COLUMNAS DE OPINIÓN: Violencia escolar, enfermedad mortal
COLUMNAS DE OPINIÓN: Violencia escolar, enfermedad mortal C Columna Manuel Dannemann C. Magister en Psicología Positiva Violencia escolar, enfermedad mortal I sistema educativo chileno ha llegado a un punto de inflexión donde la convivencia ya no puede ser entendida como un reglamento. Se trata de la base sobre la cual se sostiene el derecho a la educación. La reciente publicación de la Ley Nº 21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, busca una respuesta estructural a una crisis que viene dando señales de agotamiento sistémico. La normativa nace con la misión de profesionalizar el buen trato y establecer el bienestar de los equipos educativos, como una prioridad nacional. Sin embargo, su entrada en vigor no ha sido un proceso de laboratorio. Marzo y abril han puesto a prueba la capacidad de reacción de toda la sociedad ante la violencia al interior de las escuelas y sus alrededores. "La propuesta para los meses venideros debe ser audaz.
Por de pronto, fortalecer la formación ciudadana". El trágico crimen de la inspectora en Calama, a fines de marzo, marcó un antes y un después en la discusión pública, subrayando la vulnerabilidad de quienes sostienen el sistema. Este hecho, sumado a la escalada de incidentes violentos en diversos puntos del país, obligó a que la implementación de la ley se acelerara bajo una presión social sin precedentes. El Gobierno ha respondido con una agenda de seguridad. Plan "Escuelas Protegidas". Ingresando proyectos de ley complementarios. Control de pertenencias, prohibición de accesorios, sanciones a la gratuidad para la educación superior a estudiantes condenados por delitos graves cometidos en recintos educacionales. Una reforma para establecer un agravante especial para delitos cometidos en las inmediaciones o dentro de establecimientos educativos. Intentando que la ley no sea un enunciado, sino un escudo protector. La efectividad de estas acciones se encuentran hoy en una balanza delicada. Por un lado, la ley otorga facultades para la protección de docentes y asistentes, permitiendo perímetros de seguridad y herramientas de detección. Lo cual es indispensable, imperativo, urgente. También existe el riesgo de que el enfoque se incline hacia lo punitivo.
Las acciones centradas en el control de daños, cuántas armas se detecten en la entrada de los liceos, son necesarias para detener la crisis, pero resultarán insuficientes si no van acompañadas de un aumento sustantivo en el acompañamiento psicosocial, la reducción de la carga administrativa de las escuelas, los recursos económicos y humanos para hacer sostenibles en el tiempo programas probados y que se instalen en la cultura escolar. La propuesta para los meses venideros debe ser audaz. Por de pronto, fortalecer la formación ciudadana como un eje transversal, donde el respeto no sea una imposición tecnológica, sino una convicción, de toda la comunidad. La ley es el esqueleto de un nuevo modelo. El músculo debe ser un compromiso ciudadano que devuelva a la escuela su carácter de espacio sagrado. Una enfermedad tan grave y mortal, como la violencia requiere del compromiso intransable de todos, para erradicarla y sanarla..