Editorial: La crisis de seguridad que fractura nuestra salud pública
Editorial: La crisis de seguridad que fractura nuestra salud pública La postal de un hospital como un refugio inexpugnable de cuidado y respeto parece haberse desvanecido en el tiempo, reemplazada por una realidad violenta que ya no distingue entre grandes metrópolis y la calma aparente de nuestra zona austral. Durante los últimos años, Chile ha sido testigo de un fenómeno alarmante: los recintos de salud, diseñados para la sanación, se han transformado en escenarios de agresiones, intolerancia y miedo. Magallanes no ha logrado mantenerse al margen de esta erosión social.
Lo que antes eran incidentes aislados hoy se ha convertido en una tendencia que obliga a las autoridades a reaccionar con medidas de fuerza, evidenciando que el contrato social básico entre la comunidad y sus servidores públicos está profundamente resquebrajado. El reciente anuncio de un refuerzo en la seguridad del Hospital Clínico de Magallanes no es una noticia para celebrar, sino una amarga constatación de la vulnerabilidad en la que trabajan nuestros profesionales.
Que un centro de salud deba blindarse con mayor vigilancia y protocolos de contención es el síntoma de una patología mayor: una sociedad que ha perdido la capacidad de canalizar la frustración y que descarga su impaciencia contra el primer rostro que encuentra en el sistema, generalmente aquel que está allí para ayudar.
Si bien es cierto que las carencias estructurales del sistema de salud -las esperas prolongadas y la falta de recursosgeneran un caldo de cultivo para la desesperación, bajo ninguna circunstancia la precariedad administrativa puede justificar la violencia física o verbal contra el personal médico. La seguridad en los recintos asistenciales no puede ser vista simplemente como una cuestión de cámaras y guardias; es un pilar fundamental para garantizar el derecho a la salud. Un médico o un enfermero que trabaja bajo la sombra del temor no puede desplegar su labor con la precisión y empatía que su oficio requiere. Al final del día, cuando el entorno se vuelve hostil, los mejores talentos huyen hacia sectores con menores riesgos, empobreciendo la calidad de la atención para todos los magallánicos.
El despliegue anunciado en Punta Arenas es un paso necesario en la urgencia, pero insuficiente si no va acompañado de un cambio cultural profundo y de una persecución penal efectiva que demuestre que agredir a un funcionario de salud tiene consecuencias reales y tangibles. Resulta imperativo que la comunidad entienda que el hospital es un patrimonio colectivo que debemos proteger entre todos. La autoridad ha puesto el foco en la vigilancia, pero la solución definitiva no llegará solo con más uniformes en los pasillos. Necesitamos recuperar el respeto por el uniforme blanco y la vocación de servicio.
La crisis de seguridad en la salud es, en última instancia, el reflejo de una crisis de convivencia que nos está dejando huérfanos de espacios seguros.. “El avance de la violencia en los centros de salud exige pasar de los anuncios a la protección efectiva”.