¿Ley antiterrorista?: El debate penal tras el atentado en Victoria
¿ Ley antiterrorista?: El debate penal tras el atentado en Victoria Muerte de un trabajador ¿ Ley antiterrorista?: El debate penal tras el atentado en Victoria Si bien el ministro Luis Cordero aclaró que es el Ministerio Público quien tiene la última palabra, el crimen en la Araucanía trajo a colación de nuevo el tema de si es eficiente invocar la ley antiterrorista. es eficiente invocar la ley antiterrorista. Pablo Basadre G.
Isábado recién pasado, porla noche, el guardia forestal Manuel León y su colega César Osorio fueron emboscados a siete kilómetros de Victoria, al norte de la región de La Araucanía, por un grupo de encapuchados quienes dieron muerte al primero, mientras que su compañero sigue internado con heridas de gravedad. El gobierno presentó una querella por asociación criminal y por homicidio calificado y no una acción aplicando la ley antiterrorista. La polémica porla decisión ha traído una serie de críticas entre parlamentarios de oposición por la negativa del Ejecutivo. Pero hay, al menos, tres razones que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, ha discutido con el Ministerio Público de por qué no era conveniente hacerlo ahora.
Los autores del asesinato aún no han sido ubicados y tampoco se sabe de algún acto reivindicatorio del atentado, pese a que en la zona de Victoria opera fuertemente el grupo radical Resistencia Mapuche Malleco. che Malleco. Las técnicas investigativas versus la eficacia Laresistencia del Ministerio Público a que se invoque la ley antiterrorista tiene razones prácticas, pues cambian las técnicas investigativas y se eleva el estándar de la prueba. Tal como se está indagando ahora, explican fuentes conocedoras de las conversaciones, permite apuntar a una asociación criminal aplicando los mismos estándares de las modificaciones legales que hubo para que se investigue el crimen organizado. Pero también hay razones que no se sociabilizan: invocarla significaría también poner por escrito información delicada de la causa que no se puede revelar por ahora. De hecho, el Ministerio Público decidió la prohibición de informar esta semana, pues ya se habían tomado varias declaraciones que han dado luces del ataque. Cordero informó ayer que un equipo del 0S9 de Carabineros, los mismos que investigaron el crimen de los tres carabineros asesinados y luego quemados en una patrulla en Cañete, están encabezando la persecución.
El ministro ha explicado que "este es El ministro ha explicado que "este es El ministro ha explicado que "este es El Gobierno se va a querellar por homicidio, pero también hay que ser eficaces en la utilización de la ley antiterrorista", Luis Cordero, ministro de Seguridad Argumentar por parte de la fiscalía que se evita invocar la ley terrorismo podría diluir la gravedad del acto y enviar un mensaje de debilidad frente a acciones violentas", Pamela Contreras, abogada Contreras, abogada un caso no sólo que abruma a la familia, que abruma a la empresa de la cual era dependiente, a los trabajadores de la zona, pero también yo tengo que ser responsable y hablar con la verdad frente a las personas.
El Gobierno se va a querellar por homicidio, pero también hay que ser eficaces en la utilización de la ley antiterrorista". El fiscal jefe de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó hace unos días que "la calificación de terrorista es una cuestión que tenemos que discutir una vez que hayamos reunido elementos de prueba y que tengamos identificadas las personas para hacer la imputación". Garrido abordó el debate político por la decisión, que aún no se descarta, eindicó que "una calificación que se puede hacer desde el punto de vista del sentido común no influye en la calificación jurídica que nosotros debemos realizar. La calificación de terrorista, el delito terrorista, tiene definidos ciertos requisitos en la ley. Respecto de eso, es lo que nosotros tenemos que trabajar para determinar si existen esos antecedentes o no en este caso", Sostuvo. Sostuvo. Sostuvo.
Sostuvo. ¿Qué dicen los abogados? El abogado Ignacio Ried, socio de QRF Abogados y docente de Derecho Procesal UC, cree que "la invocación de la nueva ley 21.732 sobre conductas terroristas perm: activar herramientas que podrían hacer más eficaz la investigación". "El fiscal dispone de un plazo de tres años para investigar desde la formalización, en lugar de los dos años máximos que dispone la ley procesal penal para los delitos comunes.
Se puede ordenar por el juez, a solicitud del fiscal, la intervención de teléfonos y sistemas informáticos en términos similares a las reglas aplicables a las organizaciones criminales; régimen que es distinto al de los delitos comunes", explica Ried. Y agrega: "El plazo de detención imputativa o por flagrancia puede ampliarse hasta por 5 días, si el fiscal necesita reunir antecedentes adicionales para formalizar.
Para los delitos comunes este plazo es de solo 3 días". La abogada Pamela Contreras Matus, directora de Colombara Estrategia Legal y exfiscal del Ministerio Público, cree que el atentado "exige una respuesta contundente y decidida por parte del Estado". Y Y ñade: "Argumentar por parte de la fiscalía que se evita invocar la ley terrorismo podría diluir la gravedad del acto y enviar un mensaje de debilidad frente a acciones violentas que buscan sembrar miedo en la sociedad.
El uso de diversas armas de fuego, entre ellas, armamento de guerra, la zona en la cual se ejecuta el acto, el tipo de víctimas afectadas, el modus operandi de ejecutar los delitos creemos que no es baladí y sí hay elementos que encuadren los hechos en el contexto de la ley antiterrorista". La profesional cree que es importante considerar que la elección de investigar como asociación criminal, es una decisión que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y que efectivamente puede responder a una decisión estratégica de persecución penal.
Las reformas recientes han permitido una mayor flexibilidad en las técnicas investigativas para el crimen organizado, facilitando así el proceso judicial y aumentando la probabilidad de obtener condenas efectivas". Pero resalta que "es crucial que el gobierno y las autoridades judiciales mantengan un equilibrio entre eficacia legal y percepción pública". La invocación de la nueva ley 21.732 sobre conductas terroristas permitiría activar herramientas que podrían hacer más eficaz la investigación", Ignacio Ried, abogado abogado abogado.