Columnas de Opinión: Trata de personas en Chile: la esclavitud moderna
Trata de personas en Chile; la esclavitud moderna Karla Riquelme Ramos Coordinadora Clínica Jurídica ON Concepción ún en pleno siglo XXI hay seres humanos reducidos a mercancía, tratados como medios y no como fines. La trata de personas, que muchos imaginan distante o propio de otras geografías, opera con sigilo entre nosotros, encubierto por la rutina, la indiferencia y la opacidad institucional. Chile no está al margen: forma parte de esa dolorosa cartografía del silencio que permite que la dignidad humana sea degradada ante nuestra mirada distraída.
De acuerdo con estimaciones internacionales, este crimen es actualmente el tercer delito más lucrativo a nivel mundial, tras el tráfico de drogas y armas, generando beneficios por medio de la captación, traslado, acogida uy explotación de personas mediante el engaño o la coerción. En Chile, fue tipificado en 2011, en el marco de una reforma que también abordó el tráfico ilícito de migrantes.
Aunque comparten ciertas dinámicas, es esencial distinguirlos: el tráfico implica el cruce ilegal de fronteras, a menudo con consentimiento; la trata, en cambio, borra toda voluntad mediante la violencia o el fraude, con fines de explotación. Allí no hay libertad, sólo cosificación.
Según datos recogidos por El País, entre 2023 y 2025 el número de víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes en Chile se triplicó, afectando mayoritariamente a mujeres venezolanas sometidas a explotación sexual, muchas de las cuales ni siquiera logran reconocerse como víctimas por el grado de manipulación al que fueron sometidas. Esta distorsión subjetiva refuerza el carácter invisible del delito, dificultando su persecución y reparación. La trata de personas representa una de las más graves violaciones a los derechos humanos, vulnerando directamente y de manera irreparable la dignidad y la libertad, derechos fundamentales inherentes a todo ser humano reconocidos universalmente.
Las víctimas son mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que se ven expuestos al desamparo y al aislamiento, mientras los tratantes ejercen a su respecto una manipulación tan profunda, que afecta gravemente su integridad física y psíquica. Esta degradación progresiva no sólo incrementa su situación de vulnerabilidad, sino que debilita sus mecanismos de autodefensa y reconocimiento, al punto de que muchas veces dejan de percibirse como víctimas de un delito. Tal invisibilización subjetiva —producto directo de la violencia estructural que padecen— dificulta aún más su identificación por parte de terceros, consolidando así el carácter sigiloso y persistente de esta forma de esclavitud moderna. En los últimos años, la movilidad humana ha aumentado en nuestro país y, en muchas ocasiones, los flujos migratorios se han bajo condiciones de irregularidad. Este contexto facilita la «acción de grupos delictivos organizados que cometen este ilícito aprovechándose del escenario de indefensión de sus víctimas. Por ello, que resulta fundamental concientizar a la sociedad e informar sobre los indicadores que permiten identificar posibles casos de trata y conocer las vías para actuar. Sobre lo anterior, los datos son tan claros como alarmantes: en 2023 se estimó que 50 millones de personas vivían bajo esta esclavitud moderna en el mundo. En nuestro país, se detectaron casos entre 2011-2023, identificándose 405 víctimas, pero sólo 73 fueron formalizados. Sin ir más lejos, en la Región del Biobío, en mayo de 2025, se inició en Concepción un juicio por el eventual delito de trata de personas, procedimiento judicial que aún se encuentra en curso. La tendencia al alza a lo largo del tiempo nos exige prestar atención y actuar con urgencia. En lo que respecta a la trata con fines de explotación sexual en Chile, durante el periodo señalado, el Ministerio Público identificó 408 víctimas, mientras que sólo 173 fueron reconocidas en casos formalizados. De estas cifras, más del 90% corresponde a mujeres y niñas. En la misma tendencia, las víctimas de trata que son niñas, niños y adolescentes son mayoritariamente de sexo femenino con predominio de la explotación sexual. En el caso de los NNA de sexo masculino, se detectó una proporción más alta de trata con fines de explotación laboral.
Empero, cuando la víctima, es migrante, su situación de vulnerabilidad se agudiza aún más al encontrarse en un contexto sociocultural distinto: barreras idiomáticas y sin una inserción social que les proporcione de redes de apoyo efectivas. En este sentido, se suman dificultades adicionales, como las barreras en el acceso a la justicia, la protección ante la discriminación y un desconocimiento de sus derechos en un territorio muchas veces ajeno. Estas circunstancias incrementan el riesgo de ser explotados por redes organizadas de trata.
En este factores como condición y ubicando a estas personas en un grupo de especial vulnerabilidad que requiere una protección reforzada por parte del Estado, involucrando a la sociedad como un actor clave en su detección y prevención.
A esta compleja realidad en torno a la se suma la falta de denuncia, motivada por el temor a represalias, la condición de “víctima que no se reconoce como tal”, la desconfianza hacia las instituciones, la incertidumbre de una protección efectiva y la ausencia de redes de apoyo que dificulta a las víctimas denunciar y relatar su experiencia. Esto exige al Estado implementar medidas preventivas eficaces, pero también es necesario contar con mecanismos garantizados de reparación integral para las víctimas bajo un enfoque de derechos humanos e interdisciplinario que restituyan los derechos vulnerados. Combatir la trata de personas no es solo una tarea del Estado, sino un imperativo colectivo: exige conciencia, articulación y acción decidida. Frente a un delito que opera en silencio, debemos aprender a ver lo que muchos prefieren ignorar. Informarse, reconocer las señales y denunciar es parte del deber cívico; articular esfuerzos públicos y privados, bajo un enfoque intersectorial, es parte de la deuda institucional. Solo integrando a la comunidad como agente activo podremos romper la cadena de impunidad que permite que seres humanos sean tratados como mercancía.