Editorial: Consecuencias de una agresión
Editorial: Consecuencias de una agresión L a agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACh), ha concitado el rechazo transversal de la política y del mundo académico. Dicha indignación, sin embargo, no puede reducirse a un gesto solo declarativo; la gravedad de los hechos requiere que estos se esclarezcan y conlleven consecuencias para quienes los protagonizaron. En este contexto, el Gobierno ha interpuesto una querella criminal por atentado contra la autoridad. La acción del Ejecutivo incorpora cinco agravantes, las que elevarían las penas en caso de eventuales condenas, y acusa que el ataque a Lincolao tuvo "motivación política" debido a la investidura de su cargo ministerial.
La rectoría de la UACh, junto con condenar la agresión, comunicó que está colaborando con la fiscalía de Los Ríos y que inició una investigación interna -para la cual pidió "particular celeridad"en el marco del reglamento de la universidad, el que contempla una escala de sanciones que van desde la amonestación a la suspensión o expulsión.
La conducta del rector Egon Montecinos ha sido cuestionada por el manejo de la seguridad -había sido notificado por la propia federación estudiantil de la contramanifestación-, por intentar contemporizar con los estudiantes -desde luego sin éxito-, y por no llamar a Carabineros durante el largo cerco a la secretaria de Estado.
En ese sentido, la ministra Lincolaoha subrayado que le llamó la atención la "pasividad" yla "normalización" de los docentes que la acompañaban frente a la violencia con que actuaban los alumnos; a su juicio, la "timidez" de los cuerpos académicos ante el fenómeno de la agresividad "tiene que cambiar". Los incidentes en el campus Isla Teja constituyen una interpelación a la institucionalidad del plantel y, por extensión, al resto de las universidades que regularmente enfrentan episodios de violencia que no tienen consecuencias para sus actores.
Más allá del curso de la investigación interna de la Universidad Austral y las pesquisas de la fiscalía -donde al Ejecutivo, como querellante, le compete un importante rol coadyuvante-, la envergadura del ataque demanda que haya consecuencias respecto de los responsables.
Según ha manifestadola propia ministra, con la normalización de una violencia sin consecuencias los comportamientos agresivos persistirán, motivo por el cual se precisa de una sociedad en la cual las consecuencias y los incentivos sean claros y estén alineados con lo que se desea para el país.
El rector de la UDP, Carlos Peña, ha escrito que las "reglas constitutivas" de la universidad "excluyen la coacción o la violencia, y por eso quien la ejerce a fin de manifestar o imponer su punto de vista o acallar a quien no lo comparte -como lo hicieron esos estudiantesse pone voluntariamente al margen de la universidad". Ciertamente, la indignación ante el ataque a la ministra exige respuestas firmes y concretas de las autoridades, cada una en sus esferas de atribuciones; un rechazo puramente retórico de la violencia, pero que no acepta los efectos materiales o punibles de esa conducta, no contribuirá a garantizar que estos actos no se repitan.
La coherencia entre el discurso y la acción implica reconocer que los actos violentos comportan consecuencias para quienes los ejecutan y que, por lo mismo, la sanción correspondiente está revestida de legitimidad. "La coherencia entre discurso y acción implica reconocer que los actos violentos comportan consecuencias para quienes los ejecutan".. "La coherencia entre discurso y acción implica reconocer que los actos violentos comportan consecuencias para quienes los ejecutan".