Contraloría validó exámenes antidrogas que se hicieron actuales autoridades antes de asumir
Contraloría validó exámenes antidrogas que se hicieron actuales autoridades antes de asumir Los exámenes de drogas aplicados a distintas autoridades del actual Gobierno antes de que asumieran sus cargos recibieron el visto bueno de la Contraloría. Así, el organismo respaldó la legalidad de aquellos procedimientos, cuentan al interior de La Moneda. Dichos test, previos al 11 de marzo, incluyeron a ministros y subsecretarios, quienes se sometieron al proceso como parte de los controles previos a su entrada en el equipo del Presidente José Antonio Kast. Según fuentes cercanas al mandatario, todos esos exámenes salieron negativos. De acuerdo con lo informado, los exámenes fueron pagados por las propias autoridades, en ausencia de un marco legal que permita costearlos con recursos públicos. No obstante, el Ejecutivo se encuentra a la espera de una modificación normativa que habilite su financiamiento fiscal, de modo que se realice través del Senda. Asimismo, se indicó que el resto de los colaboradores del Gobierno deberá someterse a un test de orina. Se ampliará así el alcance de los controles dentro de la administración pública. Cabe recordar que a comienzos de abril, el Presidente José Antonio Kast se realizó voluntariamente un test de drogas.
En ese entonces, el Mandatario anunció cambios a la normativa vigente, y dijo que “el problema que se genera con la norma aprobada en febrero es que no se dejó presupuesto para realizar esta toma”. Esa vez anunció que “nosotros queremos que esto se haga, sea verificable, sea de manera periódica y de manera pública”, para “incorporar el examen de pelo de manera estandarizada para ministros, subsecretarios, jefes de servicio, directores superiores”. Kast agregó: “Lo que vamos a establecer, es que esto tiene que ser publicado, al menos en la página web de cada servicio, 10 días después de que estén los resultados”. En ese entonces, Kast anunció también la pronta presentación de un proyecto de ley que busca ampliar esta exigencia a más autoridades, como al Presidente de la República y a directivas de los partidos políticos, tomando en cuenta que los conglomerados reciben financiamiento público..