide solo por estadísticas, sino también por la capacidad del Estado de transmitir control, coordinación y respuesta oportuna. La senadora fue particularmente insistente en que el ministerio debe cumplir funciones definidas por ley.
Al pedir que la ciudadanía revise las atribuciones de la cartera, Vodanovic buscó instalar la idea de que la ministra no puede actuar como fiscal, policía o vocera permanente de hechos delictuales, sino como autoridad política responsable de diseñar y ejecutar una política nacional de seguridad. En otras palabras, la crítica no se concentra solo en el estilo de Steinert, sino en la orientación general de su gestión. El punto más delicado de la controversia se relaciona con el Sistema Nacional de Información de Seguridad. Esta herramienta es clave para que el Estado pueda integrar datos, identificar patrones delictuales, anticipar focos de riesgo, cruzar información entre instituciones y generar respuestas más eficientes. Sin un sistema robusto, la persecución del crimen queda fragmentada, con instituciones que muchas veces actúan con información parcial o sin coordinación suficiente. Diversos análisis recientes han advertido que el Ministerio de Seguridad Pública enfrenta el desafío de consolidar un sistema de seguridad integrado, capaz de articular instituciones, planificación y tecnología para enfrentar delitos cada vez más complejos.
En febrero de 2026, un análisis publicado en prensa nacional planteó que la nueva cartera debía coordinar un Sistema de Seguridad Pública compuesto por múltiples instituciones y superar debilidades estructurales como la baja integración, la falta de planificación conjunta y las brechas tecnológicas. En ese contexto, las declaraciones de Vodanovic adquieren mayor peso político. No se trata solo de una crítica opositora a una ministra determinada, sino de una advertencia sobre el riesgo de transformar la seguridad en una sucesión de respuestas comunicacionales. Para la ciudadanía, ver a una autoridad en terreno puede entregar una señal de presencia. Pero si esa presencia no viene acompañada de planificación, inteligencia, prevención y coordinación institucional, el efecto puede agotarse rápidamente. El gobierno, por su parte, enfrenta una presión evidente. La seguridad fue uno de los temas centrales de la campaña y continúa siendo una de las principales exigencias sociales. La ciudadanía espera resultados rápidos, pero el crimen organizado, la violencia urbana y la percepción de inseguridad no se enfrentan con soluciones simples. Requieren políticas de mediano y largo plazo, recursos, tecnología, fortalecimiento policial, persecución penal efectiva, prevención social y recuperación de espacios públicos. La crítica de Vodanovic también toca un punto sensible: la diferencia entre controlar la agenda comunicacional y gobernar la seguridad. En momentos de crisis, los gobiernos suelen verse tentados a responder a cada delito de alto impacto con vocerías, anuncios o presencia territorial. Pero la seguridad pública exige una arquitectura mucho más compleja.
Necesita metas verificables, coordinación con el Ministerio Público, inteligencia financiera contra redes criminales, control de armas, intervención en barrios críticos, prevención en infancia y adolescencia, y un sistema de información que permita tomar decisiones basadas en evidencia. La senadora socialista, al afirmar que la ministra "no es vocera de los delitos", está cuestionando precisamente esa dimensión. Su mensaje apunta a que la autoridad debe dejar de correr detrás de los hechos y comenzar a conducir una estrategia capaz de ordenar al Estado. La frase puede ser dura, pero refleja una preocupación extendida: la seguridad no puede depender del impacto mediático del delito del día. También hay un componente político evidente. Vodanovic, como presidenta del PS y figura relevante de la oposición, busca marcar diferencias con el actual gobierno en una materia donde la ciudadanía exige respuestas concretas.
Sin embargo, su crítica contiene un riesgo para todo el sistema político: cuando se cuestiona la falta de estrategia, la ciudadanía también puede preguntarse qué hicieron antes los gobiernos anteriores, qué continuidad existe entre administraciones y por qué el país llegó a un punto donde la seguridad se transformó en una angustia transversal. Por eso, el debate no puede quedar reducido a una disputa entre oficialismo y oposición. La seguridad pública exige continuidad institucional. Las políticas que funcionan deben mantenerse, corregirse o profundizarse, no ser eliminadas por razones políticas. Si una unidad técnica, una estrategia de información o un equipo especializado fue desarticulado sin una alternativa clara, corresponde explicar por qué. Y si el gobierno tiene una nueva estrategia, debe presentarla con claridad, metas y plazos. En regiones como Tarapacá, Antofagasta, Arica y Parinacota, Metropolitana, Valparaíso o Biobío, la inseguridad se vive de manera concreta y cotidiana.
No se trata solo de cifras nacionales, sino de barrios donde los vecinos evitan salir de noche, comerciantes que trabajan con miedo, familias que han sido víctimas de robos violentos y comunidades que sienten que el Estado llega tarde. Por eso, la exigencia de Crónica n una estrategia nacional también debe tener bajada regional, con presencia diferenciada según las realidades del territorio. La macrozona norte, en particular, ha vivido con fuerza el impacto de la migración irregular, el crimen transnacional, el contrabando, el tráfico de drogas y la sensación de abandono en zonas fronterizas. En ese escenario, una política nacional de seguridad no puede diseñarse solo desde Santiago. Debe considerar rutas, puertos, pasos fronterizos, barrios vulnerables, comunas con crecimiento explosivo y ciudades donde la presión sobre servicios públicos y policías es mucho más intensa que en otras zonas del país. La pregunta planteada por Vodanovic, "¿dónde está la estrategia?", resume una inquietud que va más allá de una entrevista televisiva. Es una pregunta que también formulan vecinos, alcaldes, gobernadores, fiscales, policías y organizaciones sociales cuando observan que los delitos cambian más rápido que la respuesta estatal. El crimen organizado no improvisa; planifica, recluta, se adapta y aprovecha vacíos institucionales. Por lo mismo, el Estado tampoco puede improvisar. En materia de prevención, el desafío es igualmente profundo. No basta con detener más personas si no se intervienen los factores que alimentan la violencia. Prevención del delito significa trabajar en educación, reinserción, salud mental, consumo problemático de drogas, violencia intrafamiliar, recuperación de espacios públicos, iluminación, empleo juvenil, deporte, cultura y presencia comunitaria. La seguridad no es solo patrulla y patrulla; también es Estado presente antes de que el delito ocurra.
La crítica a la ministra Steinert, entonces, deja instalada una exigencia política concreta: explicar cuál es la estrategia nacional, cómo se medirá su cumplimiento, qué rol tendrán las LUB PA regiones, cómo se coordinará el sistema de información, qué se hará con la prevención y cómo se enfrentará el terrorismo, el crimen organizado y los delitos violentos. Sin esa claridad, la discusión seguirá atrapada entre declaraciones cruzadas, vocerías reactivas y una ciudadanía que continúa sintiendo temor. El momento exige seriedad. La seguridad pública no puede transformarse en un escenario de disputa comunicacional permanente. Tampoco puede ser una competencia por quién aparece más rápido en el sitio del suceso. La presencia de la autoridad importa, pero la conducción estratégica importa mucho más.
La ciudadanía no necesita solo ver a una ministra en terreno; necesita saber que existe un plan, que las instituciones conversan entre sí, que los datos se usan bien, que las policías cuentan con respaldo y que la prevención no quedó relegada a un discurso. La entrevista de Paulina Vodanovic en Mesa Central abrió un flanco político para el gobierno, pero también puso sobre la mesa una discusión necesaria. Chile no puede normalizar la inseguridad ni convertirla en rutina. Tampoco puede responder únicamente con reacción, vocería o despliegue posterior al delito. La seguridad requiere Estado, planificación y continuidad.
En un país donde el miedo se instaló en la vida diaria de muchas familias, la pregunta de fondo sigue pendiente: ¿ hay una estrategia nacional clara para devolver tranquilidad a la ciudadanía o solo estamos administrando la emergencia delito por delito? Esa respuesta no puede quedar en manos de una frase televisiva ni de una vocería de turno. Debe expresarse en políticas públicas, resultados verificables y una conducción capaz de demostrar que el Estado no solo reacciona, sino que gobierna la seguridad..