Autor: Nicolás Quiñones y José Miguel Wilson

Gobierno advierte que psicópata de Alto Hospicio sería beneficiado con ley para liberar a exuniformados de Punta Peuco
Gobierno advierte que psicópata de Alto Hospicio sería beneficiado con ley para liberar a exuniformados de Punta Peuco El inicio de la discusión, en primer trámite constitucional, de un proyecto de ley presentado por senadores de derecha, encabezados por Francisco Chahuán (RN), encendió una de las últimas semanas de la actual legislatura.
La iniciativa, que permite "la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad", en casos como enfermedad crónica, mental o a quienes tengan 80 años, fue presentado el 30 de enero de 2025, además de Chahuán, por Luz Ebensperger (UDI), Alejandro Kusanovic (Ind. ), Carlos Kuschel (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli). Luego de su paso por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, en noviembre de ese año, pasó a la sala para su discusión en general y particular. Sin embargo, encontró resistencia, por tanto la iniciativa no pudo ser votada como era la aspiración de la derecha. En concreto, el senador Alfonso de Urresti (PS) pidió que la iniciativa sea revisada por la Comisión de Constitución. "Es importante que la comisión especializada pueda ver ese proyecto", argumentó el socialista.
En respuesta, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), señaló que esa petición ya había sido votada en la reunión de comités y se rechazó. "Usted tiene razón en lo que señala pero la sala es soberana", insistió De Urresti. A su turno, el senador Daniel Núñez (PC) advirtió de antemano que haría reserva de constitucionalidad.
Quien también se sumó a los reparos fue Matías Walker (Demócratas), quien aseguró que el proyecto "tiene vicios de constitucionalidad". Por último, la cortapisa final la puso Juan Ignacio Latorre (FA), quien pidió segunda discusión, impidiendo, por reglamento, que se votara en la sesión de este miércoles. Los reproches de La Moneda Resuelto el tema procedimental, y pasando a la discusión inicial, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), embistió duramente contra la iniciativa.
En primer lugar, el secretario de Estado lamentó que el proyecto no pasara por la Comisión de Constitución, y aseguró que "tiene un conjunto de falencias técnicas realmente importantes". En detalle, Gajardo sostuvo que el proyecto tiende a la liberación de personas condenadas por delitos de lesa humanidad o contra la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. "Desconoce la mayoritaria y tradicional visión equilibrada entre fin preventivo y retributivo de la pena que la doctrina penal y la jurisprudencia chilena han mantenido", argumentó más adelante el titular de Justicia. Junto con ello, Gajardo sostuvo que en el proyecto "no se establecen elementos para definir que se entiende por enfermedad crónica ni se entregan parámetros sobre la gravedad de la misma.
Tampoco se define qué se entiende por tratamiento adecuado en el sistema penitenciario, pudiendo dar lugar a interpretaciones equívocas y, por cierto, inequidad en su aplicación". Más adelante, el ministro detalló en cifras a quienes podría excarcelar este proyecto.
En ese plano, sostuvo Gajardo, hay 370 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, 365 por delitos comunes, de los cuales, 192 son condenados por abusos sexuales, 155 por violación, 27 por homicidio y 5 por parricidio. Luego, Gajardo ejemplificó, con nombre y apellido: Julio Pérez, más conocido como el "psicópata de Alto Hospicio", y que está condenado a cadena perpetua, podría ser beneficiario.
Debate parlamentario De parte de los senadores, entre los defensores del proyecto estuvo Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien señaló que la iniciativa "no busca la impunidad o dejar en libertad a condenados, sino la posibilidad de un cumplimiento alternativo de la pena, la reclusión domiciliara total, bajo ciertas circunstancias específicas y puntuales, no para cualquier condenado que cumpla cierta edad". "Este proyecto de ley nace de la necesidad de reconocer las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los adultos mayores en reclusión", agregó el gremialista.
Su par de la UDI, José Durana, sostuvo SENADO que "este proyecto de ley nos obliga a enfrentar una realidad que muchas veces se prefiere ignorar". "Cuando el Estado no se hace cargo de esa realidad, lo que se produce no es justicia, sino improvisación, o incluso puede llegar a ser venganza", añadió Durana. De parte de sus detractores, que tomaron la palabra en masa para lanzar sus dardos, intervino, entre otros, Fabiola Campillai (Ind.
DC). "No podemos permitir que la urgencia carcelaria se convierta en el salvoconducto para que criminales condenados por delitos atroces -tales como abusos sexuales, homicidios, femicidios y crímenes de lesa humanidadeludan su responsabilidad ante la justicia", afirmó la representante por la Región Metropolitana.
Y añadió: "Conceder beneficios a estos internos no es solo un acto de negligencia legislativa, es un agravio directo al dolor de las víctimas y a la memoria del país". Uno de los que más elevó el tono fue Fidel Espinoza (PS), cuyo padre fue víctima de la dictadura.
El socialista reprochó que "ese sanguinario que hoy está en Punta Peuco y que nos está viendo esta sesión, podría quedar en libertad con este proyecto macabro". El senador recordó que el condenado no solo fue responsable del homicidio de su padre, sino que también participó en "violaciones, torturas y ejecuciones de dirigentes campesinos en la zona de Fresia, Purranque y Puerto Montt durante los primeros años de la dictadura". "A esos quiere liberar Chahuán. A personas que cometieron asesinatos, violaciones y torturas en el sur de Chile", señaló. Autor: Nicolás Quiñones y José Miguel Wilson. Luego de su paso por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, la iniciativa pasó a la sala para su discusión en general y particular. Sin embargo, encontró resistencia del oficialismo y no pudo ser votada. Hay opiniones divididas en la Cámara por este proyecto de ley.