Autor: L. CRUZAT Y A. ZÚÑIGA

Malversación de fondos públicos, entre nuevos delitos que podría investigar la fiscalía en el caso contra Orrego
Malversación de fondos públicos, entre nuevos delitos que podría investigar la fiscalía en el caso contra Orrego Fue el segundo informe de connotación pública divulgado por la Contraloría General de la República en menos de un mes: primero el foco estuvo puesto en el uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos y luego en la administración presupuestaria de las gobernaciones regionales, siendo uno de los principales cuestionados el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego.
A juicio del ente fiscalizador, una asesoría por $31 millones destinada a fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Metropolitano realizada a fines del año pasado estuvo mayormente dirigida a su campaña de reelección al cargo, el que ha ejercido desde 2021, cuando se creó el organismo.
Una vez conocidos estos antecedentes, que fueron enviados por la Contraloría al Ministerio Público, siendo asignados a la Fiscalía Metropolitana Oriente, la investigación fue caratulada por eventual fraude al fisco; sin embargo, conocedores de la causa dicen que se podría apuntar también a malversación de fondos y, específicamente, a aplicación pública diferente, que se refiere al delito cometido por un empleado público que “arbitrariamente” da a los caudales que administra un uso distinto para el que están destinados. Tales figuras penales, además, podrían sustentar las medidas intrusivas que la fiscalía estudia realizar junto al OS7 de Carabineros. Se trata de actuaciones judiciales que debe requerir con órdenes autorizadas por tribunales, comentaron conocedores de las diligencias, por lo que se pidió la reserva de la tramitación para poder ejecutarlas.
La indagatoria está a cargo de la fiscal adjunta de delitos de alta complejidad, Constanza Encina, quien además encabeza la investigación por eventuales delitos de corrupción en la Municipalidad de Maipú, que tiene como imputada a la exalcaldesa Cathy Barriga y en la que se alista el desafuero de su esposo, el diputapaces de administrar las diferencias, cómo tener una mejor planificación”. En ese sentido, anunció que presentarán un recurso de reconsideración al ente fiscalizador.
También precisó que “las asesorías políticas las pagué con mi campaña y las pagué para la campaña, y son públicas y están rendidas y aprobadas por el Servel”. La Contraloría concluyó que una parte de la asesoría “no se relacionaba con contenidos asociados a coaching directivo o sesiones de equipo que evidencien el desarrollo de competencias de liderazgo, entrega de herramientas para profundizar conocimientos, aumentar sus rendimientos, mejorar su calidad de vida y consecuentemente mejorar el ambiente laboral, tal como lo señalaba la descripción de las actividades contratadas”. Por el contrario, se “aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a gobernador regional, no en términos generales, sino específicamente a la campaña en la que don Claudio Orrego Larraín se estaba presentando como candidato a la reelección”. También se describen frases como “¿ cuáles son tus principales preocupaciones de cara a la campaña?”, “¿qué riesgos principales ves en el camino de este final de campaña”, “próximo día: campaña, campaña, campaña”, que forman parte de esas minutas. En los últimos días, las bancadas de consejeros regionales metropolitanos han intensificado sus cuestionamientos al gobernador y ponen en duda el uso de recursos públicos en el Gore Metropolitano.
Desde republicanos han reiterado el llamado a la bancada de Chile Vamos a sumarse al requerimiento por “falta a la probidad” para iniciar el proceso en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) contra Orrego, el que podría, incluso, dictaminar su remoción. do Joaquín Lavín (ex-UDI), por la emisión de boletas, se presume, ideológicamente falsas. En este sentido, uno de los principales intereses de la persecutora apunta a obtener la declaración, en calidad de imputado, de Orrego.
Según quienes han estado al tanto del proceso, esa diligencia fue agendada para el próximo 19 de junio, luego que su defensa pidiera colaborar en la investigación con el fin de que se llegue al fondo de los hechos.
Previamente la Contraloría había efectuado otros reparos al Gore Metropolitano, por ejemplo, debido a su vinculación con Procultura, investigada por diversos contratos con varios gobiernos regionales y con la cual el organismo firmó un convenio por más de $1.600 millones, en el marco del programa de prevención del suicidio “Quédate”. En esa causa Orrego declaró como imputado, aunque, en paralelo, la gobernación que dirige se querelló contra la fundación.
La defensa del gobernador, el abogado José Pedro Silva, reitera lo antes dicho por Orrego: en la asesoría para funcionarios se abordaron asuntos políticos porque es una institución política, “no hay nada más que el contenido de algunas minutas que hacen referencia a temas de campaña que vincule a ese servicio” con tales contenidos.
“Las personas a las cuales se les hacían estos coaching, que trabajan en la gobernación, que es un ente político (), hacían referencia a temas de campaña, pero porque era un año electoral, como se haría referencia a asuntos de guerra, si se está en un estado de guerra; al covid, en un estado de emergencia sanitaria, pero es un tema de contexto”, dice, y agrega que “en ningún caso eso tuvo alguna utilidad, precisamente porque no es la expertise del coach”. P o r s u p a r t e, Orrego ha planteado que se trató de “un programa de fortalecimiento institucional que viene desde 2021 y no parte el 2024, y mucho menos tiene que ver con campañas, propaganda o llamados a votar”. “Es importante que cuando tienes una sesión de dos horas no extraigas un párrafo fuera de contexto”, sostuvo en esa ocasión y agregó que “cuando revisas el 90% de las sesiones o más, de lo que se está hablando es de cómo se fortalece el trabajo en equipo, cómo somos caente fiscalizador enviara los antecedentes derivados de su auditoría al Ministerio Público, siendo asignada la causa a la Fiscalía Metropolitana Oriente. ASESORÍA tuvo un valor de $31 millones y su foco era fortalecer la gestión institucional.
Defensa de Orrego: “Es un tema de contexto” Declaración como imputado Alusión “explícita” a la campaña, dice informe La causa sería susceptible de ampliarse al supuesto uso arbitrario de dineros del Gore Metropolitano en fines distintos para los que fueron destinados.
Según la Contraloría, una asesoría para fortalecer la gestión institucional habría sido utilizada en la campaña a reelección del gobernador.. La causa está actualmente caratulada por eventual fraude al fisco: La investigación al gobernador Claudio Orrego