México y su elección de magistrados
México y su elección de magistrados Hasta ahora son muchos los motivos para preocuparse del rol judicial en ese país y su papel en la preservación de un Estado de derecho democrático, tras este proceso convocado por quienes buscan despejar la vía para cambios estructurales. A estas primeras elecciones judiciales estuvieron convocados cien millones de mexicanos. Votaron 6,2 millones. Organismos internacionales, como la OEA, advierten sobre riesgos para la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial.
Juan Pablo Glasinovich Abogado y cientista político. https ://elinternacionalistadelfindelmundo. blogspot. con/ Hay ideas que podrían parecer buenas en el papel, como la que los representantes de los tres poderes del Estado debiesen ser electos en un sistema democrático. Sin embargo, en su aplicación, al menos en su aplicación total, no necesariamente lo son e incluso pueden ser altamente perjudiciales.
Concretamente, ese es el caso de la elección elección de los jueces, que son los encargados de velar, en última instancia, por la subsistencia del Estado de derecho, especialmente en contextos en que la democracia está bajo asedio. Es frecuente escuchar, particularmente en el último tiempo, que los jueces toman decisiones políticas con efectos gubernativos, sin tener la facultad para ello ni, menos, la legitimidad (ni el riesgo) de las urnas.
Incluso se ha hablado del «gobierno de los jueces» y en ocasiones esa crítica ha sido fundada, con sentencias que no apuntan al caso particular, particular, sino que generan efectos generales, constituyéndose en verdaderas resoluciones de políticas públicas.
Esa crítica, si bien ha sido acertada en múltiples ocasiones y podríamos decir que en muchos países hay un activismo judicial que derechamente busca implementar políticas públicas, públicas, no necesariamente tiene relación con la elección de los jueces. Sin embargo, instalar la votación como sistema de designación sí puede incrementar esa tendencia de interferencia de funciones y roles. Desde que asumió, el ahora expresidente expresidente Manuel Andrés López Obrador (AML0) se propuso, como prioridad, hacer una profunda reforma del poder judicial mexicano, al que consideraba corrupto y defensor de la élite. En su perspectiva, entonces, este era el último obstáculo hacia una sociedad más libre, justa e inclusiva. Solo en los últimos meses de su mandato y tras varios intentos, logró aprobar una reforma constitucional que estableció la elección de todos los jueces tanto a nivel federal como estatal, incluyendo la Corte Suprema. En su concepto, la elección directa iba a cumplir un doble propósito: permitir la «proletarización» de la judicatura, al mismo tiempo que limpiarla de sus enraizados vicios, incluyendo una extendida corrupción. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, adhirió adhirió a lo resuelto por su padrino político y siguió adelante con la implementación de la reforma, a pesar de los llamados en contra tanto domésticos como externos. México celebró. México y su elección de magistrados El caso boliviano Si bien en algunos países existe la elección parcial de jueces, normalmente locales, ello constituye una excepción. Quizá el único país que adoptó un sistema amplio es Bolivia, con su reforma constitucional promovida por el expresidente Evo Morales. En la Carta Magna vigente se contempla la elección de quienes aspiran a ocupar los cargos del Tribunal Supremo Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambientaly el Consejo de la Magistratura. El período en todos ellos es de seis años, sin reelección. Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos judiciales. En 2024 correspondía nuevamente, pero por falta de acuerdo político el proceso no se ha podido realizar. En Bolivia, como el voto es obligatorio, entre 6o y 65% de los votantes lo ha hecho en blanco o nulo, al no saber a quién elegir. Eso deja una tasa de 35% de votos válidos, que es más alto que en México, porque también el universo a elegir es mucho menor y, por lo tanto, más fácil de conocer. La Organización de Estados Americanos (OEA) constituyó una misión para supervisar el proceso, y su informe fue bastante demoledor. demoledor. Básicamente, desaconsejó seguir el ejemplo mexicano, al menos en su ejecución. Reseña que hubo muy poca fiscalización de los candidatos y que el desconocimiento de estos fue decisivo a la hora de votar, con boletas con muchos nombres y un procedimiento electoral engorroso. La presidenta Claudia Sheinbaum adhirió a lo resuelto por su padrino político, AMLO, e inplenentó la reforma. entonces el domingo ide junio unos comicios sin precedentes en su historia. La ciudadanía fue convocada para elegir a 2.681 jueces, entre el nivel federaly estatal, en un proceso gradual que se extenderá por más de diez años hasta cubrir a toda la judicatura.
En esta primera oportunidad, la participación ciudadana fue del 13%, con trece millones de votantes.. México y su elección de magistrados Un cercano a AMLO, a la cabeza El proceso mexicano, en tanto, ha estado marcado marcado por la falta de información, dudas sobre la preparación e idoneidad de los candidatos, y el numeroso abanico de perfiles a votar, lo que explicó la alta abstención.
En relación con la elección de los ministros ministros de la Corte Suprema sin duda, lo más relevante, la OEA apunta a que seis de los electos fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo, mientras tres eran titulares de la misma corte, lo que plantea dudas más que razonables sobre su independencia futura respecto del Ejecutivo. El abogado Hugo Aguilar, con una relación relación estrecha con AMLO, consiguió 6,2 millones de votos, por lo que se convertirá, según las reglas electorales, en el próximo presidente del máximo tribunal de México. Un amplio espectro de dudas Los miembros de la Corte Suprema durarán nueve años en sus funciones. En este caso, su propia condición de electos podría incentivarlos a privilegiar un rol mucho más político, lo que por supuesto estará por verse. Como en Bolivia, en México también están prohibidas las campañas financiadas con dinero público o privado, así como la contratación contratación de publicidad.
Pero a los candidatos se les permite usar espacios del Estado en medios de comunicación y participar en foros y debates, además, por supuesto, de hacer campaña por sus redes sociales (donde varios han destacado no precisamente por lo que se suele entender como «recato judicial»). Aunque en las boletas no se mencionan los partidos políticos, es evidente que es un factor de peso. Además de la influencia partidaria, una preocupación ha sido la posible infiltración del crimen organizado, partiendo por los niveles más locales.
Quienes apoyaron la reforma, incluyendo al Gobierno, esgrimen que el propio sistema garantiza un mejor control porque, cuando los ciudadanos tengan sospechas de la complicidad de un magistrado con el crimen organizado, tendrán tendrán en sus votos el instrumento para detenerlo. Siendo un proceso en desarrollo y sin precedentes, los efectos tardarán en conocerse. Por el momento, solo se pueden hacer algunas extrapolaciones a partir de las propias características del proceso implementado, así como de la experiencia boliviana, que es mucho menos masiva.
Pero en ese caso sí hubo una La propia dinámica electoral también atenta contra una jurisprudencia unzforme, junto con debilitar el rol jerárquico de los tribunales superiores de justicia. apertura de los tribunales a candidatos que tradicionalmente no hubiesen podido acceder, generando efectivamente más diversidad. Sin embargo, esa mayor diversidad no implica necesariamente una mejor justicia.
De hecho, una encuesta difundida el año pasado cuando debían haberse realizado las terceras elecciones de magistrados por el Fondo de Promoción y Protección de Defensores de Derechos mostró que el 85% de los entrevistados en todo el país pensaba pensaba que la justicia era «poco o nada confiable». La falta de estabilidad en el nuevo sistema sistema mexicano los jueces estarán a prueba durante un año, así como ejercerán por períodos períodos relativamente cortos podría disuadir de postularse a aquellos que tienen vocación, pero no están dispuestos a hacer campaña. También podría motivar un populismo judicial, especialmente especialmente en la cercanía del término del mandato para hacerse reelegir. La propia dinámica electoral también atentar contra una jurisprudencia uniforme, junto con debilitar el rol jerárquico de los tribunales tribunales superiores de justicia. En fin, hasta ahora son muchos más los motivos para preocuparse del rol judicial en México y su papel en la preservación de un Estado de Derecho democrático. No podemos olvidar por quién fue concebida la reformay su objetivo ideológico: dejar de ser un obstáculo para cambios estructurales.
Lamentablemente el predominio casi absoluto del partido gobernante, gobernante, MORENA, ylas reformas que está impulsando impulsando recuerdan la dinámica del PRI que tuvo a México en una cuasi dictadura institucional, con cambios presidenciales, pero todos ungidos por sus antecesores y con sistemas electorales manipulados. La competencia política solo existió en los márgenes. M.