EDITORIAL: Más que un traspié en la ley de fraccionamiento
EDITORIAL: Más que un traspié en la ley de fraccionamiento Editorial Editorial Más que un traspié en la ley de fraccionamiento El á de septiembre del 2024, el Gobierno presentó el proyecto de ley que busca establecer un nuevo sistema de fraccionamiento entre la pesca artesanal e industrial, con miras a remendar las modifi caciones que se establecieron en 2013 a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Enel escrito se señala que "hoy persisten graves y fundamentados cuestionamientos respecto a la legitimidad del actual fraccionamiento, producto de la intervención indebida e ilegal de intereses privados durante la tramitación de dicha ley". Todo esto, en alusión alos cuestionamientos por el rol que jugaron las empresas pesquerasindustriales en dicha tramitación, por lo cual incluso la Fiscalía Regional inició una investigación por posibles aportes a campañas políticas, la que finalmente fue cerrada en 2020 sin responsables.
La tramitación de la normativa vigente que establece las cuotas deextracción de distintos recursos marinos ha abierto un amplio debate tanto políticocomotécnico du rante los últimos ocho meses, que hoy vive uno de sus capítulos más complejos y que podría generar un impacto aún insospechado.
Enconcreto, este martes y miércoles la Comisión Mixta en el Parla mento discutió los aspectos pen: dientes vinculados a las cuotas que se establecen para la extracción de la merluza, sardina, anchoveta y rei neta, todos en los cuales se logró avanzar, dejando sólo pendiente la licitación respecto a las cuotas del jurel, que fue rechazada.
Sin embargo, ese avance generó las primeras alertas, cuando la empresa PacificBlu anunció la noche del miércoles que desde 2026 cerrará sus operaciones en la zona dejando sin fuente laboral a 800 trabajadores de forma directa -el 63% son mujeres., luego que se de terminara reducirla cuota de merluza para el sector industrial de un 60% a un 48%. "Se vuelve inviable la continuidad de nuestras operaciones", esgrimió en un comunicado el gerente general Marcel Moenne.
Una decisión que parecía tomada de antemano, pero que tenía otra implicancia de fondo: en la misiva publicada por la empresa se acusó al Gobierno de presentar "datos falsos y no rigurosos" en torno a la captura de la merluza durante la tramitación legislativa.
La acusación levantada por PacificBlu, y respaldada por distintos gremiosempresariales-que incluso amenazaron con bajarse del trabajo porel Plan de Fortalecimiento Industrial de la Región apuntaba directamente al ministro de Economía Nicolás Grau, y al subseba directamente al ministro de Economía Nicolás Grau, y al subseba directamente al ministro de Economía Nicolás Grau, y al subseLo cierto es que lejos de cualquier explicación, el error exhibido en la tramitación legislativa reviste de gravedad en torno a una normativa vital para el desarrollo de una de las actividades productivas esenciales cretario de Pesca Julio Salas, quién durante la tramitación señaló. que la industria de la merluza sólo logró capturar en 2024 el 61%. de las cuotas, cuando el dato real era del 93%. Dicho señalamiento fue asumido porel propio ministro Grau, quién en radio Biobío admitió que las cifras eran erróneas y pese a ello respaldó a Salas: "El subsecretario tiene toda mi confianza.
Es discutible en cuanto influyó en la decisión, pero lo importan: te es que cualquier efecto que haya podido generar esta decisión errónea, es un efecto que se puede solucionar porque se puedere: petir la votación". La tarde noche del viernes en tanto, la Subsecretaría de Pesca de fendiósu errorexplicando que los datoscorrespondían a la fechaen quese inició la discusión legislativa y no al total del año 2024.
Lo cierto es que lejos de cualquier explicación, el error exhibi do en la tramitación legislativa reviste de gravedad en torno a una normativa vital para el desarroMo de una de las actividades productivas esenciales para la Región, como es la pesca.
Cuestión quesesuma también alas características de un debate legislativo que ha exhibido las diferencias geográficas quetienelaactividad productiva, razón porla cual desdeel norte de nuestro país miran con muy buenos ojos el avance que ha tenido la normativa, sobre todo desde el ofi cialismo en las voces de los diputados Jorge Brito y Camila Rojas (FA). Presentar datos erróneos en el ejercicio de la tramitación de un proyecto de ley es porlo menos cuestionable, y en la medida de lo posible debesersubsanable porel impactoque puede causaren una Región que aún resiente el cierre operativo de Huachipato.
Por ello es valorable que rápidamente el ministro Grau mostrara su disposición a reabrir el debate sobre esta materia, toda vez que ha sidoel propio secretario de Estado quién haestado de forma permannente enla Región siguiendo los avances del plan que diseñó el Ejecutivo para mitigarelimpacto del cierre dela siderúrgica. Pese aque parlamentarios localesrápidamente pidieron surenuncia junto con la del subsecretario Salas.
Lo cierto es que la próxima semana debería reabrirse el debate con miras a subsanar un error que nuevamente pone en vilo el de sarrollo productivo de la Región, y que expone un actuar poco deseable del Gobierno, especialmente con una región clave para el desarrollo dela pesca en el país. en el país..