"PAPAYA GATE": A HORAS DE LA VERDAD
"PAPAYA GATE": A HORAS DE LA VERDAD E l mayor escándalo de la administración pública en la Región de Coquimbo así es sindicado el caso denominado "Papaya Gate". Un entramado que ha generado conmoción y debate político, marcado por una millonaria compra de terrenos a presunto sobreprecio por parte del Gobierno Regional de Coquimbo. Tras años de investigación, querellas y comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, el caso llega a una etapa crucial: la formalización de varios de sus protagonistas principales.
Este lunes 26 de mayo, a las 8:30 horas, en el Juzgado de Garantía de La Serena, deberán comparecer la ex intendenta regional Lucía Pinto Ramírez, el ex administrador regional José Cáceres Rojas, y otras personas vinculadas a las inmobiliarias que vendieron los terrenos en el sector de San Ramón. La Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por la fiscal Claudia Perivancich, ha solicitado esta audiencia para comunicarles formalmente los cargos en el marco de la investigación por el delito de fraude al fisco.
La adquisición, realizada en 2019 bajo la administración de Lucía Pinto, contempló la compra de paños de terreno por más de 9.800 millones de pesos, en circunstancias que, según antecedentes de la investigación, su valor real no superaría los $4 mil millones. La transacción se llevó a cabo mediante trato directo, obviando objeciones de la Contraloría General de la República.
Este reportaje de investigación de Diario El Día profundiza en los hechos, los actores clave, las acusaciones, El lunes, la justicia pone fecha clave a un escándalo millonario que sacudió a Coquimbo en el año 2020. La ex intendenta Lucía Pinto y otros sindicados serán formalizados tras casi cinco años de pesquisas.
POR: EQUIPO EL DÍA REPORTE ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN PÁGINA 12. "PAPAYA GATE": A HORAS DE LA VERDAD las defensas y el largo camino judicial que ha recorrido este emblemático caso a la víspera de una audiencia que podría acelerar el rumbo hacia un eventual juicio oral. La formalización de mañana marca un hito largamente esperado, después de casi cinco años desde que el escándalo salió a la luz pública en septiembre de 2020.
UNA COMPRA DESPROPORCIONADA BAJO LA LUPA Cabe recordar que el caso "Papaya Gate", denominado así por ocurrir en la capital regional, se centra en la compra de terrenos en el sector San Ramón de La Serena por parte del Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo. La intención era destinar estos predios a un centro deportivo para suplir la pérdida de la exCordep donde hoy se levanta el nuevo hospital de La Serena.
Sin embargo, el monto pagado ascendió a más de 9.800 millones de pesos, lo que representaría un sobreprecio considerable, pues se estima que el valor real de la propiedad sería inferior a los 4 mil millones de pesos.
Según se pudo establecer en una serie de investigaciones, desde ese momento se habría comenzado la búsqueda de terrenos para construir un centro deportivo para el municipio de La Serena como compensación por el predio para el hospital. La operación se concretó a través de un trato directo, un mecanismo permitido por ley si existe justificación adecuada. Sin embargo, lo que ha sido objeto de cuestionamiento es el proceso. El GORE aprobó inicialmente cuatro contratos para la compra. Uno a uno, estos contratos fueron rechazados por la Contraloría General de la República, por considerar que no se apegaban a la legalidad. La entonces intendenta Lucía Pinto aseguró que hubo cinco representaciones de Contraloría, pero sostuvo que aportaron antecedentes apegados a derecho y tenían discrepancias jurídicas, afirmando que no se cometió ninguna irregularidad.
Pese a las objeciones del ente fiscalizador, a principios de julio de 2019, la Intendencia, según la investigación, inscribió un nuevo contrato en una notaría de La Serena sin que pasara por el trámite obligatorio de "toma de razón" de Contraloría. El monto total, más de 9.800 millones de pesos, fue pagado íntegramente a la empresa vendedora el 28 de julio de 2019. El Contralor Regional, Hugo Segovia, solicitó información directamente al notario el 6 de agosto de 2020, después de concretada la transacción, lo que evidenció el desconocimiento del ente fiscalizador sobre la acción del GORE. Este accionar llevó a la Contraloría a iniciar un sumario administrativo y derivar los antecedentes al Ministerio Público para investigar posibles delitos. En medio de la controversia, la intendenta Lucía Pinto renunció a su cargo, para luego ser destituida por la Contraloría junto a otros funcionarios por infringir gravemente el principio de probidad administrativa. LAS PRINCIPALES FIGURAS INVOLUCRADAS, SEGÚN LAS QUERELLAS E INVESTIGACIONES: Lucía Pinto Ramírez: Ex Intendenta Regional. Señalada por firmar los documentos y contratos de la compra. La Fiscalía solicita formalizarla como presunta autora de fraude al fisco. José Cáceres Rojas: Ex Jefe de Planificación, luego Administrador Regional del GORE. Acusado de autor de fraude al fisco y negociación incompatible. Se le apunta por un presunto nexo con las inmobiliarias. Eduardo Espinoza Rodríguez: Ex Jefe del Departamento Jurídico del GORE. Acusado de fraude al fisco, pero quien no aparece citado para la formalización de este lunes, pese a los antecedentes entregados por Contraloría y las querellas presentadas en su contra. Pablo Bracchitta Krstulovic: Gerente general del grupo inmobiliario vendedor. La Fiscalía solicita formalizarlo como autor de fraude al fisco. Representantes legales y accionistas de las inmobiliarias: Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud. Querellados por el SII por delito tributario. INVESTIGACIONES CRUZADAS Y LA DEFENSA DE LOS SINDICADOS Desde que estalló el caso, diversas instancias han buscado esclarecer los hechos. La investigación principal la lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso, bajo la dirección de la fiscal Claudia Perivancich.
Esta investigación se ha mantenido "desformalizada" durante la mayor parte del tiempo, lo que ha generado críticas por su aparente lentitud por parte de parlamentarios Daniel Núñez, senador de la Región de Coquimbo y querellante en el caso "Papaya Gate" Es clave que se establezcan penas ejemplificadoras para que no exista ese manto de impunidad que muchas veces existe cuando quienes cometen delitos son personas con poder e influencia política y económica.". "PAPAYA GATE": A HORAS DE LA VERDAD y otros actores políticos. Algunos han pedido que la causa se traslade al Ministerio Público regional. Pese a las críticas, el senador Daniel Núñez, querellante en la causa, ha sostenido que la Fiscalía de Valparaíso ha realizado diligencias, peritajes y toma de declaraciones. En paralelo a la investigación penal, la Cámara de Diputados constituyó una Comisión Investigadora a solicitud del entonces diputado Daniel Núñez. Esta instancia funcionó durante meses, citando a declarar a diversos involucrados, incluyendo al Contralor General de la República. La ex intendenta Lucía Pinto fue citada pero no asistió, siguiendo el consejo de su abogado. La comisión concluyó que existían responsabilidades políticas de las personalidades involucradas, y que se habrían consumado delitos como fraude al fisco, negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El informe fue remitido a la Fiscalía de Valparaíso.
Además de la Fiscalía, se han presentado múltiples querellas: El Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien se querelló por fraude al fisco contra tres ex altos directivos del GORE: Lucía Pinto, José Cáceres y Eduardo Espinoza. El Servicio de Impuestos Internos (SII) que interpuso una querella por delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas contra los representantes legales de las inmobiliarias vendedoras y otros responsables. El SII sostiene que se generó un costo tributario artificial mediante una planificación tributaria "agresiva", con empresas que habrían tenido solo 45 días de existencia para generar un aumento de capital ficticio. El abogado Luis Gastón Yver es mencionado en la querella del SII como posible cómplice en el diseño de esta planificación.
FRENTE A LAS ACUSACIONES, LOS SINDICADOS HAN PRESENTADO SUS ARGUMENTOS DE DEFENSA: Al respecto, el abogado de Lucía Pinto, Samuel Donoso, ha declarado que ella actuó "según los antecedentes que se le entregaron". Afirmando que su representada se ve perjudicada por "la sombra del cuestionamiento". Donoso agrega que Pinto colaboró plenamente con la investigación de la Fiscalía, poniendo a disposición sus cuentas, correos y teléfono, porque "no tiene absolutamente nada que esconder". Rechazó las imputaciones de irregularidad, afirmando que el proceso fue transparente y basado en informes técnicos, aunque reconoció "discrepancias jurídicas" con Contraloría.
Mientras que los abogados de los dueños de las inmobiliarias han calificado las acusaciones del SII de "manifiestamente injustas e instrumentales", argumentando que la planificación tributaria se realizó en 2014 por expertos y conforme a la normativa vigente en esa época. Aseguran que esta operación fue informada al SII y validada por este al no formular reparos entonces. Consideran el caso una "polémica artificial con evidentes móviles políticos" y afirman que sus representados han colaborado con la Fiscalía aportando antecedentes y buscan que la causa sea sobreseída.
LA FORMALIZACIÓN: UN PASO CRUCIAL TRAS CUATRO AÑOS* La audiencia fijada para este lunes 26 de mayo es un punto de inflexión en el caso "Papaya Gate", que se investiga desde hace casi cuatro años y ocho meses.
Como querellante, el senador Daniel Núñez ha presionado para que se dé este paso, señalando en agosto de 2024 que CONTINÚA EN PÁGINA 14. "PAPAYA GATE": A HORAS DE LA VERDAD existían "antecedentes suficientes" en la carpeta investigativa para formalizar al menos a José Cáceres y Pablo Bracchitta por fraude al fisco y negociación incompatible en el caso de Cáceres. La solicitud formal fue ingresada por su abogado, pidiendo priorizar a Cáceres y Bracchitta. PROCESOS LEGALES La formalización, en términos legales, es la comunicación que hace el Ministerio Público a una persona investigada de que lleva adelante una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados. En esta audiencia, se exponen los hechos y se les asigna una tipificación jurídica, en este caso, principalmente Fraude al Fisco. El juez de Garantía debe fijar un plazo para el desarrollo de la investigación formalizada, durante el cual el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes y las defensas pueden desarrollar pruebas de descargo. Además, en esta audiencia se solicitan y aplican medidas cautelares. De hecho, el Juzgado de Garantía de La Serena ya dictó una resolución prohibiendo a algunos imputados en el caso "Papaya Gate" vender sus bienes, incluyendo inmuebles y vehículos. Esta medida fue apelada por la defensa de uno de los involucrados, Pablo Bracchitta. Parlamentarios como Daniel Núñez vieron esta prohibición como una señal de presión sobre la Fiscalía para avanzar en las formalizaciones. Una vez cerrada la investigación formalizada, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para presentar una acusación si considera que hay antecedentes para llevar a juicio. Posterior a la acusación, se fija una audiencia de preparación del juicio oral y, finalmente, el juicio oral propiamente tal, que culmina con un veredicto y una sentencia absolutoria o condenatoria.
Cabe destacar, como señalan las fuentes en referencia al Código Procesal Penal, que mientras el proceso judicial está en curso, no se debe considerar a los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra. DEBATE POLÍTICO Y EXPECTATIVAS El "Papaya Gate" ha tenido una alta connotación política desde su origen. Parlamentarios y autoridades han demandado insistentemente el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. Existe preocupación por el impacto del caso en la confianza ciudadana.
La formalización de mañana es vista por algunos como un paso necesario para disipar la "sensación de impunidad". La región de Coquimbo, y el país, estarán atentos a lo que ocurra este lunes en el Juzgado de Garantía de La Serena.
La audiencia de formalización no solo determinará la situación procesal de los imputados, sino que también marcará el ritmo y la dirección de las etapas finales de un caso que ha develado presuntas irregularidades en la administración pública y que busca una resolución en el ámbito de la justicia..