Autor: David Muñoz Castillo cronica@lidersanantonio.cl
Funcionarios municipales de la provincia apostaron a pesar de prohibición legal
Funcionarios municipales de la provincia apostaron a pesar de prohibición legal n nuevo informe de la Contraloría General de la RepúU blica reveló que 910 funcionarios públicos o municipales con prohibición de efectuar apuestas realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos por un monto de 11 mil 490 millones de pesos entre enero de 2024 y junio de 2025. Esta acción transgrede la norma, ya que los funcionarios, que tengan la administración de fondos públicos y que deban dar cuenta de ellos, no pueden hacer apuestas en casinos de juego. Entre los casos detectados a nivel nacional figura un suboficial de la Fuerza Aérea que gastó más de 1.040 millones de pesos.
En el Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº 20 aparece también un directivo de la Dirección de Aeronáutica Civil con un monto transado por 622 millones de pesos y un oficial administrativo de la Tesorería General de la República con una cifra de 507 millones de pesos. A nivel regional la Contraloría encontró a 67 funcionarios transgresores de la norma, que gastaron en casinos 595 millones de pesos. PROVINCIA La provincia no quedó afuera del informe, ya que en todos los municipios del litoral se encontraron funcionarios que no acataron la prohibición de apostar. La Municipalidad de San Antonio aparece en el detalle regional con tres funcionarios con un monto de transacciones que ascienden a 78 millones 674 mil pesos. En el segundo lugar por monto transado figura la Municipalidad de El Tabo con 1.693.060 pesos y un funcionario detectado por el órgano contralor. En la casa consistorial de El Quisco figuran dos trabajadores con 507.020 pesos. Algarrobo tiene uno que gastó 228.400 pesos. La Municipalidad de Santo Domingo aparece con un trabajador que transó 199.800 pesos y en Cartagena dos de sus funcionarios gastaron 72.690 pesos. En total el monto tranm sado en la provincia fue de 81 millones 375 mil 920 pesos por 10 funcionarios. MEDIDAS La Contraloría remitió los antecedentes a la Superintendencia de Casinos de Juegos y a las entidades públicas y municipales. En el caso de las entidades públicas se deben iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo de cinco días desde la notificación, para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Diario El Líder no obtuvo un pronunciamiento oficial de la Municipalidad de San Antonio respecto a los tres funcionarios que transaron más de $78 millones. El concejal Manuel Meza llamó a la administración comunal a actuar con "transparencia, porque está en juego la probidad.
En casos anteriores, como los viajes con licencia, no hemos tenido la información de los sumarios, a pesar de consultarlo". La Municipalidad de El Tabo informó que "en relación con los antecedentes conocidos sobre la eventual participación de funcionarios públicos en actividades de juego en casinos, esta administración ha dispuesto la instrucción de los sumarios administrativos correspondientes". Y aportó que "dichos procedimientos permitirán esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades, ponderándose, sobre la base de los antecedentes reunidos, la aplicación de las sanciones que procedan conforme a la normativa vigente". Desde el municipio de Santo Domingo señalaron que "están comprometidos con la probidad administrativa en toda la gestión municipal.
Por lo mismo, apenas recibieron el Consolidado de Información Circularizada (CIC) Nº 20, del 23 de marzo de 2026, de la Contraloría General de la República que menciona a esta entidad edilicia, se reunieron los directores de la Unidad de Asesoría Jurídica y de Control, para discutir las medidas a adoptar para establecer eventuales responsabilidades, entre ellas, dar inicio al procedimiento disciplinario que corresponda". Autor: David Muñoz Castillo cronica@lidersanantonio.cl. La Contraloría encontró diez casos de trabajadores en todas las comunas que realizaron transacciones en casinos por más de 81 millones de pesos. CONTRALORÍA ORDENÓ INICIAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
