Editorial: Caso Grollmus a juicio
Editorial: Caso Grollmus a juicio El próximo 23 de junio comenzará el juicio oral por el ataque incendiario que en agosto de 2022 sufrió la familia Grollmus, en la comuna de Contulmo.
Una veintena de hombres encapuchados, vinculados a la denominada Resistencia Mapuche Lafquenche, atacaron durante cincuenta minutos el molino familiar inmueble con más de ciento cuarenta años, declarado legado patrimonial por el Consejo de Monumentos Nacionales, lo redujeron a cenizas, dispararon contra sus moradores y dejaron a un adulto mayor gravemente herido debió sufrir la amputación de su pierna, tras ser utilizado como escudo humano y arrojado a las llamas. El propio Presidente Boric calificó los hechos como “un acto con características terroristas”, si bien su gobierno evitó invocar esa ley, aduciendo falencias de la normativa, previas a su última reforma. Meses después falleció Helmuth Grollmus, octogenario que repelió el ataque junto a su hijo y en cuyo deterioro físico, según su familia, la violencia padecida incidió decisivamente. La macrozona sur ha visto en las últimas semanas una intensificación de pronunciamientos, lienzos y acciones de agitación que parecen orientadas a condicionar el desarrollo del proceso.
Si bien la libertad de manifestación es legítima en una democracia, la frontera con la presión indebida sobre tribunales, fiscales y testigos es delgada, y su transgresión erosiona el bien jurídico más básico que el Estado debe garantizar: el imperio de la ley.
Procesos anteriores, desde el caso Luchsinger Mackay hasta las querellas contra Héctor Llaitul, mostraron cómo la judicialización de este tipo de hechos suele verse acompañada de intentos por convertir cada audiencia en un escenario político, instalando la idea de que la persecución penal responde a una operación contra reivindicaciones legítimas y no a la sanción de delitos de extrema gravedad. Más allá de calificaciones jurídicas, ciertamente el caso Grollmus condensa lo que en definitiva es el terrorismo: la utilización deliberada de la violencia para infundir temor y alterar la convivencia.
La magnitud del ataque, la edad de las víctimas, la destrucción de un patrimonio que era símbolo de convivencia entre chilenos, descendientes de colonos europeos y mapuches, y el hecho de haberse perpetrado pocos días antes del plebiscito de septiembre de 2022, ilustran un patrón que no admite ambigüedades. Tampoco las admite la circunstancia de que el ataque haya sido reivindicado públicamente por el referido grupo extremista. Es indispensable que el Ministerio Público, el Ejecutivo, las policías y los propios tribunales resguarden las condiciones materiales y simbólicas para que el proceso se desarrolle sin interferencias. Eso supone protección efectiva a testigos, jueces y víctimas, transparencia en las decisiones procesales y prudencia política para evitar pronunciamientos que conviertan el debate jurídico en una pugna ideológica. La experiencia reciente enseña que ceder ante la presión, explícita o velada, no atenúa la violencia, sino que la valida y prolonga.
La familia Grollmus tiene derecho a una sentencia dictada en estricto mérito de la prueba; y el país tiene derecho a comprobar que sus instituciones son capaces de juzgar hechos de extrema gravedad sin claudicar ante quienes pretenden imponer el terror como sustituto de la ley. Es fundamental que este proceso se desarrolle sin interferencias.. Es fundamental que este proceso se desarrolle sin interferencias.