CARTAS: DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA AUTÓNOMA
CARTAS: DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA AUTÓNOMA sa de que Venezuela vuelva a ser libre. Claudia González Académica UDP Académica UDP SIMCE 2025 Y PRÓXIMOS 10 AÑOS SEÑOR DIRECTOR: Los resultados del Simce 2025 confirman que el sistema escolar chileno enfrenta el desafío crítico de mejorar sostenidamente los aprendizajes. Es justo reconocer la resiliencia del sistema: tras uno delos cierres escolares más prolongados del mundo, el país logró recuperar en cuatro años la caída delos resultados postpandemia. Sin embargo, no es suficiente. Un dato lo ilustra con claridad: uno de cada cuatro estudiantes de 4" básico se encuentra en nivel insuficiente en Lectura. Esto significa que miles de niños no comprenden lo que leen, comprometiendo su trayectoria educativa y oportunidades futuras. Este escenario obliga a actuar con urgencia. Entre las prioridades, debemos fortalecer la formación docente con énfasis en enseñanza explícita, práctica guiada y decisiones pedagógicas basadas en evidencia. Es indispensable estrechar la colaboración con las escuelas y potenciar el desarrollo socioemocional docente para abordar aulas diversas. Hoy persisten rigideces normativas y escasos incentivos para la colaboración efectiva entre universidades y colegios. Igualmente, es relevante dar más autonomía a los equipos directivos. La evidencia del Simce muestra que las escuelas que usan datos para orientar decisiones académicas logran mejoresresultados. La política pública debe apoyar con herramientas pertinentes, evitando regulaciones que inmovilicen alas comunidades. El país debe priorizar. Reconocer los avances es necesario; conformarse sería un error. Si las reformas no apuntan al núcleo --la mejora efectiva de los aprendizajes--, el Chile de los próximos10 años se merece que prioricemos el núcleo: la mejora efectiva delos aprendizajes. Hugo Lavados Centro de Políticas Públicas USS Víctor Ruiz Decano Facultad de Educación USS Decano Facultad de Educación USS DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA AUTÓNOMA SEÑOR DIRECTOR: El Estado tiene un rol dual ante el fenómeno delictual. Por un lado, perseguir y sancionar los delitos; por otro, asegurar el derecho a defensa de toda persona sujeta a persecución penal.
La Constitución consagra la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas, estableciendo que todo imputado tiene derecho a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado sino nombrare uno. El legislador hace 25 años creó la Defensoría Penal Pública, dándole el carácter de servicio público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio. Durante este tiempo la Defensoría ha brindado defensa técnica a imputados, acusados y condenados en el tados, acusados y condenados en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal. Nuestro sistema penal es acusatorio y adversarial, requiere equilibrios y contrapesos entre las instituciones que lo conforman.
Por ello, la igualdad de armas entre partes intervinientes debe irradiar el debate judicial, y también, todos los espacios en que la Defensoría represente los intereses de las personas sometidas a persecución penal, incluso cuando tales intereses se contrapongan a políticas impulsadas por el Ejecutivo.
Hoy más que nunca, resulta esencial que la ciudadanía, y especialmente quienes son asistidos por la Defensoría depositen confianza pública en ella, y tengan la certeza que el ejercicio de las sus atribuciones se encuentra libre de injerencias políticas o administrativas.
El proyecto de ley en tramitación en el Congreso avanza en sintonía con la tendencia internacional de fortalecer la independencia de la defensa pública, y dotarla de autonomía funcional, ca, y dotarla de autonomía funcional, financiera y técnica, puesto que la autonomía de la defensa es un derecho de las personas; y además una garantía cardinal de un Estado de Derecho. Neftalí Carabantes Hernández Ex subsecretario y director Centro de Estudios en Seguridad, U. Central Estudios en Seguridad, U. Central EL NUEVO VECINO DEL PASEO BULNES SEÑOR DIRECTOR: José Antonio Kast vivirá en el Palacio de La Moneda, algo que no ocurría desde Carlos Ibáñez. Este gesto reactiva una carga simbólica profunda: fue Manuel Bulnes quien, en el siglo XIX, instaló allí la residencia presidencial, dando origen al eje cívico que hoy lleva su nombre.
Que un mandatario vuelva adormiren La Monedareabre, así, una vieja pregunta urbana y política: ¿ se terminará alguna vez de construir el espacio cívico de la nación? El Paseo Bulnes es una obra hisEl Paseo Bulnes es una obra hisEl desafío del gobierno en Justicia SEÑOR DIRECTOR: Con elinicio del nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, nos encontramos expectantes ante la posibilidad de cambios significativos en materia de justicia y seguridad.
En particular, miramos con interés la reforma constitucional que aborda la gobemanza judicial, al separar las funciones jurisdiccionales y administrativas dentro del Poder Judicial, así como los avances en la protección de quienes formamos parte del sistema de justicia como también de sus usuarios. Sin embargo, también es necesario poner de relieve la compleja crisis que enfrentan actualmente nuestros tribunales en el país.
Esta realidad no es reciente; las dificultades que afectan el trabajo de los juzgados se arrastran desde mucho antes de la pandemia de 2020, pero se han visto acentuadas ante la avalancha de 86 leyes promulgadas desde 2016, sin los recursos necesarios para su implementación efectiva, lo que ha generado una sobrecarga principalmente en los tribunales laborales y de familia. Lejos de tratarse únicamente de un problema de gestión o de carga administrativa en la judicatura, lo que hoy enfrentamos tieneun carácter estructural.
La falta de condiciones adecuadas para el funcionamiento del sistema judicial no solo incide en el trabajo de magistrados y magistradas, sino que también repercute en la capacidad de los tribunales para entregar respuestas oportunas a quienes acuden a ellos.
Ante este complicado escenario, creemos imperativo reorientar La política pública hacia el fortalecimiento de este poder del Estado, priorizando la asignación de recursos adecuados que permitan no solo la modemización de las instituciones, sino también un enfoque centrado en las personas. Resulta complejo ver proyectos de leyes que fortalecen tribunales que llevan más de tres años en el Congreso Nacional y observar cómo estos no son suficientes para superar esta crisis estructural. No hay duda de que las leyes son relevantes, pero se requiere implementarlas eficientemente. Solo asíla ciudadanía podrá dejar de tener desconfianza enlos tribunales. Mariela Hernández Presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados.