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EL POLÍGRAFO EQUIPO EL POLÍGRAFO Camila Bazán, Caterinna Giovannini y Cecilia Derpich ESCRÍBANOS Frases para chequear, noticias falsas y temas de investigación. Envíenos sus sugerencias a elpoligrafo@mercurio.cl o al WhatsApp +56 9 9533 6345 El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, estuvo hace algunos días en radio ADN.
En la entrevista reconoció que tal como se ha dicho en ocasiones anteriores, "el Estado tiene que mejorar su capacidad para expulsar" y aseguró que "entre 2022 y lo que va de 2024 hemos emitido 3.550 decretos de expulsión administrativa a todas las nacionalidades; de las cuales, unas 1.300 corresponderían a personas venezolanas". Efectivamente, las resoluciones de expulsión --o expulsiones administrativas-dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2024 suman 3.559, según cifras de la institución. De ellas, 1.462 fueron en 2023 y 930 en 2022. Estas representan una baja respecto de lo realizado en el gobierno anterior.
Si se comparan las cifras de 2023 con las 5.832 expulsiones administrativas decretadas en 2021, hay una disminución de un 75%, mientras que si se hace con las 3.122 de 2020, la caída es de 53%. Aunque en la comparación se debe tomar en cuenta la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones en febrero de 2022, que añadió la exigencia de un "inicio de procedimiento", con un posterior proceso de notificación, y luego de eso se puede realizar la firma del decreto de expulsión.
Desde el Servicio Nacional de Migraciones explican por escrito que la capacidad "se había visto mermada por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones vigente desde febrero de 2022, que implicó un cambio en el procedimiento sancionatorio de las expulsiones". Por ello, sostienen que la modificación de agosto de 2023 --que permite la notificación por correo electrónico o carta certificada-ha permitido agilizar el proceso. Sin embargo, según expertos consultados, más allá del cambio legislativo, hay factores políticos y administrativos que pueden estar relacionados con la menor cantidad de firmas de decretos de expulsión.
Lorenzo Agar, sociólogo y académico de la UDP, afirma que "este gobierno no tiene en su alma voluntad muy clara para expulsar o para emitir resoluciones" y que aunque lo está haciendo, "en su ADN ideológico sigue existiendo esta idea de la migración como un derecho humano y que decretar la expulsión no es para ellos el camino deseado". Recuerda que en su labor en el segundo mandato de la expresidenta Bachelet, como parte del Consejo Interministerial Migratorio, pudo observar una actitud bastante laxa sobre el ingreso a Chile, en que primaban las fronteras abiertas y la circulación sin mayores restricciones. "Las personas que hoy están en el Gobierno son las mismas que estaban en esa postura". Sobre las cifras, Agar resalta que dado el aumento de la población extranjera y la irregularidad, las cifras de los decretos de expulsión son aún más complejas. "En 2022 había una estimación de población extranjera de poco más de 1,6 millones (9% de la población total) y la irregularidad se consideraba 6,6%, unas 100 mil personas (... ); en cambio, en 2018 eran 1,3 millones y la población irregular, unos 0,6%. Además, esto solo contempla a las personas que se han registrado, lo que habla de un número que ha ido aumentando considerablemente y si se relacionan los decretos de expulsión con dichos datos, vemos que han bajado muchísimo". Álvaro Bellolio, exdirector de Extranjería en el gobierno anterior y director de la Escuela de Gobierno de la UNAB, piensa que "a pesar de que el número de decretos de expulsión administrativa ha aumentado respecto de los bajos números de 2022, aún es significativamente menor comparado con años anteriores, como 2019 o 2021.
Esto refleja posiblemente una menor priorización de la gestión eficaz de la política migratoria y la seguridad fronteriza". A su juicio, en este proceso pueden influir "la eficiencia administrativa, la voluntad política y la capacidad de gestionar efectivamente las políticas de expulsión.
A su vez, la ideología política puede estar impactando en la búsqueda de soluciones creativas y efectivas". Fabiola Vergara, abogada y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la U. de Talca, sostiene que pese a que la comparación no es exacta --por el cambio de ley--, la disminución también puede estar relacionada con temas administrativos. "Creo que más bien hay temas prácticos, de disponibilidad de recursos que dificultan la tarea". Además, dice que debido a las modificaciones en la legislación es posible que el Sermig "no haya tenido la capacidad para despachar tantas órdenes de expulsión como serían necesarias". Y recuerda las dificultades en identificar a los infractores, sobre todo cuando entran por pasos no habilitados y mantienen buena conducta. "Si no transgrede la ley de modo flagrante, es más difícil identificarlo". Luis Thayer dice que han firmado 3.550 expulsiones administrativas desde 2022... la cifra ha disminuido en más de la mitad si se compara con la gestión anterior Expertos sostienen que, más allá del cambio legislativo, en las cifras pueden influir factores administrativos, como la capacidad de gestión e incluso la voluntad política de esta administración. Luis Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones. Pese a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migraciones en 2022, que agregó pasos que enlentecen el proceso, los expertos critican factores políticos y administrativos que pueden estar relacionados con dicha disminución..