Autor: LILY ARIZTÍA Presidenta SIP Red de Colegios SANTIAGO BLANCO Director ejecutivo SIP Red de Colegios
“Anótate en la Lista”
Señor Director: El amplio debate generado por la crisis del Sistema de Admisión Escolar (SAE) refleja la importancia y la urgencia de este asunto. Aunque expertos, autoridades y medios han contribuido a la discusión, frecuentemente se pierde el foco del verdadero problema. Es inaceptable que el proveedor contratado por el Estado para implementar el sistema "Anótate en la Lista" explote su posición de privilegio para beneficio propio.
Después de haber sido contratados para llevar a cabo un proceso esencial en la educación pública, no solo implementaron el sistema parcialmente bajo contrato estatal, sino que también comenzaron a cobrar a los establecimientos educativos por servicios adicionales, como la automatización del proceso, envío de notificaciones a las familias y análisis de datos para los sostenedores. Estas prácticas obligan a los colegios a desviar fondos de la subvención que deberían ir directamente a beneficio de los estudiantes, hacia un proceso digital de asignación de cupos.
Es más, Tether ha especificado en su propuesta comercial a los colegios cómo deben imputar estos gastos en el marco de la Subvención Escolar Preferencial, indicando específicamente a qué dimensión del plan de Mejora (Gestión de recursos), qué subdimensión (Gestión de los recursos financieros) y a qué indicador (N? de matriculados por la plataforma de Matrícula Digital) los colegios deben imputar el gasto con cargo a dicha subvención.
Adicionalmente, el período más intenso de asignación de cupos coincide con el verano, cuando los colegios no tienen personal trabajando debido a la ley que homologa el régimen de vacaciones de los asistentes de la educación con el de los docentes. Esto debilita aún más la capacidad de los colegios de manejar el proceso, haciendo que se vuelvan dependientes de los servicios pagados a un proveedor que debería estar facilitando estos procesos sin un costo adicional. El resultado es que las familias más vulnerables son las que sufren las consecuencias. Cientos de ellas comienzan el año sin tener asegurado un colegio para sus hijos.
Por estas razones, planteamos que esta grave situación requiere de una revisión exhaustiva de la implementación de este proceso, para que políticas de este tipo aseguren que los recursos destinados a la educación de nuestros niños sean utilizados de manera justa y efectiva, sin permitir que proveedores se aprovechen de su posición a costa del bienestar estudiantil.