Kafka en Vallenar
Kafka en Vallenar T an absurda y pesadillesca como un relato kafkiano fue la detención sufrida hace algunos días por Franklin Rodríguez, director del Liceo San Francisco, un establecimiento particular subvencionado de Vallenar.
Todo se originó luego de que la familia de un estudiante que no había logrado quedar en el colegio tras haber postulado vía el Sistema de Admisión Escolar (SAE) del Ministerio de Educación decidiera recurrir a la justicia. Así, en el marco de una acción proteccional por riesgo de deserción, el Juzgado de Letras de Freirina ordenó al director generar un sobrecupo para el joven. Para hacerlo, sin embargo, el establecimiento requería la autorización del Ministerio; como esta no llegaba, no podía dar cumplimiento a lo mandado. El juez ordenó entonces la detención de Rodríguez por desacato, la que fue llevada a cabo por funcionarios de la PDI, quienes llegaron hasta el liceo para llevarse a su director. El educador permaneció unas dos horas retenido y fue citado para comparecer al día siguiente.
En el intertanto, llegó finalmente la autorización para el sobrecupo del joven reclamante, quien así, pese a haber quedado en el lugar número 11 de la lista de espera, pasó por encima de todos quienes lo antecedían. Con ello, quedó resuelto el entuerto judicial, mas no la problemática que el caso devela.
Desde luego, el hecho da cuenta de cómo una maraña de reglas y procedimientos burocráticos colocaron al director de un liceo en una situación insólita, obligado a responder ante la justicia por decisiones que no estaba en sus manos adoptar. Pero el episodio es también una manifestación extrema de la crisis del SAE, producto del rechazo a introducir cualquier modificación que perfeccione su funcionamiento. El sistema fue una reforma de la administración Bachelet y buscaba evitar supuestas discriminaciones por parte de los colegios. Pero, en nombre de ese objetivo, generó nuevos problemas, al afectar el desarrollo de proyectos educativos --como, por ejemplo, los liceos de excelencia-que demandan un compromiso especial por parte de quienes se incorporan.
En lugar de hacerse cargo de estos problemas --y de la insatisfacción de muchas familias--, las actuales autoridades prefirieron insistir en las fórmulas centralizadas y este año sumaron al SAE la plataforma "Anótate en la lista", en la que debían inscribirse los estudiantes que, luego del proceso regular, no hubieran quedado matriculados en ningún colegio. El lamentable resultado, con cientos de jóvenes sin un establecimiento ya avanzado el año escolar, es conocido. Pero el caso del director Franklin Rodríguez agrega además otra dimensión al problema: como suele ocurrir cuando las instituciones funcionan insatisfactoriamente, el tema se ha judicializado.
De este modo, un sistema concebido en nombre de la igualdad ha terminado generando una nueva discriminación, ahora entre aquellas familias que pueden acudir a los tribunales y conseguir una resolución favorable, y el resto de los apoderados. Es decir, los antiguos patines que un exministro de Educación quiso eliminar con fórmulas como esta han sido simplemente sustituidos por escritos judiciales. Se instala una nueva forma de discriminación entre familias al postular a colegios..